Congreso de Jalisco: transferencias, sindicatos y la discrecionalidad como ley

En los pasillos del Congreso de Jalisco, el murmullo es siempre más elocuente que los discursos en tribuna. Dicen que el poder no se ejerce sólo con leyes, sino con transferencias electrónicas y acuerdos de comisión. Y las últimas semanas lo confirmaron con brutal transparencia: más de un millón de pesos entregados al sindicato oficial, en dos cómodas operaciones bancarias, a pesar de que existía una suspensión federal que ordenaba frenar la disposición de los recursos.

El secretario general, Eduardo Martínez Lomelí, se apresuró a aclarar que no fue decisión personal. ¡Faltaba más! Él solo obedeció a la Comisión de Administración, ese órgano colegiado donde se reparten favores con la facilidad con la que se firman oficios. Y mientras él insiste en que no conocía la suspensión hasta el 14 de agosto, la realidad muestra que el dinero ya había salido los días 13 y 14, como si la prisa tuviera más peso que la legalidad.

La aritmética del escándalo no miente: un millón 181 mil pesos el primer día, 71 mil más al siguiente. Dos transferencias que parecen pequeñas cifras en el océano del presupuesto legislativo, pero que exhiben un patrón reiterado: cuando se trata de beneficiar al sindicato oficial y a su dirigente, César Íñiguez, las órdenes llegan con puntualidad de reloj suizo.

Y como si esto no bastara, los mismos diputados autorizaron que las plazas vacantes por defunción, jubilación o renuncia sean cubiertas con personal “supernumerario”. Una figura que, en lenguaje llano, significa contratar a discreción, sin necesidad de pasar cada caso por revisión de la comisión. Con ello, se abre una puerta de par en par a la contratación discrecional, es decir, al reparto de favores, a las nóminas infladas y al clientelismo disfrazado de gestión administrativa.

El único que votó en contra fue el coordinador del Partido HAGAMOS, Tonatiuh Bravo Padilla, acompañado por la abstención de una diputada de Futuro. El resto —MC, Morena, PAN, PRI, PVEM y compañía— levantaron la mano como si se tratara de un trámite inofensivo, cuando en realidad estaban sembrando la semilla de una nómina que crecerá al ritmo de los compromisos políticos.

Un dato ilustra la magnitud del despropósito: el Congreso de Jalisco, según el Imco, tenía ya 690 empleados cuando su tabulador establece 649. Es decir, 41 más de los que la norma permite. Pero, claro, cuando se trata de asegurar bases y contratos para aliados, siempre hay espacio para “ajustar” la plantilla.

En medio de este teatro legislativo, el trasfondo es inequívoco: el poder sindical sigue siendo una de las llaves maestras del control político. No importa que existan amparos, suspensiones o advertencias jurídicas: el dinero fluye porque la aritmética de la política es más fuerte que la de la justicia.

La Comisión de Administración, lejos de ser un contrapeso, se convierte en ventanilla de favores. Y mientras tanto, la ciudadanía, que debería ser la beneficiaria del trabajo legislativo, paga puntualmente los platos rotos.

La historia, como siempre, tiene moraleja: en Jalisco, la legalidad es relativa y la disciplina presupuestal un chiste contado en las sobremesas del poder. Lo que sí es absoluto es el pacto silencioso entre diputados y sindicatos: yo te garantizo recursos, tú me garantizas control. Y así, entre transferencias bancarias y plazas discrecionales, se escribe un nuevo capítulo del viejo manual de la política mexicana.

En X @DEPACHECOS