Mientras el Gobierno actual apunta a consolidar una ‘nueva narrativa’ sobre lo ocurrido, las familias de los 43 insisten en que el caso no puede cerrarse hasta no conocer el paradero de todos los estudiantes desaparecidos.
La identificación de un fragmento de hueso como perteneciente a uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en julio de este año consolidó dos elementos importantes para la investigación del caso: uno que tienen que ver con el paradero de los jóvenes y otro, con la judicialización de los responsables del crimen cometido contra ellos.
Por un lado, sacó del centro de la investigación al basurero de Cocula y pasó a centrarse en otro sitio ubicado a 800 metros de ese, llamado la Barranca de la Carnicería que la autoridad judicial conocía desde el año 2014.
Este segundo punto fue hallado gracias a las búsquedas civiles encabezadas por el activista —cuyo posterior asesinato continúa impune — Miguel Ángel Jiménez Blanco, que localizó y registró las coordenadas de una hoguera en el sitio, que fueron trasladados al Equipo Argentino de Antropología Forense, un año más tarde, por medio de la Procuraduría General de la República.
Según publicó la revista Proceso, la Justicia local llegó a practicar una diligencia pericial en la Barranca de la Carnicería, descrita en un informe firmado por un perito de criminalística adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales de la PGR fechado el 6 de setiembre de 2015, en el que describe el hallazgo de restos óseos en el sitio así como evidencia de la hoguera que encontró el grupo civil de búsqueda encabezado por Jiménez Blanco. Aunque el Grupo de Expertos independientes de las Corte interamericana que investigó el caso y visitó el punto un mes después no halló esas evidencias.
Por otro, la centralidad que ha tomado la Barraca de la Carnicería ha revelado que el proceso de investigación judicial a cargo de Omar Gómez Trejo, fiscal especial para el caso Ayotzinapa, sigue construyéndose en torno a «fuentes no consolidadas y dudosas», según expresó uno de los representantes legales de las familias de los 43, Santiago Aguirre, a la periodista mexicana Gloria Leticia Díaz.
La nueva verdad histórica
La preocupación expresada por Aguirre tiene una profunda raíz en cómo se ha investigado el caso hasta el momento por parte de las instancias oficiales de Procuración de Justicia del nivel Federal de Gobierno mexicano.
Está ampliamente probado el uso discrecional de la tortura contra —al menos— 64 personas que fueron detenidas y acusadas de tener que ver con la desaparición de los 43 jóvenes durante la noche del 26 y la madrugada del día 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala de la Independencia, en el estado de Guerrero.
La tortura fue utilizada para crear una versión falsa del destino final de los estudiantes que señalaba al basurero de Cocula. Esas confesiones falseadas fueron robustecidas con una amplia y probada manipulación del expediente, por medio de información falsa y parcial que fue agregada durante los primeros años de la investigación.
De esto es prueba que las tres detenciones realizadas en marzo de 2020 por el caso fueron contra funcionarios acusados de participar en estos hechos de manipulación, por delitos de abuso de autoridad, contra la administración de justicia y también por tortura.
Por otro lado, el centro que Carnicería tomó en las pesquisas oficiales, un punto conocido pero sepultado en la maraña de expedientes e información cruzada que conforman el caso Ayotzinapa, tiene también como base una confesión.
Según la información extraída del expediente que tramita Gómez Trejo, el dato sobre Carnicería fue brindado por un nuevo testigo «de identidad reservada», quien a su vez señaló como máximo responsable del ataque a los normalistas a un operador local del narcotráfico que fue asesinado en 2018 y que en el momento de los hechos tenía 24 años.
Según ese testimonio, el joven señalado como el operador del ataque contra los 43 trabajaba para unos hermanos apellidados Casarrubias, que están entre las personas detenidas y torturadas por los efectivos de la PGR que ahora son perseguidos judicialmente.
La participación del Ejército
El otro punto controversial que ha abierto la investigación de Gómez Trejo es el señalamiento de una participación activa de militares en la desaparición de los jóvenes, siempre teniendo como fuente al testigo protegido arriba mencionado.
La presencia de militares del 27 Batallón de Iguala esa noche ha sido ampliamente probada por los relatos de los sobrevivientes y otros testigos, lo que no está claro aún es qué hicieron durante esas horas de violencia.
Hasta ahora, los padres y madres de los 43 han reclamado públicamente para que la Justicia proceda penalmente por los delitos de falsedad en su testimonio y por omisiones a su deber contra tres elementos del 27 Batallón: el Capitán José Martínez Crespo; al Teniente Joel Chávez y al soldado Eduardo Mota. Pero hasta ahora no habían sido señalados como autores materiales de la desaparición, como lo ha indicado el testigo protegido.
El señalamiento de este testigo y el centro que su versión cobró en la investigación de Gómez Trejo tiene en jaque a las familias, que señalan su desconfianza ante una actitud que puede consolidar una nueva verdad histórica que busque dar el caso por cerrado, sin aclarar qué fue lo que verdaderamente sucedió ese día.
Este fue el reclamo que plantearon al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su reunión en Palacio Nacional, sede del Gobierno Federal, mantenida el viernes 11 de septiembre. Al finalizar la misma, la Presidencia mexicana anunció que este sábado 26, cuando se cumplan seis años de uno de los más atroces crímenes contra la humanidad cometidos en México en su historia reciente, se dará a conocer nueva información que promete hacer avanzar en la verdad y la justicia para el caso que ha cambiado al país.
Con información de Sputnik
