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Gobierno de AMLO va por los traficantes de armas en EEUU

El Gobierno de México busca extraditar desde Estados Unidos a traficantes de armas, incluidos quienes participaron en el operativo Rápido y furioso, para que también sean juzgados por las leyes mexicanas por introducir equipo bélico usado por grupos del narcotráfico.

La intención de esta propuesta de las autoridades mexicanas es pedir a la administración de Joe Biden que entregue a traficantes de armas mexicanos y estadounidenses —que aún estén en libertad o estén purgando su condena en presiones de EEUU— para que también sean juzgados en México por su participación —directa o indirecta— en la violencia que ha vivido el país en los últimos años.  

En este sentido, funcionarios consultados por Milenio dijeron que el objetivo de la petición del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador es sentar un precedente de que las autoridades mexicanas perseguirán vigorosamente a quienes trafiquen armas; esto, a pesar de que el delito se haya cometido en territorio estadounidense, en donde las sentencias por portación de armas son menores a las que se imponen en México.

¿Qué pasaría con el operativo Rápido y furioso?

Desde su inicio, el Gobierno de López Obrador ha manifestado su desacuerdo con las acciones emprendidas durante el operativo Rápido y furioso, en el cual los gobiernos de Estados Unidos y México acordaron vender armas con rastreadores a presuntos criminales con el objetivo de monitorear su ubicación. El plan fracasó pues no consiguieron capturar a los criminales, pero las armas sí terminaron en manos de grupos del narcotráfico. Por esta razón, el Gobierno de la 4T busca juzgar en México a los acusados de participar en la fallida operación Rápido y furioso.

Bajo el auspicio de ese plan, entre 2009 y 2011 entraron a territorio nacional cerca de 2.500 armas, las cuales terminaron en manos de integrantes de los cárteles de la droga; de forma paralela, aumentó la violencia en México, pero sin el número de detenidos que se esperaba.

A pesar de que algunos de los involucrados en la venta de armas han sido detenidos en Estados Unidos, las sentencias que recibieron fueron menores —con condenas de cinco a 10 años— a las que enfrentarían en México.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Daniel Francisco Cruz Morones, quien en 2012 se declaró culpable de traficar armas de manera ilegal de EEUU para entregárselas al cártel de Los Zetas; sin embargo, cuatro años después fue liberado pues las leyes estadounidenses son más laxas en lo relacionado con el tráfico de armamento.

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