El Centro de análisis multidisciplinario de la Universidad Nacional de México analizó cómo durante los últimos cuarenta años el neoliberalismo ha desmontado al sistema de seguridad social en el país. Sputnik te explica los efectos de esta política y qué significa en tiempos de pandemia.
Aunque históricamente el capital consideraba que el sistema de seguridad social era una inversión estatal clave para asegurar el bienestar de los trabajadores —encargados de generarles ganancias al venderles su tiempo vital— esta consideración sufrió un viraje a finales de la década de 1970, cuando el mundo comenzó a ser políticamente otro.
El avance de la privatización del antiguo sistema público de seguridad social en el continente americano ha causado «trabas para acceder y ejercer» este derecho para miles de personas que viven de su salario.
En México, esto se revela en los mínimos históricos que ha alcanzado el gasto público en el sector salud en los últimos diez años, que para 2020 significó apenas el 2,5% del producto interno bruto del país.
Esta cifra puede comprenderse a cabalidad cuando se la compara con la inversión de otros países populosos del continente americano: Argentina dedica el 6,6% de su PIB a la salud de su población, mientras Brasil dedica el 4% de su producto interno bruto.
El ocaso mexicano
Según el análisis del CAM, la representación del gasto público destinado al sector salud con respecto al producto interno bruto de México «refleja un estancamiento durante la última década al observarse un promedio acumulado de 2,71%, aunque en los últimos tres años, el promedio bajó a 2,5%».
© Foto : Cortesía del Centro de análisis multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México
Gasto público en el sector de Salud mexicano en el periodo de 2010 a 2020
Esta contracción fue medida por un informe elaborado en octubre de 2019 por el Centro de investigación económica y presupuestaria (CIEP) a cargo de la investigadora Judith Senyacen Méndez, en el cual se explica cómo en la última década «la brecha en el gasto per cápita entre instituciones de salud se redujo, ya que este indicador se contrajo en todas las instituciones de salud como resultado de un presupuesto ineficiente, que no está vinculado al incremento de la población afiliada», puede leerse en el citado informe.
El sistema de salud en México es, en realidad, una serie de subsistemas más o menos integrados, cada uno de los cuales atiende a un sector específico de población.
Según la investigación de Méndez, cada uno de los siete subsistemas de salud existentes en México tienen diferencias entre sí según la población a la que se dirigen, a quienes brindan paquetes de atención diferentes que, a su vez, tienen «brechas significativas en los recursos disponibles para hacer frente a las necesidades de atención a la población».
Esta inversión mínima de presupuesto federal en el sistema público de salud, se complementa con un déficit estructural de recursos humanos preparados, que se calcula en una falta de 120.000 médicos, según los promedios sugeridos por la Organización y cooperación para el desarrollo económico (OCDE) y casi 300.000 enfermeras, según la recomendación de la Organización mundial de la salud, que refiere que como mínimo un país requiere de 60 enfermeras cada 100.000 habitantes.
Hoy, México tiene poco más de 286.000 enfermeras, según datos oficiales de la Secretaría de Salud, que da un promedio de entre 18 y 20 enfermeras cada 100.000 habitantes.
Existe una tercera complicación coyuntural vinculada al cambio institucional que se lanzó en enero de 2020, cuando el antiguo Seguro Popular fue eliminado para pasar sus funciones al nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) al que se le otorgó un presupuesto de 72.000 millones de pesos (3.200 millones de dólares) para ejecutar en su primer año de funciones, una cifra menor a la disponible para el antiguo Seguro.
Esto podría leerse como otro elemento de debilidad para el subsistema destinado a la atención de la población en general que no está asegurada por los otros subsistemas vinculados a la formalidad laboral.
Este 2020, el Insabi recibió un presupuesto menor con el que deberá atender a más gente, debido al aumento del desempleo y la informalidad del ajuste estructural —que se está dando al mismo tiempo que la pandemia tiene su curso en México —y que por tanto, deberá ser complementado por una alta inversión del bolsillo de los pacientes más pobres.
El promedio del gasto que los mexicanos deben hacer para cubrir su atención en salud representa el 41% del costo de atención, mientras en Brasil es de 28% y en Argentina, del 15%. Es decir, es mayor la inversión individual que los ciudadanos tienen que hacer para curarse en salud, cuanto menor es la inversión pública destinada presupuestalmente por los gobiernos de cada país.
«El gasto público en salud está por debajo de las recomendaciones internacionales y de las estimaciones con bases epidemiológicas y demográficas. Su baja prioridad se refleja en el bajo porcentaje destinado al sector, que actualmente tiene una tendencia decreciente», señala Méndez en su informe. Y explica cómo esto se debe a que la formulación presupuestal para la atención en salud de los mexicanos no se hace en relación a la cantidad de personas que cada subsistema debe atender.
En este caso, es claro el incremento de personas que van a recurrir al Insabi, que no ha sido fortalecido económicamente para este fin y por tanto, producirá una nueva contracción del gasto per cápita para la atención de la población más pobre, porque en México la inversión presupuestal no sube al mismo ritmo que sí sube la demanda de gente que el sistema público debe atender.
Más trabajadores sin seguridad social
La pauta que ha seguido el mundo laboral mexicano durante los últimos 15 años según analizó el CAM en su Reporte 132: Los costos sociales por la pandemia de COVID-19, es un incremento de 24,6% de trabajadores sin acceso a instituciones de salud.
© Foto : Cortesía del Centro de análisis multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México
Trabajadores sin acceso a instituiciones de salud de México
Según el análisis del CAM al que Sputnik tuvo acceso, para el año 2005 había en México 27.419.587 trabajadores sin acceso a instituciones de salud, mientras para el primer trimestre del 2020, esta cifra había subido a 34.167.349 millones de trabajadores, según datos oficiales tomados del Instituto Nacional de estadística y geografía (Inegi).
La falta de atención pública en salud, combinado al alto porcentaje de gasto del bolsillo de cada enfermo, son los principales factores de desigualdad en la atención que una persona que se infecta de COVID-19 tiene que enfrentar.
Según datos obtenidos por el CAM, para quien trabaja sin seguro, «el tratamiento requerido por el nuevo coronavirus es sencillamente impagable» ya que la Asociación mexicana de instituciones de seguros (AMIS) calculó que el costo aproximado por paciente internado en un hospital privado asciende a los 410.000 pesos mexicanos, es decir, 18.300 dólares.
La Comisión nacional para la protección y defensa de los usuarios de servicios financieros ha registrado un alza en las consultas ante el advenimiento de la pandemia en México y debió poner a disposición un simulador de gastos médicos mayores para hacer frente a ello.
La preocupación surge al entender que la retracción de la seguridad social para los trabajadores es un mecanismo que puede constatarse a nivel mundial, como lo denunció la Organización internacional del trabajo: existen 4.000 millones de personas en el globo que carecen de seguro, lo que representa el 55% de la población mundial.
La situación es peor para los trabajadores que hoy se encuentran desempleados ya que solo el 20% tendrá acceso a estos beneficios laborales, debido a los cambios experimentados en las nuevas formas de contratación, que no brindan ya cobertura médica a sus trabajadores, desarticulando una de las principales conquistas históricas del movimiento sindical mundial.
Con información de Sputnik
Eliana Gilet. Sputnik Mundo
