El Gobierno de López Obrador ha emprendido una cruzada anticorrupción que podría desencadenar juicios contra exfuncionarios de alto nivel y cambiar el mapa político de los próximos años. ¿Cómo repercutirán los casos de Lozoya y García Luna en los próximos comicios electorales? En Sputnik, consultamos a expertos para explicar el tema.
Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia de México, abanderado por la unión de cuatro partidos políticos, la coalición Juntos Haremos Historia. Desde un inicio, el ahora mandatario propuso que su Gobierno sería el de la cuarta transformación (4T), con el cual pretende apuntalar un cambio político-social en el país, bajo el combate a la corrupción como eje principal de su administración.
En consecuencia, la actual cruzada anticorrupción que el Gobierno de López Obrador ha emprendido contra exfuncionarios de los gobiernos pasados responde al cumplimiento de su principal compromiso de campaña. Entre estos casos, destacan dos, el juicio contra el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) Emilio Lozoya Austin y el proceso penal contra el extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Genaro García Luna.
Para Ibrahim Lira, maestro en comunicación política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las acciones del actual Gobierno tienen su origen en una presencia axiológica de valores humanos que marca la orientación de la política nacional.
«El dogma que tiene López Obrador y su gente alrededor es de lograr la transformación del país. ¿Y qué implica esto? Pues el eje principal es la honestidad, la no corrupción del partido. (…) Entonces, lo que estamos viendo con esta detención de altos funcionarios de gobiernos pasados, pues es esta lucha contra la corrupción, de este valor tan fuerte», apuntó.
Roberto Zepeda Martínez, doctor en relaciones internacionales por la UNAM, coincide en que el sinnúmero de acciones contra quienes hayan cometido actos de corrupción o contra la estructura financiera del crimen organizado, como la congelación de cuentas del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es consecuencia de los objetivos que planteó López Obrador desde su campaña.
¿Habrá un cambio en la política anticorrupción mexicana?
La historia contemporánea de México se caracteriza por tener diversos casos de corrupción en los que al parecer están involucrados personajes de las altas esferas del poder. Pero hasta el momento, no ha habido procesos penales en los que se juzgue a exfuncionarios con altos cargos en gobiernos pasados y mucho menos que se investigue la red de corrupción gubernamental que participó.
Por lo tanto, el proceso judicial que se lleva contra Lozoya Austin por los sobornos de Odebrecht y la compra de Agronitrogenados podría marcar el inicio de una nueva política anticorrupción en México; esto, porque de acuerdo con la información que se ha proporcionado, el exdirector de Pemex presentará pruebas que lleven a abrir expedientes judiciales contra otros exfuncionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto.
En este sentido, el maestro Lira considera que las acciones emprendidas por el Gobierno de la 4T podrían ser parteaguas en términos de política anticorrupción, dado que se han ventilado casos de sobornos y otras acciones ilícitas tanto de exgobernadores y de exfuncionarios, los cuales «ahora sí parece que pueden ser castigados».
Por su parte, el presidente López Obrador ha reiterado en diversas ocasiones que se seguirá combatiendo la corrupción. Incluso, el pasado 2 de agosto, lanzó un mensaje a través de sus redes sociales en el que reafirmó su compromiso por esclarecer casos de corrupción y dijo que el caso Lozoya es fundamental porque dará a conocer nombres de quienes recibieron sobornos de Odebrecht y de quienes participaron en la compra fraudulenta de Agronitrogenados.
Leonardo Curzio, investigador del Centro de Investigaciones de América del Norte (CISAN) de la UNAM, opina que los procesos jurídicos que se realizan actualmente contra algunos exfuncionarios que participaron en dichos delitos dan credibilidad al eje más importante de los objetivos políticos propuestos por el Gobierno de la 4T: el combate a la corrupción.
«El poder documentar, acreditar que la corrupción era no solamente una cuestión genérica en México, sino especificar con todo detalle cómo operaba, yo creo que es un avance muy importante. Ahora bien, falta que esto desemboque en un verdadero proceso con amplia información y no una cuestión como hasta ahora ha sido en términos informativos», señaló.
Respecto a este último punto, Curzio precisó que es posible que el caso Lozoya concluya en un proceso en el que puedan ser juzgados otros exfuncionarios de alto nivel, pero que por el momento la Fiscalía General de la República (FGR) deberá transparentar el proceso al hacer públicas las declaraciones del exdirector de Pemex.
En este sentido, indica que el gran tema es descubrir la red de corrupción que permitió que Lozoya incurriera en delitos de este tipo, con el fin de derivar culpabilidades hacia otros exfuncionarios de alto nivel. Pues de este modo, se probará «si estamos ante un caso que puede ser uno más de la larga serie de casos anticorrupción o un cambio de darnos a conocer toda la red y sobre todo crear instrumentos antídotos para que este asunto no se reproduzca nuevamente».
La 4T en perspectiva electoral
Si bien, el combate a la corrupción es uno de los ejes de la administración de la 4T, la profundización de la esta lucha no se puede desligar de los próximos comicios electorales en el país, en el que el partido que encabeza López Obrador, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), probará su fuerza política.
El próximo año se llevarán a cabo las elecciones intermedias, en las que se renovarán 21.368 cargos y 15 gubernaturas. Estas elecciones serán esenciales para constituir el mapa político de los próximos años, entre quienes apoyan a López Obrador y quienes rechazan su gestión; además, la elección de 500 legisladores, 300 por mayoría simple y 200 por la vía plurinominal, marcará el rumbo de las reformas gubernamentales.
Como consecuencia, los procesos penales que actualmente se llevan contra exfuncionarios de los principales partidos opositores: Partido Revolucionario Institucional (PRI), por Lozoya Austin, y el Partido Acción Nacional (PAN), por García Luna, podrían ser solo actos coincidentes, pero con claras consecuencias políticas para los próximos comicios electorales.
De este modo, Zepeda Martínez opina que la actual tendencia política que encabeza el Gobierno de la 4T está dirigida hacia el establecimiento de una transición gubernamental, pues «lo que antes pasaba era que había presidentes del PRI o del PAN, pero entre ellos había ciertas alianzas o ciertos pactos, y yo creo que lo que estamos viendo ahora con López Obrador es cierta renovación de las élites políticas».
«Todo gobierno que haga bien las cosas, incluido el combatir la corrupción, tiene todo el derecho de usar esto electoralmente; es decir, poder demostrar que ellos sí hacen lo que los otros no hacían o que sí hacen lo que prometieron en campaña. Por tanto, esa dimensión la veo presente y la veo legítima», manifestó Curzio.
Con información de Sputnik
