OPINIÓN

De “Movimiento Naranja” al Congreso: la representación wixárika que MC reduce a cuota temporal

El rostro indígena que Movimiento Ciudadano convirtió en emblema electoral con el niño wixárika Yuawi López vuelve a aparecer en la escena pública de Jalisco, pero ahora en clave legislativa. Años después de aquella campaña que explotó la imagen de un menor de origen indígena para fines propagandísticos, el “rompecabezas” se completa: el partido naranja presume ahora al primer diputado local de cuota indígena, pero lo hace en condiciones que revelan más simbolismo que poder real.

El 13 de noviembre de 2025, Emilio Laurencio Hernández Bautista rindió protesta como diputado local, convirtiéndose en el primer legislador en ocupar una curul en el Congreso de Jalisco mediante las cuotas de representación para pueblos originarios. El hecho, en apariencia histórico, se presenta como un reconocimiento a la composición pluricultural del estado y a una vieja demanda de justicia y representación política para las comunidades indígenas.

Sin embargo, la letra chiquita del nombramiento matiza el discurso triunfalista: Hernández Bautista llega como suplente de la diputada emecista Alejandra Margarita Giadans Valenzuela, quien solicitó licencia temporal con fecha de reincorporación ya programada para el 27 de noviembre. Es decir, la “histórica” representación wixárika tiene, de entrada, fecha de caducidad: un encargo de apenas unas semanas.

La trayectoria de Movimiento Ciudadano con los pueblos originarios no empieza en el Congreso, sino en la mercadotecnia política. Cuando el partido lanzó a la fama al niño wixárika Yuawi López con el pegajoso jingle de “Movimiento Naranja”, no había claridad sobre por qué un menor indígena encabezaba una estrategia electoral diseñada desde las cúpulas partidistas.

Aquel uso intensivo de la imagen de Yuawi fue defendido como inclusión y visibilidad de los pueblos indígenas, pero en los hechos se trató de una campaña construida para beneficio del partido, no de la comunidad que decía representar. Hoy, con la llegada de un diputado wixárika bajo el sello de MC, el patrón parece repetirse: se abren espacios simbólicos, pero bajo control y con un margen mínimo de incidencia real.

Emilio Laurencio Hernández Bautista es wixárika, originario de una de las culturas indígenas más emblemáticas de la región Norte de Jalisco, con presencia en Mezquitic y Bolaños. Su trayectoria se ha forjado en la base comunitaria: ha ocupado cargos tradicionales en su comunidad y ha acompañado causas clave para los pueblos originarios, como la defensa de tierras y territorios comunales, así como la protección de lugares sagrados amenazados por intereses externos.

Además de su peso comunitario, Hernández Bautista se ha desempeñado como asesor legal de su pueblo, enfocándose en asuntos agrarios y en la salvaguarda de sitios de relevancia espiritual y cultural. Ese trabajo, de alto costo social y político, dista mucho del escaparate mediático que suele acompañar a las campañas electorales.

Pero el nuevo diputado no llega desde la resistencia territorial, sino desde el propio entramado gubernamental: antes de ocupar la suplencia en el Congreso se desempeñaba como coordinador especializado “H” en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), es decir, personal de confianza en activo dentro del Ejecutivo estatal. Su llegada a la curul, por tanto, no sólo representa a la comunidad, sino también a un gobierno que administra y dosifica la presencia indígena en los espacios de poder.

Formalmente, la toma de protesta de Hernández Bautista valida el mecanismo de cuotas para pueblos originarios y abre un precedente que, en el papel, podría propiciar una mayor inclusión de representantes indígenas en futuros procesos legislativos.

Sin embargo, la brevedad de su encargo y el carácter supletorio de su nombramiento evidencian el límite del modelo: las comunidades indígenas sí entran al Congreso, pero lo hacen de forma acotada, condicionada y, en este caso, temporal. La representación existe, pero no necesariamente manda ni define la agenda.

En su primera intervención en tribuna, el diputado wixárika llamó a la corresponsabilidad del resto de las y los legisladores:

“Durante mi estancia voy a requerir la participación y corresponsabilidad de su parte para poder trabajar de manera coordinada en beneficio de los pueblos originarios, en temas como son la salud, infraestructura y servicios, pero no solamente para las comunidades indígenas, sino para el pueblo de Jalisco.”

El mensaje subraya que su presencia no sólo se debe a una demanda sectorial, sino a la necesidad de incorporar la mirada indígena en las políticas públicas generales del estado. No obstante, la pregunta de fondo permanece: ¿qué tanto se puede cambiar desde una curul ocupada por unas cuantas semanas?

La llegada de Hernández Bautista ocurre en un contexto en el que el discurso de “inclusión” y “pluriculturalidad” se ha vuelto lugar común en las narrativas oficiales. Se celebran los nombramientos, se difunden las fotografías y se apela al “hito histórico”, pero en la práctica persisten los conflictos agrarios, las amenazas a los sitios sagrados, la marginación en servicios básicos y la criminalización de defensores comunitarios.

En ese escenario, la presencia de un diputado wixárika debería ser una oportunidad para colocar en la agenda legislativa temas incómodos: la defensa de territorios frente a megaproyectos, la protección efectiva de rutas y lugares sagrados, el acceso real a salud, infraestructura y servicios, y el reconocimiento pleno de las formas de organización indígena.

Pero cuando esa presencia se limita a la condición de suplente por días contados, el riesgo es que la representación indígena termine reducida a la misma lógica que hizo famoso a Yuawi: ser rostro, símbolo, cuota, pero no sujeto con poder de decisión.

Entre el jingle de “Movimiento Naranja” y la curul de Emilio Laurencio Hernández Bautista hay una línea que recorre la forma en que el partido naranja ha gestionado la imagen indígena: útil para campañas, funcional para discursos de inclusión, pero todavía pendiente de traducirse en poder político duradero y en cambios concretos para las comunidades que dice defender.

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