Las grúas del poder: el negocio que arrastra a Jalisco

En los engranajes de la administración pública de Jalisco hay un ruido metálico que no proviene de los motores, sino de la corrupción. Suena como una cadena mal engrasada, como una grúa que levanta más de lo que debe. Los empresarios del ramo del arrastre vehicular lo han dicho con claridad: en la Secretaría de Transporte del Estado (Setran) opera una red de grúas “pirata” que se mueve al amparo de la autoridad, con discrecionalidad, favoritismo y, según los denunciantes, con el aval del propio secretario, Diego Monraz.

La denuncia formalizada ante la Contraloría del Estado por la Asociación Jalisciense de Grúas (Agrujal), la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram) y la Asociación Nacional de Empresarios Mexicanos de Grúas (Agrúas) pinta un cuadro completo: hay asignación irregular de turnos, grúas sin permisos ni requisitos técnicos que operan libremente, cobros desproporcionados y vehículos levantados sin justificación válida.

Dicen los denunciantes que la Setran “se ha convertido en el centro de una red de corrupción que ha generado toda clase de abusos hacia la sociedad jalisciense”. No es una metáfora. Es la constatación de que, en el Estado, la ley funciona como un volante suelto: a veces da dirección, otras simplemente gira en falso.

El negocio de las grúas es más jugoso de lo que parece. Un servicio de arrastre en zonas urbanas puede costar más que una multa de tránsito o una infracción grave. Si a eso se le suma la discrecionalidad para asignar los servicios, el resultado es un sistema donde cada vehículo retenido se convierte en una ganancia inmediata y en una oportunidad para el abuso.

Las organizaciones sostienen que algunos servidores públicos manipulan el rol de asignación a cambio de sobornos. Las grúas beneficiadas —que no cumplen las normas técnicas ni de seguridad— son premiadas con permisos o turnos especiales, mientras las empresas que operan en regla son marginadas. En resumen: la corrupción no solo levanta autos, levanta fortunas.

El comunicado de los empresarios no es una simple queja gremial. Piden una investigación “seria, objetiva y profesional” que determine responsabilidades administrativas, incluso la destitución e inhabilitación de funcionarios, “incluyendo al secretario Diego Monraz”. El señalamiento es directo, con nombre y cargo.

El secretario, en cambio, responde con el silencio acostumbrado de los funcionarios que apuestan al desgaste del escándalo. En política, el tiempo suele ser un aliado eficaz: si se alarga la espera, la nota se diluye, el tema se enfría, y la indignación pública encuentra otro blanco. Pero aquí no se trata de una disputa gremial, sino de la administración de un servicio público vital: el orden en la vía pública, la seguridad vial, la confianza en el Estado.

Desde 2019 —dicen los denunciantes— la Secretaría de Transporte conoce el problema. Lo sabe, lo tolera y lo deja correr. En seis años no se ha instalado la cabina única de control que impediría la discrecionalidad en la asignación de turnos, ni se ha implementado un padrón público y transparente de las grúas autorizadas. En su lugar, florecen los permisos discrecionales, las operaciones en zonas restringidas y el abuso de autoridad.

Lo que se arrastra en este caso no son solo vehículos: es la credibilidad del gobierno. Cada auto levantado sin causa, cada tarifa arbitraria, cada ciudadano que debe pagar por recuperar su patrimonio, es un recordatorio de que el poder público en Jalisco sigue siendo rehén de sus propios intereses.

Decían los viejos maestros del periodismo que: “la corrupción no es un acto aislado, sino un sistema de poder”. Y ese sistema, en el caso de las grúas, está perfectamente aceitado. La ilegalidad se convierte en norma, y la norma en excepción. El burócrata corrupto tiene su tarifa, el empresario irregular su contrato, y el ciudadano su impotencia.

Mientras tanto, la Contraloría del Estado —esa institución que debería ser el último dique contra el abuso— tiene ahora la tarea de demostrar si todavía sirve para algo más que sellar oficios y archivar expedientes. De su actuación depende que este caso no sea una anécdota más en el archivo de la impunidad jalisciense.

El escándalo de las grúas pirata es un espejo del sistema político que las ampara. La Secretaría de Transporte, en lugar de ordenar el tránsito, se ha convertido en un taller donde se reparte el botín entre los mecánicos del poder. Los ciudadanos, al final, no solo pierden su vehículo; pierden la confianza en que la ley existe para protegerlos.

En Jalisco, las grúas no solo arrastran automóviles: arrastran la dignidad institucional, la fe pública y el último vestigio de justicia administrativa. Y mientras la impunidad siga teniendo placa oficial, el negocio seguirá girando sus ruedas con la lubricación del silencio.

En X @DEPACHECOS