Sergio Chávez entrega 28 pruebas a la Fiscalía Anticorrupción para rechazar conflicto de interés en proyecto del rastro

Tonalá, Jalisco. El presidente municipal de Tonalá, Sergio Armando Chávez Dávalos, acudió de manera voluntaria a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Jalisco para entregar un expediente con 28 pruebas documentales, administrativas y mercantiles con las que busca desmentir los señalamientos de un presunto conflicto de interés en el proyecto de Asociación Público-Privada (APP) para la construcción y operación de un nuevo rastro municipal Tipo TIF.

El alcalde informó que la documentación acredita que sus hermanos Francisco Javier, Lorena Guadalupe y Moisés Chávez Dávalos dejaron de formar parte de la empresa Valor en Alimentos Kárnicos, S.A. de C.V. desde el 2 de marzo de 2012, hecho inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, es decir, doce años antes de la aprobación municipal del esquema de APP.

Chávez Dávalos sostuvo que su comparecencia tiene como objetivo transparentar el proceso y responder a los señalamientos difundidos en redes sociales y medios de comunicación, al considerar que la información presentada permitirá esclarecer los hechos.

De acuerdo con el expediente, el proyecto del nuevo rastro surgió tras el cierre definitivo del antiguo centro de sacrificio, construido en 1984, el cual fue clausurado por autoridades ambientales debido a problemas de contaminación, manejo de residuos e incumplimiento de normas sanitarias acumulados durante varios años.

El documento también expone que el Ayuntamiento realizó previamente dos licitaciones públicas para concesionar el servicio del rastro, ambas declaradas desiertas por falta de inversionistas, por lo que posteriormente se optó por el esquema de Asociación Público-Privada.

Entre las pruebas entregadas se incluyen acuerdos de Ayuntamiento, actas de sesiones del Comité de Evaluación y Seguimiento, convocatorias públicas, resoluciones de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA), opiniones técnicas del Órgano Interno de Control, dictámenes financieros y jurídicos, así como la póliza mercantil que acredita la salida de los familiares del presidente municipal de la empresa involucrada.

El expediente también incorpora la cronología del proyecto, desde los primeros estudios para concesionar el servicio en 2022, las licitaciones públicas de 2023, la clausura definitiva del antiguo rastro por motivos ambientales y la posterior aprobación del esquema de Asociación Público-Privada por el Cabildo.

Con la entrega de esta documentación, el alcalde solicitó que la Fiscalía Anticorrupción realice las investigaciones correspondientes y determine si existe alguna responsabilidad en torno al proyecto del nuevo rastro municipal.