EE.UU. acusa a gobernador de Sinaloa y a nueve funcionarios por narcotráfico y armas; Rocha rechaza señalamientos

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, fueron acusados por autoridades de Estados Unidos de delitos de narcotráfico y posesión de armas, de acuerdo con una acusación formal presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

El anuncio fue realizado por el fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la Drug Enforcement Administration, Terrance C. Cole, quienes informaron que los imputados habrían colaborado con el Cártel de Sinaloa para introducir grandes cantidades de drogas a territorio estadounidense.

Entre los señalados se encuentran el senador Enrique Inzunza Cázarez; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; así como exfuncionarios de seguridad y procuración de justicia en Sinaloa, quienes presuntamente habrían protegido operaciones delictivas a cambio de sobornos millonarios.

Según la acusación, los implicados facilitaron el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetaminas hacia Estados Unidos, además de proporcionar información sensible a la organización criminal, permitir el tránsito de cargamentos y obstaculizar acciones de las autoridades.

Las autoridades estadounidenses sostienen que algunos de los acusados también participaron directamente en actos de violencia, incluidos secuestros y homicidios. En particular, Juan Valenzuela Millán enfrenta cargos adicionales por su presunta participación en el secuestro y asesinato de un informante de la DEA.

De acuerdo con la investigación, el grupo habría operado en coordinación con la facción conocida como “Los Chapitos”, vinculada a los hijos de Joaquín Guzmán Loera.

El fiscal Clayton afirmó que estas redes no podrían operar sin la protección de funcionarios corruptos, mientras que la DEA señaló que el caso exhibe un esquema sistemático de corrupción para sostener el tráfico de drogas.

Todos los acusados enfrentarían penas que van desde un mínimo obligatorio de 40 años hasta cadena perpetua, en caso de ser declarados culpables.

Respuesta del gobernador

Tras darse a conocer las acusaciones, Rubén Rocha Moya rechazó “categórica y absolutamente” los señalamientos, al asegurar que carecen de sustento y que se demostrará su falsedad.

En un posicionamiento público, el mandatario calificó el caso como un ataque político no solo en su contra, sino contra el movimiento de la llamada Cuarta Transformación, y sostuvo que forma parte de una estrategia que vulnera la soberanía nacional.

Reacciones políticas

En el ámbito legislativo, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, sostuvo una reunión urgente con legisladores de Sinaloa y el dirigente del Partido Verde, aunque evitó emitir declaraciones sobre el caso.

Las autoridades estadounidenses precisaron que las acusaciones son únicamente imputaciones y que los señalados se presumen inocentes hasta que se demuestre su responsabilidad en un tribunal.