Presiones de empresas trasnacionales, cámaras agrícolas y bancos privados de semillas apuran en México un cambio legislativo que puede transformar para siempre la forma en que se practica la agricultura en el país, poniendo en riesgo su soberanía alimentaria. Sputnik te explica de qué se trata.
La propuesta para modificar la Ley Federal de Variedades Vegetales, que establece el marco legislativo para los usos de la semilla agrícola en México, ingresó a la Cámara de diputados mexicana en marzo de 2020 y se había mantenido en un discreto silencio hasta que esta semana, el diputado y coordinador de la bancada del partido Morena, Mario Delgado, anunció su intención de que sea aprobada antes que termine el mes en curso, argumentando que ésta es una modificación necesaria para quedar en línea con las disposiciones establecidas en la renegociación del Tratado de comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC).
Sin embargo, el T-MEC establece un plazo de cuatro años para que México analice la pertinencia de mudar su legislación de la semilla según los lineamientos promovidos por sus vecinos del norte (adoptando algo llamado Acta Upov91 y abandonando su actual régimen del acta Upov78 cuyas diferencias se detallarán más adelante en este artículo) que básicamente hace que el Estado mexicano asuma la responsabilidad —y ponga a disposición sus mecanismos legítimos del uso de la fuerza y sus instituciones— para garantizarles a las cuatro megaempresas de la semilla el «cobro de regalías» por las patentes que registren en el país.
El apuro, según pudo saber Sputnik, tiene dos orígenes: el cabildeo que han hecho a nivel legislativo las empresas trasnacionales y sus filiales locales que serán las beneficiadas de este proceso privatizador de la semilla, en perjuicio de miles de campesinos mexicanos que han sido excluidos de la discusión; y otro, el desconocimiento de los legisladores locales acerca de los alcances que tiene esta modificación express.
«No hay suficiente conocimiento de las implicaciones de esta reforma legal que propone el Diputado Eraclio Rodríguez porque si lo fueran, serían más críticos de este cambio que criminaliza a los campesinos por sus prácticas de intercambio de semillas, algo que se ha hecho durante miles de años para desarrollar las plantas que tenemos hoy», dijo a Sputnik, Malin Jonsson, doctora en estudios latinoamericanos y coordinadora de la Fundación Semillas de vida que integra la campaña Sin maíz no hay país, una articulación de decenas de organizaciones campesinas, de investigación y académicas que han levantado la voz públicamente para denunciar este velado mecanismo privatizador.
Garantía para cobrar patentes y regalías
Hace más de 13 años se conoció en Estados Unidos un caso paradigmático: la multinacional Monsanto —padre del herbicida glifosato y de la primera planta transgénica la llamada Soja RR, ahora adquirida por la alemana Bayer— denunció a un conjunto de 147 agricultores y 39 pequeñas empresas agrícolas por el uso indebido de sus semillas patentadas sin haberlas comprado.
Aunque los campesinos argumentaron que ellos no habían «robado» las semillas de la corporación, sino que sus cosechas habían sido contaminadas por los genes modificados de plantaciones vecinas, la multinacional no dejó pasar el hecho de que no había habido voluntad en cometer un delito al «violar» su derecho por el uso sin permiso de su patente y arremetió con duros juicios que fundieron a los campesinos.
Esta tendencia a patentar material orgánico vivo surgió en EEUU a partir de la década de 1980 y se ha ido extendiendo al resto del mundo, particularmente a países megadiversos como la India o por medio de Tratados de Libre comercio, como en el caso de Colombia.
Para que las multinacionales puedan demandar a productores como lo hicieron en Estados Unidos en el año 2007 y reclamar como propio algo que —en el fondo— no les pertenece, deben lograr que los Estados asuman mecanismos legales que les garanticen el cobro de patentes y regalías por sus desarrollos biotecnológicos, que se logran al reconocer sus derechos de obtentor de una variedad vegetal protegida aunque las empresas los estén reclamando sobre semillas de plantas que llevan cientos de años siendo mantenidas por generaciones de campesinos de todo el mundo. Eso es Upov 91.
Una ley contra los campesinos
La modificación de la Ley Federal de Variedades Vegetales que fue propuesta por el diputado Eraclio Rodríguez, electo por el partido Morena en el estado de Chihuahua, establece los mecanismos para que los criterios del acta de la Unión internacional para la protección de obtenciones vegetales del año 1991 —conocida genéricamente como Upov91— se hagan letra viva en la legislación interna mexicana, mediante la prohibición de dos prácticas campesinas ancestrales: el libre intercambio de semillas y el uso propio que no es otra cosa que ese mecanismo tan simple como guardar un poco de las semillas de su cosecha presente para tener con qué iniciar la siguiente.
«Lo que hace esta iniciativa es reconocer derechos a las empresas trasnacionales que controlan de manera monopólica el mercado de las semillas (tres en todo el mundo) protegiendo sus derechos y no los derechos de los campesinos, que han sido los verdaderos desarrolladores de las semillas, pero que pierden control sobre ellas cuando estas empresas las patentan como propias», agregó.
Las sanciones por violar los derechos de los obtentores de variedades protegidas —las empresas— están previstas en el título sexto de la propuesta de modificación de la Ley Federal de Variedades Vegetales presentada por Eraclio Rodríguez.
Particularmente, es importante leer el artículo 49 que permite «la destrucción de la variedad vegetal, su material de propagación, el producto de la cosecha, los instrumentos o productos relacionados directamente con la comisión de infracciones», es decir, la destrucción de las cosechas de los campesinos que se señalen por haber violado derechos de patente de quien los porte y su correspondiente pago de regalías, como pasó en Estados Unidos en 2007.
También es de destacar el contenido del artículo 54 que indica que «se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de diez mil a cuarenta mil unidades de medida a quien aproveche o explote una variedad vegetal protegida, su material de propagación o el producto de la cosecha para su producción, reproducción, preparación, oferta, distribución, venta, producción comercial de otras variedades vegetales o variedades esencialmente derivadas o cualquier otra forma de aprovechamiento (…) sin la autorización del titular, en forma reincidente», es decir: se prevé cárcel para cualquiera que «reincida» en el uso de una planta que se encuentre patentada, así como también por cualquiera de los usos descritos y sus derivados.
«Es un mecanismo para garantizar el pago de regalías a las empresas semilleras por un derecho que no tienen», resumió la fuente.
Jonsson señaló que tanto la Asociación mexicana de semilleros (AMSAC) como el Centro internacional de mejoramiento de maíz y trigo (CIMMYT) —un banco privado de semillas fundado en la década de 1940 con apoyo de la Fundación Rockefeller— han sido parte activa del desarrollo de la propuesta del Diputado Rodríguez.
«La Amsac ha estado presionando muchísimo en Diputados, así como el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) que en México representan los intereses de las empresas trasnacionales y que con ellas, van a ser los beneficiados por este cambio legislativo si se concreta antes de tiempo», concluyó.
Eliana Gilet. Sputnik Mundo
Con información de Sputnik