¡Al estilo Jalisco! Prisión preventiva: la justicia como advertencia

En Jalisco, la justicia suele caminar con los ojos vendados… pero no siempre por imparcialidad. A veces es para no ver. Y cuando no ve, tropieza. O empuja.

El desplegado que hoy circula —dirigido a la opinión pública y a las autoridades del Estado— no es una pieza de propaganda ni un berrinche familiar. Es, en esencia, una acusación grave: la utilización del aparato judicial como instrumento de presión política y personal, con la prisión preventiva como martillo favorito.

El caso es tan delicado como revelador. Una diputada local y su esposo denuncian un supuesto fraude por trece millones de pesos, entregados —según su propio dicho— en efectivo, sin respaldo documental, sin origen bancario, sin constancia fiscal, sin reflejo patrimonial y, por si fuera poco, fuera de toda lógica elemental. El dinero no aparece en declaraciones patrimoniales, pero sí aparece, mágicamente, como base para privar de la libertad a un ciudadano.

En un país donde a la autoridad fiscal le cuesta años seguir el rastro de operaciones bancarias perfectamente documentadas, aquí bastó una denuncia verbal para activar la maquinaria penal con velocidad quirúrgica. No hubo citatorios previos. No hubo agotamiento de medidas menos lesivas. Hubo, eso sí, una orden de aprehensión expedita y una prisión preventiva casi automática.

Desde entonces, Diego Martínez Ornelas ha pasado casi seis meses privado de su libertad por un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa. No es una interpretación audaz: es la ley. Pero en Jalisco, la ley suele ser un accesorio, no un límite.

Lo verdaderamente alarmante no es solo la privación de la libertad, sino la normalización del abuso. A la fecha, ni siquiera se ha fijado prórroga formal del plazo de investigación, pese a que fue solicitada desde diciembre pasado. El tiempo corre, la prisión se prolonga y el debido proceso se diluye en la burocracia… o en algo peor.

El juez señalado en el desplegado —con nombre y apellido— aparece como un actor central de esta trama: sosteniendo la medida cautelar pese a la falta de evidencia robusta, alineado con las supuestas “víctimas”, y desoyendo el mandato legal que obliga a privilegiar medidas distintas a la prisión. La cárcel, nos recuerdan los códigos y la jurisprudencia, es la excepción. En la práctica, sigue siendo la regla cuando hay poder de por medio.

Y es aquí donde el caso trasciende lo individual y se vuelve político.

Porque cuando la libertad depende más de relaciones que de pruebas; cuando el encarcelamiento funciona como palanca de negociación; cuando la prisión preventiva se convierte en método de presión para forzar “arreglos” fuera del expediente, la justicia deja de ser justicia y se convierte en un mercado. Un mercado negro, por supuesto, donde el precio no se publica, pero se cobra.

El desplegado no pide privilegios. Pide algo mucho más subversivo en estos tiempos: piso parejo. Exige respeto irrestricto al debido proceso. Reclama que el poder público no sea usado de manera desproporcionada ni selectiva. En otras palabras, exige que la ley se aplique como ley, no como garrote.

El mensaje final es quizá el más inquietante: se responsabiliza explícitamente a la diputada denunciante y a su esposo de cualquier afectación a la seguridad personal de la familia firmante. Cuando un ciudadano llega a ese punto —cuando siente la necesidad de dejar constancia pública de ese temor— no estamos frente a una exageración retórica. Estamos frente a una ruptura de confianza institucional.

La justicia no puede sostenerse sobre el miedo ni sobre la discrecionalidad. No puede depender de influencias ni de cargos de elección popular. La cárcel no puede ser una forma de presión política ni un atajo para resolver conflictos privados.

Jalisco presume modernidad jurídica, reformas procesales y discursos de legalidad. Pero casos como este revelan la grieta entre el discurso y la práctica. Entre la ley escrita y la ley aplicada. Entre la toga y la consigna.

Cuando el poder judicial deja de ser contrapeso y se convierte en herramienta, la democracia se vacía por dentro. Y cuando la prisión preventiva se usa como castigo anticipado, ya no hablamos de justicia: hablamos de advertencia.

El expediente está sobre la mesa. La pregunta no es si las autoridades lo leerán. La pregunta es si se atreverán a verlo. Porque a veces, lo más peligroso para el poder no es la mentira… sino un documento incómodo que insiste en recordar que la ley también obliga a quienes dicen impartirla.

En X @DEPACHECOS