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Denuncia Regidor Panista Corrupción y Hostigamiento a Comerciantes Ambulantes en Guadalajara

Fernando Garza Martínez, regidor del PAN en Guadalajara, acusó en rueda de prensa a la superintendencia del Centro Histórico de presuntos actos de corrupción y hostigamiento hacia comerciantes ambulantes. Garza Martínez señaló que pese a haber solicitado una investigación al alcalde Lemus hace diez días, hasta el momento no se ha tomado acción alguna.

Falta de Respuestas
El edil mencionó que en la última sesión de ayuntamiento pidió al alcalde que se investigara la situación por medio de la contraloría ciudadana. «Ya pasaron diez días y no ha ocurrido nada”, lamentó Garza Martínez.

Aumento de Ambulantes
Asimismo, destacó que el número de comerciantes ambulantes en el Centro Histórico ha aumentado notablemente en los últimos meses. “Si ustedes se dan una vuelta aquí por Zaragoza van a notar la cantidad de ambulantes que no existían hace dos o tres meses. La calle está totalmente saturada», alertó.

Situación de los Permisos
El regidor también recordó que el año pasado solicitó a la superintendencia y la contraloría una investigación sobre los 77 permisos autorizados en el centro histórico. A más de un año de la petición, no se ha recibido respuesta alguna.

Casos Específicos
Garza Martínez señaló la preocupante situación en áreas como el Parque de la Revolución y el tianguis del “Baratillo». Mencionó que el número de comerciantes en estos espacios ha aumentado de forma exponencial, pasando de 700 a aproximadamente 1,500 en el Parque de la Revolución y de 5,000 a 15,000 en el tianguis del “Baratillo”.

Llamado a la Contraloría
El edil urgió a la contraloría a que inicie una investigación sobre estos casos, particularmente sobre los presuntos cobros de entre 500 y 600 pesos semanales para permitir la instalación de los comerciantes ambulantes.

Iniciativas Ignoradas
Finalmente, Fernando Garza Martínez criticó que las iniciativas que presentó el año pasado para un censo de tianguistas y la inspección de maquinitas continúan sin ser dictaminadas, lo cual considera un acto de “mala leche” por parte de las autoridades.

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