Lo que se ha convertido en una férrea batalla legal por derechos hereditarios y acciones mercantiles; además de pulverizar la relación familiar, es la lucha por el control de la tercera industrializadora de productos lácteos del país, Lechera Guadalajara.
Una empresa que inició actividades en el año de 1961 en la capital tapatía, que a la fecha factura anualmente cerca de 6 mil millones de pesos y que compra a productores de Jaliscienses, diariamente, más de un millón de litros de leche.
En rueda de prensa, Mayari González Rodríguez y Paloma González Rodríguez, acompañadas de su madre, Josefina Rodríguez de González, en representación de su padre y esposo, respectivamente, José Luis González, (quien se encuentra con complicaciones de salud), el único socio fundador de la empresa, con vida, especificaron que sus primos Abraham Kunio y Rubén Masayi se han apoderado de manera hostil y en complicidad de diversas autoridades estatales, de la empresa lechera.
“Los hermanos González Uyeda, que ostentan la administración de Lechera Guadalajara, han cometido desacato judicial en diversas ocasiones, y sin consecuencias jurídica, con la complicidad del poder Judicial de Jalisco. Esto vulnera el estado de derecho que debe prevalecer”, acusó Paloma González Rodríguez, hija de los socios fundadores de la empresa Sello Rojo.
Agregó que en julio del año 2019, varios de los accionistas se ampararon para evitar ser desplazados de sus derechos, sin embargo, esta jurisprudencia no ha sido respetada.
La intimidación y amenazas no se han quedado solamente entre los integrantes de esta familia alteña, (primos, tíos y hermanos), miles de trabajadores que la integran han sufrido algún tipo de violencia, de parte del grupo que encabeza el ex secretario de Administración Estatal, Abraham Kunio, el también ex Secretario de Promoción Económica, en la entonces administración de Francisco Javier Ramírez Acuña.
“Trabajadores nos dicen que los han presionado a tal grado que los privan de su libertad. Los dejan encerrados, en las oficinas centrales por no estar de acuerdo por los manejos de la organización. La compañía se encuentra en constante amenaza de huelga, lo que provocaría que el sindicato entraría indirectamente en el control de la misma, beneficiando a los arriba señalados”, acusó González Rodríguez.
La visceralidad y voracidad de los hermanos González Uyeda para despojar de su derecho como accionistas fundadores a la señora Josefina Rodríguez de González y a su esposo José Luis González (hermano de Don Rubén, padre de los referidos), ha ido más allá de la indolencia, ya que fueron capaces de acusar ante la Fiscalía de Justicia del Estado a sus propios tíos (personas de la tercera edad) de fraude cibernético, pretendiendo con ello, anular su derecho de voz y voto en las juntas del consejo de administración de la empresa lechera.
Sin embargo, es de resaltar que ambas personas, actualmente superan los 90 años de vida, ser ajenos al manejo operativo de aparatos electrónicos modernos, “no sé ni manejar un teléfono celular”, refirió la señora Rodríguez de González.
Las irregularidades con las que ha procedido el caso, no solamente pone en duda la imparcialidad de las decisiones jurídicas, sino que además, cuestionan que la figura del representante social tenga lugar en la iniciativa privada, por lo que exigirán al titular de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, tome cartas en el asunto y deje de partidizar la justicia a favor del que fuera sub-secretario de Gobernación, en tiempos de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.
Entre las irregularidades, destacaron el desacato a una resolución del 1er Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación, desde Octubre del 2019, en aparente contubernio con el entonces Juez Séptimo de lo Mercantil, Juan Pablo González Magaña, y que a la fecha no se ha cumplimentado.
En dicha resolución, del 1er Tribunal Colegiado ordenó se suspendieran y cancelaran todas las medidas que han realizado Masayi y Abraham, tales como el autonombramiento de Masayi, como Administrador General Único de la empresa y Abraham, como Director General de la misma.
«Actualmente, hay un nuevo Juez Séptimo de lo Mercantil, que si acata la resolución del Tribunal Colegiado, que les daba la razón a los demandantes, se les quitan no sólo la directiva del corporativo, sino se echa para atrás a todas sus medidas. Además, estás acciones pueden generar antecedentes y consecuencias graves de indefensión en otras empresas, dónde se quiera hacer lo mismo».
Cabe hacer mención, que Abraham González Uyeda, actualmente es director general de la Lechera Guadalajara, reporta ganancias del 2.5 por ciento anuales (argumentando condiciones de riesgo de huelga), cuando su competidor Grupo Lala, registra un superávit anual del 13 por ciento.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicitarán que el juez séptimo de lo Mercantil realice su trabajo a fin de que las cosas vuelvan a la normalidad sin embargo, esta resolución jurídica no se ha llevado a cabo desde octubre del 2019, fecha en que fue turnada al juzgado noveno también de lo mercantil, como maniobra dilatoria de los hermanos González Uyeda. Lo que también buscarán, es que la Fiscalía General de la República atraiga el caso.
Por: Redacción/TEN/Empresarial
