El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú criticó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por negarse a entregar la presidencia pro témpore del bloque regional y lo acusó de buscar «debilitar» y «paralizar» a la Alianza.
La cartera encabezada por la canciller Ana Gervasi remarcó en un comunicado que el traspaso de la presidencia del enlace comercial «no es una concesión sino una obligación contenida en un tratado que vincula a los cuatro países que integran la Alianza».
El viernes 17 de febrero, López Obrador dijo en conferencia de prensa que no le entregaría la jefatura de la Alianza del Pacífico a la presidenta Dina Boluarte porque el suyo era un «gobierno espurio» y hacerlo sería legitimar un golpe de Estado, en relación a la remoción del ahora expresidente Pedro Castillo, actualmente detenido y cuya vacancia fue determinada por el Congreso el 7 de diciembre.
La Cancillería peruana señaló que, al obrar de estar manera, el presidente mexicano «se aparta de los principios contenidos en el Acuerdo Marco referidos a la democracia y el estado de derecho, y ha politizado a la Alianza del Pacífico, con el único fin de debilitarla».
El documento también responsabilizó a López Obrador por la paralización de los trabajos de la Alianza, «producto de la politización de la que está siendo objeto por primera vez en su historia. Esta situación ha impedido el avance en las negociaciones para el ingreso de nuevos miembros de la región a la Alianza del Pacífico».
La propia Boluarte había dicho durante la semana que su par mexicano se resistía a entregarle la presidencia de la Alianza del Pacífico porque, según su visión, el mandatario quería «seguir apoyando al presidente que dio el golpe», en referencia a Castillo.
Luego de que se pospusiera para el mes diciembre y se acordara realizarse en Lima, la crisis política que atravesaba el país tras la destitución y el posterior encarcelamiento de Castillo fue el motivo para volver a suspender el traspaso de mando.
El presidente mexicano ha mantenido su apoyo a Castillo tras su salida del poder, que el mandatario latinoamericano adjudica a intereses de la oligarquía local y actores internacionales, y ha otorgado asilo a la familia del presidente depuesto.
Por su parte, el gobierno de Dina Boluarte, envuelto en su propia crisis política debido a las masivas protestas sociales y la represión que ha ordenado, declaró persona non grata al embajador mexicano y lo expulsó del país.