CCE y legisladores de Morena impulsan nueva Ley de Infraestructura para el Bienestar

Ciudad de México. Directivos del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) entregaron este jueves en la Cámara de Diputados los resolutivos del foro sobre la Ley de Infraestructura para el Bienestar, realizado el mes pasado en Toluca, Estado de México. El documento fue recibido por el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, quien aseguró que la propuesta legislativa pretende garantizar el acceso universal a la infraestructura como un derecho fundamental.

Durante el encuentro, el vicecoordinador de Morena explicó que la iniciativa contempla la derogación de la actual legislación sobre asociaciones público-privadas (APPs), limitada a proyectos carreteros y energéticos, para dar paso a un modelo más incluyente. “La nueva iniciativa amplía la infraestructura para el bienestar, asegurando servicios esenciales en todas las comunidades, fortaleciendo los ingresos familiares y promoviendo un desarrollo más integral”, señaló.

Ramírez Cuéllar precisó que el proyecto abrirá un proceso de consulta con empresarios, autoridades y ciudadanía para asegurar certeza jurídica y transparencia en los proyectos estratégicos. Subrayó además que el próximo paquete económico no implicará aumentos de impuestos ni nuevas cargas fiscales, sino mayor eficiencia recaudatoria para financiar programas sociales y obras prioritarias.

El legislador morenista planteó como meta elevar la inversión nacional hasta alcanzar el 30% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2030, con una participación significativa del sector privado, siempre bajo la rectoría del Estado y con disciplina fiscal.

Por parte del empresariado, el presidente del Consejo Mexicano de Energía, Juan Acra López, sostuvo que México debe destinar al menos el 5% del PIB anual a infraestructura para impulsar el crecimiento. A su vez, la presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles, Sandra Miranda Navarro, y el dirigente de la Cámara de la Industria de la Construcción, Arnulfo Martínez Sánchez, coincidieron en que la iniciativa requiere sumar inversión privada y mecanismos que garanticen eficiencia y transparencia en el gasto.

En la reunión también participó la diputada morenista Martha Olivia García, quien celebró la disposición del sector empresarial en un proceso legislativo enfocado en llevar servicios básicos a las regiones más rezagadas.

Al cierre del encuentro, Ramírez Cuéllar reafirmó que la propuesta busca inaugurar una nueva etapa de inversión con utilidad social. “Nuestro reto es que la infraestructura deje de ser un privilegio de unos cuantos y se convierta en un derecho efectivo para todas las personas, siendo motor de bienestar y crecimiento integral para México”, concluyó.

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