Los embates del Ejecutivo contra el Poder Judicial trascienden las páginas de los diarios; se anidan en la política y fermentan como el virus de una infección constitucional. Lo que tenemos en juego es mucho más que el manoseo de pensiones y el recorte presupuestal. El verdadero asalto está en el Plan C: una grotesca operación de alineación judicial bajo el manto ideológico de la Cuarta Transformación.
López Obrador, a quien el cinismo le sienta mejor que el traje de «hombre del pueblo,» ha mostrado un apetito voraz por subyugar la independencia judicial. Los mismos jueces que él impulsó, como Rios Farjat y González Alcántara, son considerados traidores por el solo hecho de ejercer autonomía. No se dejen engañar, aquí el «ser lelo» se premia, como lo evidencia el papel de Arturo Zaldívar.
La farsa del equilibrio democrático es aún más palpable en el Congreso. Los legisladores son simples títeres de partidos, olvidados de la representatividad ciudadana. Buscan mantener su rebaño en orden para asegurarse una «mayoría sumisa» en las próximas elecciones. Así, los tribunales, que no dependen de la efímera lealtad partidista, se convierten en el obstáculo a derrotar.
Esta incesante ofensiva contra la justicia no es un fenómeno aislado. Miremos a Fernández en Argentina, a Netanyahu en Israel; la lista sigue. El objetivo es claro: convertir el Poder Judicial en otra ficha en el tablero de su proyecto totalitario. Claudia Sheinbaum, eco de este insidioso plan, ha dejado clara su intención de que el pueblo elija a los jueces, como si el populismo pudiera ser el juez de la justicia.
Este asalto a la independencia judicial es el último acto en una obra más amplia, cuyo guion parece escrito en las sombras del Kremlin o las dictaduras militares de antaño. No se confundan: lo que está en juego no es una reforma, sino una destrucción planificada del último bastión de contrapeso democrático.
En Conclusión
¿Qué será de un país donde el poder judicial, legislativo y ejecutivo son dirigidos por una única mano? Será, sin duda, el triunfo de una dictadura disfrazada de democracia. Se necesita una reforma judicial, sí, pero una que fortalezca la división de poderes, no que la aniquile. Que no nos engañen: este es un juego peligroso que, de no ser detenido, nos llevará a la pérdida irreversible de nuestra democracia.
