Ipejal: el reloj de la quiebra ya está corriendo

En política, las bombas más peligrosas no estallan con ruido, sino con fórmulas actuariales. Mientras la clase política presume “modelos de éxito” y se toma la foto con el Paquete Económico 2026, un documento frío, firmado por una consultora de nombre anodino —Valuaciones Actuariales del Norte (VAN)— le dice al Congreso de Jalisco algo que el gobierno de Pablo Lemus preferiría susurrar: el fondo de pensiones del estado sólo aguanta cuatro años más.

No lo dice un opositor, ni un sindicalista exaltado, ni un columnista intratable. Lo dice textualmente el estudio actuarial remitido por el propio gobernador: el periodo de suficiencia del fondo —el tiempo en que los gastos de pensiones se pueden cubrir con recursos propios— llega apenas hasta 2030. Seis años menos que lo prometido en el estudio anterior, ese con el que Enrique Alfaro aseguraba tranquilidad hasta 2036 gracias al aumento de afiliados y otros ajustes “responsables”.

En menos de una década, la narrativa oficial se desplomó seis años. Algo se hizo mal. O algo se ocultó muy bien.

Hoy el Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) carga en la espalda un déficit actuarial de la generación actual de trabajadores y pensionados superior a 408.7 millones de pesos. Tiene 131 mil 915 afiliados y 48 mil 203 pensionados. La simple aritmética social es brutal: cada vez menos trabajadores sostienen a más jubilados, mientras el sistema sigue prometiendo pensiones vitalicias de 100 por ciento del salario para quienes cumplan los requisitos.

Esas promesas no las hizo VAN ni Lemus. Vienen de una larga historia de gobiernos que compraban paz laboral y control corporativo a plazos: usted júbilelo con el sueldo completo, que el problema ya le estallará a otro. En 2009, con la reforma que subió gradualmente las aportaciones de 13 a 32 por ciento de la nómina —11.5 por ciento del trabajador y 20.5 del patrón— se vendió la idea de que el Ipejal por fin se encaminaba a la “sostenibilidad”. Quince años después, el propio estudio oficial admite que ese remedio ya no alcanza.

La fotografía financiera tampoco es tranquilizadora. Según los datos que el propio Ipejal entregó a VAN, las reservas suman 46 mil 695.5 millones de pesos. La mayor parte está en inversiones en mercados financieros: 23 mil 705.9 millones. Le siguen los bienes inmuebles, con 6 mil 999.9 millones, y los préstamos a corto plazo, con 6 mil 630 millones. La reserva líquida, esa que realmente sirve para pagar cheques mes a mes, ronda también los 23 mil 705.7 millones.

Sobre el papel, son montos respetables. Pero el problema no es el tamaño de la alcancía, sino la velocidad a la que se vacía frente a compromisos crecientes. El propio estudio señala que, hoy por hoy, las aportaciones de los trabajadores activos ya son menores que los egresos por pensiones. Es decir: el sistema gasta más de lo que entra por cuotas. A partir de 2030, si no se inyectan recursos adicionales, simplemente no habrá dinero suficiente para pagar lo prometido.

Frente a este panorama, la recomendación técnica de VAN es tan sencilla como políticamente explosiva: o se hacen nuevas reformas, o se elevan brutalmente las aportaciones. Bajo el método de “primas óptimas de liquidez”, la consultora plantea llevar las cotizaciones de la nómina de personal activo a un 62 por ciento entre 2024 y 2070, y a 53.63 por ciento en adelante, en lugar del 32 por ciento actual.

Traduzcamos el eufemismo actuarial: para salvar el sistema, habría que duplicar de facto el costo de la nómina pública durante casi medio siglo. ¿Alguien cree seriamente que el gobierno estatal y los municipios están dispuestos —o son capaces— de hacerlo?

Cuando la realidad choca con la política, aparecen las soluciones mágicas. En este caso, el estudio abre la puerta al viejo sueño de los banqueros: migrar hacia un modelo de cuentas individuales. VAN afirma que “el sistema de cuentas individuales puras es el único sistema que garantiza viabilidad financiera”. Omite subrayar el truco: sí, garantiza la viabilidad… pero a costa de trasladar todo el riesgo al trabajador, cuya jubilación dependerá exclusivamente de lo que haya acumulado en su cuenta.

La lógica es conocida: si el sistema público no aguanta, que cada quién se rasque con sus propias uñas. El Estado se quita de encima el problema de largo plazo, las afores y gestoras felices, y los trabajadores descubren, 30 años después, que su retiro depende de los vaivenes de los mercados y de los salarios miserables que cobraron toda la vida. Esa receta, aplicada ya a nivel federal en 1997, ha demostrado que genera pensiones bajas y desigualdades profundas. Pero en el papel luce impecable: ya no hay “déficit actuarial”, sólo millones de viejos pobres.

El estudio de VAN sugiere aplicar ese sistema sobre todo a los trabajadores de nuevo ingreso, mientras que para los actuales propone “ajustes” al régimen vigente y revisar al alza las aportaciones. Es decir, una transición híbrida donde coexistirían generaciones con derechos adquiridos a pensiones vitalicias y nuevas hornadas de empleados condenados a ahorrar por su cuenta. Un cóctel ideal para fragmentar la resistencia y enfrentar a trabajadores contra trabajadores.

En todo este debate, llama la atención un silencio: el de la responsabilidad política. El diagnóstico se presenta como un hecho inevitable, casi natural: la demografía, las tablas actuariales, las tendencias globales. Poco o nada se dice de las decisiones concretas tomadas por los consejos de administración, los gobiernos en turno y los sindicatos oficialistas que durante décadas firmaron convenios sin exigir transparencia ni cuidar las reservas.

Tampoco se habla, en este resumen aséptico, de los escándalos de inversión del Ipejal: proyectos inmobiliarios ruinosos, créditos a empresas “estrella” que acabaron siendo fierros viejos, operaciones opacas que beneficiaron a unos cuantos. Cada peso que se perdió ahí es un peso que hoy falta para pagar pensiones. Pero el costo, nos dicen, deberá cubrirlo el trabajador con mayores cuotas, o el contribuyente con nuevos impuestos.

El documento, remitido por Pablo Lemus como si fuera un simple anexo del Paquete Económico, es en realidad un pliego de cargos contra todo un sistema político que vivió del Ipejal como caja chica. Los números de VAN no sólo proyectan el futuro; también exhiben el pasado.

La discusión que viene en el Congreso no será técnica, aunque lo disfracen. Será profundamente política: ¿quién va a pagar la factura? ¿Los gobiernos que usaron el instituto como banco paralelo? ¿Los sindicatos que avalaron privilegios insostenibles para sus cúpulas? ¿Los trabajadores que ya cotizan más del 11 por ciento de su salario? ¿Los ciudadanos que nunca verán una pensión pública, pero sí pagarán rescates silenciosos vía presupuesto?

Si la clase política de Jalisco decide seguir la ruta cómoda —subir aportaciones, introducir cuentas individuales, recortar derechos de entrada— sin tocar la opacidad ni castigar a los responsables de los desfalcos, el mensaje será claro: aquí no hay reforma, hay reparto de culpas hacia abajo.

Porque el verdadero riesgo no es sólo que el dinero se acabe en 2030. El verdadero riesgo es que, una vez más, el Estado socialice las pérdidas de un sistema mal administrado, mientras privatiza las ganancias de quienes hicieron negocio con las pensiones. Y eso, en cualquier tabla actuarial, tiene un nombre muy preciso: fraude político a varias generaciones.

En X @DEPACHECOS