Dudas y cuestionamientos entre la población de Jalisco es lo que ha generado el endeudamiento por seis mil millones de pesos a un plazo de 20 años.
“¿Por qué fue aprobado tan prematuramente?, ¿Realmente se usará para contrarrestar los efectos que dejará la emergencia sanitaria por el COVID-19? y ¿Por qué no existe claridad sobre el destino que tendrán esos recursos?”, son algunas de las preguntas que se escuchan entre los habitantes del estado, quienes han usado las redes sociales para expresar sus inconformidades.
El financiamiento, que fue aprobado por la Mesa de Reactivación Económica integrada por empresarios, sindicatos, universidades y autoridades y que aún no está registrado en la Secretaría de Hacienda, elevará la deuda del estado a 30 mil 641 millones de pesos.
En marzo de 2019 se autorizó un crédito por 5 mil 250 millones y el pasado 22 de mayo el Congreso estatal, con 28 votos a favor y 10 en contra, autorizó otra deuda por 6 mil 200 millones de pesos.
El argumento planteado por el gobierno de Jalisco para el financiamiento fue la reactivación económica tras la emergencia sanitaria por el Coronavirus SARS-CoV-2 a través de obras públicas que prevén que genere 60 mil empleos, poco menos de los que se estima se perderán durante este año.
El camino del crédito
Durante la sesión del viernes 22 de mayo en el Legislativo jalisciense, la bancada de Morena proyectó un video de uno de los debates de la campaña electoral de 2018 donde el actual gobernador afirmó: “Mi compromiso es puntual, no va a haber en mi gobierno un solo peso de deuda pública”.
Esto luego de que la aprobación del financiamiento se hiciera con premura, pues la propuesta llegó el miércoles 20 de mayo junto con modificaciones a la Ley de Ingresos 2020, se presentó el jueves a los diputados y en la Comisión de Hacienda se dictaminó el viernes, mismo día que fue votada por los diputados.
“Nos llegan a quemarropa las iniciativas. El viernes le hicieron modificaciones para resarcir errores que venían. Ensuciaron el proceso. Estrecharon términos en un asunto tan trascendente sin dar oportunidad de nada”, relató la diputada de Morena, María Esther López Chávez, presidenta de la Comisión de Responsabilidades.
El señalamiento más constante en la petición de endeudamiento fue la ausencia de un listado de proyectos donde se detalle cómo, cuándo y dónde se aplicarán los recursos y, además, tampoco se establecieron los beneficios de las obras que se llevarán a cabo.
“Todas las iniciativas deben manejarse con el impacto presupuestal que tendrán, entonces con mayor razón debe esclarecerse esto cuando se habla de un endeudamiento para Jalisco de 20 años. Sin embargo, no se dice cuánto vamos a pagar de intereses y cuánto va a costar reactivar la economía”, señalo la legisladora morenista.
Destino incierto de los recursos
Por su parte, Mariana Fernández Ramírez, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana y Transparencia, lamentó que en la iniciativa no se especificara dónde construirán escuelas o la infraestructura hospitalaria que se pretende realizar.
“No se sabe cuál es el monto para cada municipio y cuáles serán los beneficiarios para que sea un tema equitativo y no un reparto con fines políticos”, expresó e hizo hincapié en que no se explicó cómo será la licitación de los bancos.
En las modificaciones presupuestales no se disminuyó el gasto de promoción de actividades del gobierno, que invertirá 137 millones 545 mil pesos en lo que resta del año en este rubro, sin embargo, la que sí tuvo un recorte del 43.8 por ciento fue la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública.
“Lo más grave que vimos en la deuda es que triangularon todos los recursos para que les cuadrara”, añadió la legisladora.
“En su decreto dice que lo van a ejercer hasta 2021, eso rompe el discurso que era una emergencia por COVID-19”, subrayó la Fernández Ramírez, quien cuestionó además la reducción presupuestal en seguridad y otros rubros sensibles como la atención a la violencia de género y personas desaparecidas.
Los asuntos pendientes
Cabe señalar que la inversión en obra pública se llevará a cabo en un contexto donde Jalisco cerró la temporada de influenza como el estado con más muertes por esta enfermedad, es tercer lugar nacional en incidencia de dengue, se contabilizan más de 9 mil desaparecidos y se registran mil 787 denuncias por violencia familiar.
Alberto Bayardo, académico de la Maestría en Política Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, consideró que la aprobación del crédito por 6 mil 200 millones y los ajustes a la Ley de Ingresos permiten mucha discrecionalidad a Enrique Alfaro Ramírez.
“La rendición de cuentas va a ser complicada, no hay elementos para decir ¿por qué te gastaste el dinero en esto y no en esto otro?”, lamentó y calificó la situación de Jalisco como grave.
“Tenemos un endeudamiento histórico. La deuda por sí sola no es mala, pero la deuda que dejó Emilio González Márquez (10 mil millones de pesos en 2012) no se vio en qué benefició el estado y con la falta de claridad con la que se aprobó este endeudamiento, tampoco nos deja claro si nos beneficiará en algo a los jaliscienses”, sostuvo.
La primera deuda solicitada por la actual administración, la cual ascendió a 5 mil 250 millones de pesos, se destinó al programa de obra pública denominado “A Toda Máquina”, que fue cuestionado por favorecer a empresas cuyos dueños son cercanos a Alfaro Ramírez.
“Falta que el Sistema Estatal Anticorrupción se pronuncie por el tema ‘A Toda Máquina’ que está bajo investigación por posible conflicto de intereses y una licitación muy rara, parecería que fue una simulación, pero aún no se aclara. Con ese antecedente, que se le apruebe el endeudamiento, me perece grave”, consideró.
Puerta abierta a la corrupción
La legisladora morenista María Esther López Chávez coincidió en que “A Toda Máquina” tuvo un manejo opaco.
“Tenemos los antecedentes de cómo se ha manejado antes. Dos constructoras se quedaron con los contratos de carreteras por más de 3 mil millones de pesos, ¿cómo quieren que creamos?”, cuestionó y advirtió que el manejo financiero estatal abrió la puerta a la corrupción.
Las empresas constructoras que obtengan contratos de obras pagadas con los 6 mil 200 millones de pesos deberán entregar el 2 por ciento del valor del monto asignado, el cual se irá a un fondo denominado “Reinicia”, que busca otorgar apoyos a micro y pequeñas empresas como parte del Plan de Reactivación Económica estatal.
“Es penoso porque estamos institucionalizando el ‘moche’, si no das el 2 por ciento del contrato no lo vas a tener, es como ‘cooperas o cuello’. Los recursos se van a aplicar a negocios ¿a cuáles? No específica, no tiene criterios ni reglas de operación, no viene con nada la iniciativa”, destacó López Chávez.
El endeudamiento comprometido a 20 años dejará sin posibilidad de endeudarse a seis futuros gobernadores, aseguró Mariana Fernández Ramírez, quien estimó que este año se van a pagar por intereses 100 millones de pesos y hay años donde se erogarán 500 millones.
“Esto va a marcar las finanzas del estado para siempre, las próximas generaciones no van a poder pedir deuda para proyectos prioritarios. Nos robaron la posibilidad de decidir qué proyectos necesita la entidad durante los próximos 20 años”, concluyó.
Con información de Notimex
