Presenta la regidora de Tlaquepaque, Mirna Citlalli Amaya, amparo ante posible orden de aprehensión

La regidora y exalcaldesa del municipio de Tlaquepaque, Mirna Citlalli Amaya de Luna, promovió un juicio de amparo ante un juzgado federal con el objetivo de protegerse frente a una posible orden de aprehensión en su contra.

El recurso fue radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Puente Grande, bajo el expediente 444/2025. En su demanda, la funcionaria señaló como autoridades responsables al Administrador Distrital de los Juzgados en Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes y Ejecución Penal del Primer Distrito Judicial en Tonalá, así como a otros juzgados tanto del fuero común como del fuero federal.

Sin embargo, el juez federal que recibió el escrito determinó que no es competente para conocer del caso. De acuerdo con el acuerdo dictado el 21 de mayo, el juzgado advirtió que la regidora incluyó en su demanda a múltiples autoridades —incluido el propio órgano que recibe el amparo— sin delimitar con claridad cuál habría emitido el acto privativo de libertad que se impugna, es decir, la supuesta orden de aprehensión.

Ante ello, el juzgador consideró que se actualiza la regla de competencia excepcional prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo, por lo que el expediente deberá remitirse al órgano jurisdiccional que resulte competente para analizar el fondo del asunto.

Hasta ahora, no existe confirmación oficial sobre la existencia de una orden de captura contra Amaya de Luna ni sobre el origen de alguna causa penal en su contra. No obstante, la interposición del juicio de amparo sugiere que la regidora busca blindarse jurídicamente ante una posible acción penal.

Mirna Citlalli Amaya de Luna fue presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque durante el periodo 2021–2024, luego de que ganó la elección extraordinaria realizada tras la anulación de los comicios ordinarios de 2021. Desde entonces, regresó a su cargo como regidora en el actual ayuntamiento.

Ninguna autoridad estatal ha emitido pronunciamiento al respecto, y por el momento se desconoce si el acto reclamado deriva de alguna investigación en curso. Mientras tanto, la controversia legal podría escalar a medida que se determine la competencia del nuevo juzgado que reciba el expediente.