El proceso electoral local en San Pedro Tlaquepaque ha tomado un giro judicial con la presentación del Juicio de Inconformidad 159/2024 por parte de Mirna Citlalli Amaya Luna, candidata a Munícipe. La elección, que inicialmente parecía definida con la victoria de Laura Imelda Pérez Segura, ha sido impugnada bajo diversos señalamientos de irregularidades y violaciones durante la jornada electoral y los procedimientos previos.
Amaya Luna argumenta que la elección estuvo plagada de anomalías que van desde la sustitución indebida de funcionarios de casilla hasta la desaparición de votos y boletas electorales en varios paquetes. Según la demandante, estos hechos vulneraron la certeza y legalidad del proceso, poniendo en tela de juicio los resultados consignados en el acta de cómputo municipal y el recuento parcial.
Un punto particularmente grave es la alegación de desaparición de votos válidos, nulos y boletas sobrantes en 59 paquetes electorales. Este hecho, sostiene Amaya Luna, afecta directamente la integridad del proceso y justifica la nulidad de la elección.
Otra vez un Cardenal en el Ojo del Huracán
Una acusación que ha capturado la atención mediática es la supuesta intervención del Cardenal de la Arquidiócesis de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, en la campaña de Pérez Segura. La publicación de una fotografía en redes sociales, en la que el Cardenal aparece junto a la candidata, ha sido interpretada por la demandante como una violación al principio de laicidad consagrado en la Constitución. Sin embargo, la defensa argumenta que dicha publicación no constituye propaganda electoral y tuvo un impacto insignificante en la votación.
La Defensa de los Resultados
Por su parte, Laura Imelda Pérez Segura y su equipo de defensa han refutado cada uno de los agravios presentados. Argumentan que las irregularidades señaladas por Amaya Luna son menores y no determinantes para el resultado final de la elección. Además, subrayan que los procedimientos se realizaron conforme a la normativa vigente y que la carga de la prueba recae en la parte actora, quien no ha presentado evidencias suficientes para sustentar sus afirmaciones.
En cuanto a las acusaciones de violencia y coacción, la defensa sostiene que los incidentes mencionados no están suficientemente acreditados y que no se realizó un estudio detallado de cómo estos hechos influyeron en el resultado de la votación.
Este juicio de inconformidad pone de relieve la complejidad y la fragilidad de los procesos electorales en México, donde cada elección se convierte en una prueba de fuego para la democracia. Mención aparte merece la falta de preparación por parte de los abogados electorales de la mayoría de los partidos políticos que litigan más por dichos y no con pruebas sólidas, como es el caso de la solicitud de juicio por parte de Citlalli Amaya. La resolución de este caso por parte del Tribunal Electoral será crucial no solo para determinar la validez de la elección en San Pedro Tlaquepaque, sino también para reforzar la confianza en el sistema electoral.
Las audiencias continúan, y tanto los ciudadanos de Tlaquepaque como los observadores políticos esperan con interés el desenlace de esta contienda judicial. En un contexto donde cada voto cuenta, la certeza y la legalidad del proceso electoral son fundamentales para la legitimidad de nuestros gobernantes.
Este caso nos recuerda que la democracia no termina con el cierre de las urnas; es un proceso continuo que requiere vigilancia constante y un compromiso inquebrantable con la justicia y la transparencia.
