La operación Rápido y Furioso volvió a debate el 7 de mayo, luego de que el expresidente de México Felipe Calderón reiteró que es falsa la consideración de que su administración acordara con Estados Unidos la introducción de armas al país.
«La llamada operación Rápido y Furioso fue operativo secreto, cuya implementación y resultados fueron revelados a agencias mexicanas en la medida en que fueron del conocimiento público resultados negativos no deseados por sus autores en el Departamento de Justicia», aseveró Calderón en su cuenta de Twitter.
Sputnik recopila la información que explica en qué consistió este operativo fallido.
Entre 2009 y 2011, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) de Estados Unidos ejecutó un operativo para ingresar ilegalmente a México más de 2.500 armas de fuego, las cuales contaban con un chip para rastrearlas y dar seguimiento a su paso por el país.
La operación, conocida como Rápido y Furioso, pretendía identificar a los responsables de traficar armas para el crimen organizado en México. Sin embargo, esas armas habrían sido descubiertas por los narcotraficantes, quienes lograron controlarlas y, finalmente, desaparecer el rastro que debían dejar para su seguimiento.
En diciembre de 2010 se identificaron dos de los rifles de asalto enviados a México por la ATF, los cuales fueron utilizados en un tiroteo cerca de la frontera entre Arizona y Sonora en el cual murió un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos. En febrero de 2011, un agente de la Oficina de Inmigración y Aduanas de la Unión Americana fue asesinado en San Luis Potosí con otra de las armas que formaron parte de Rápido y Furioso.
Los dos hechos fueron clave para revelar este operativo, por el cual el Gobierno mexicano, entonces encabezado por Felipe Calderón, presentó una queja a Washington para descubrir sus intenciones y ejecución. Desde entonces, el expresidente ha defendido que su administración no tenía conocimiento de que la ATF introdujo armas al país.
Rápido y Furioso también provocó una pugna entre el Congreso estadounidense y el presidente Barack Obama, quien utilizó su privilegio ejecutivo para impedir que el fiscal general entregara documentos clave sobre el operativo a la Cámara de Representantes —entonces controlada por el Partido Republicano— encargada de indagar sobre el caso.
Aun así, un funcionario del Departamento de Justicia dijo a los investigadores legislativos que la ATF había permitido el ingreso a México como parte de una táctica para «dejar que caminen las armas» por el país. Y en enero de 2012, Janet Napolitano, entonces secretaria de Seguridad Interna reconoció que se cometieron «serios errores» en la operación Rápido y Furioso, al tiempo que se prometió evitar su repetición.
Finalmente, en 2016, la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia publicó un informe final de la investigación, donde consideró que Rápido y Furioso fue irresponsablemente supervisado. Además, acusó que tanto la ATF, como los fiscales federales de la Unión Americana, «fracasaron en considerar adecuadamente los riesgos para la seguridad pública de Estados Unidos y México».
En 2017, el Gobierno mexicano recuperó unas 500 armas procedentes de ese operativo. Todas estaban en manos de la delincuencia organizada, y la mayoría fueron decomisadas en los estados de Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí.
Tras los comentarios del expresidente de México Felipe Calderón en Twitter, el 8 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que solicitó a su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, remitir una nota diplomática al Gobierno de Estados Unidos con el objetivo de solicitarle información sobre Rápido y Furioso.
«Estamos ante un caso delicadísimo, porque se está reconociendo que hubo una intromisión ilegal, violatoria de nuestra soberanía, por un gobierno extranjero, en el caso de que no existiera cooperación. Entonces, si ya sabemos esto de parte del expresidente, pues vamos a mandar una nota diplomática al Gobierno de EEUU. Queremos informe sobre este caso, que informe el Departamento de Justicia», explicó.
Por Jorge Cortina Montiel. Sputnik Mundo
