La semana pasada marcó el inicio del proceso electoral que tendrá como objetivo la renovación de los principales cargos de elección popular en nuestro país y a la vez que la autoridad electoral daba el banderazo de salida dos de las fuerzas políticas en competencia definían a sus contendientes con procesos cuestionados tanto por los mecanismos como la legalidad de los cargos inventados sobre la marcha y un adelanto de los tiempos electorales y proselitistas que ya nos habíamos desacostumbrado.
De manera formal el proceso inició el 7 de septiembre con los actos de preparación de la organización por parte de las autoridades electorales mientras que los partidos, que ni siquiera han podido formalizar alianzas ya cuentan con personas que no pueden llamar al voto, que no son candidatas y que ya ganaron, sea como sea, un proceso de selección interna.
Estamos viviendo una nueva dinámica en que los partidos actúan al fin al borde de la ley ante una autoridad y tribunal electoral expectante y con poco margen de acción. Hay reglas escritas, pero fueron desplazadas por otras más difusas hechas sobre la marcha y que han sido más efectivas y a veces respetadas. Todos, sin excepción arrancaron sus procesos luego del pistolazo de salida de Palacio apenas se acabaron de contar los votos del Estado de México.
¿A qué se debe esta urgencia por iniciar un proceso electoral de por sí largo, con casi un año de antelación? ¿A quién le conviene este nivel de desgaste y de sobreexposición? Podríamos sospecharlo, pero veo algunos puntos delicados para la manera en que los procesos electorales.
Primero y la más evidente, los tiempos y formas en que cada uno de los actores han procedido. Si bien los partidos se adelantaron y llevaron a cabo procesos de selección interna de cargos inexistentes todo se hizo en la mayor discrecionalidad y con muy poco acceso a la participación de los ciudadanos, de los electores a los que se buscará el voto. Los mensajes y giras se diseñaron e implementaron como una campaña constitucional en donde lo único que se cuidó fue nunca llamar al voto como si todo lo demás no constituyera proselitismo velado. Ni los tiempos ni las formas fueron los estipulados por la legislación electoral y aun falta que los partidos lleven a cabo los procesos formales de intención de alianzas, procesos internos y las precampañas marcadas por la ley, que parece que ya vivimos.
Y es que hasta en las narrativas de todos los actores pareciera que estamos mucho más delante de lo que el calendario electoral marca. Ante la falta de debates, proyectos, participación en lo que pudieran llamarse “elecciones primarias” se montó, de un lado y del otro la inevitabilidad del triunfo o la deposición del partido en el gobierno. Es peligroso creo yo sentar las bases para una contienda en que las cosas estén casi dadas por un devenir providencial y que el elector, la autoridad y tribunales se mantengan a raya de decisiones cupulares y ataques infundados sin que se muestre, hasta el momento, ninguna idea de cómo llevar las riendas de un país ante los fuertes cambios que ha realizado el actual gobierno.
Es peligroso porque de un lado pareciera inevitable el triunfo de Morena y del otro es inevitable su derrota, dejando poco margen de maniobra para discutir asuntos como la conformación de las cámaras, la relación con los gobiernos locales, el reacomodo del sistema de partidos, la posibilidad de gobiernos de coalición como consecuencia natural de alianzas electorales. Más peligroso aún porque los grandes temas como la seguridad, la crisis de desparecidos, el desarrollo económico, la política internacional están supeditados a una especie de fatalismo en que el llamado a las urnas será un proceso plebiscitario de acciones que ya determinaron lo que vendrá, un fatalismo donde pocos fueron los invitados en un asunto público, el más importante de todos y del que el resto solo vimos pasar.
No creo que debamos permitir eso, el elector debe seguir siendo el centro de los procesos electorales y aquellos que buscan el voto deben hacerlo con una plataforma y candidatos que convenzan de una u otra manera. Manejar las elecciones desde la base de la incertidumbre debe mantenerse para garantizar procesos competitivos, vigilados y en que sea el propio electorado el que defina el destino de un país. De un lado y del otro escuchamos repetidamente la frase “México ya decidió” para legitimar una consulta basada en encuestas cuya metodología está reservada por años o bien en un proceso de votación abierta que finalmente no sucedió. La verdad es que México no ha decidido y faltan meses para hacerlo, y ninguna fuerza electoral al margen de la ley debe amagar esa posibilidad o agenciarse el futuro en un proceso que apenas está en etapa de preparación, porque también en democracia todo debe hacerse a su debido tiempo.
