El Gobierno de México presentó su iniciativa de reforma para regular la figura de la subcontratación (outsourcing), la cual será enviada de inmediato a la Cámara de Diputados luego de ser firmada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
«Hoy se presentará una iniciativa de ley para poner orden en la subcontratación, que se ha usado como una forma de defraudación fiscal y que afecta a los trabajadores al negarles sus derechos laborales», comentó.
A su vez, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, explicó que la propuesta plantea modificaciones a las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el Código Fiscal, así como las normas sobre el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA).
En específico, la funcionaria federal indicó que la iniciativa se concentra en regular las figuras de la subcontratación de personal, misma será prohibida en México; los servicios y obras especializados, que será regulada a través de la creación de un padrón público de las empresas que están autorizadas para utilizar esa figura y las agencias de colocación, que ahora tendrán prohibido contratar en lugar de los patrones, aunque podrán intervenir en los procesos de reclutamiento para terceras empresas.
Alcalde acusó que la subcontratación ha servido para inscribir en el Seguro Social a los trabajadores por debajo de su salario real. Esta práctica genera afectaciones en prestaciones como los fondos de vivienda, liquidaciones, indemnizaciones, licencias de maternidad o incapacidad.
«Hay simulación en quién es el verdadero patrón y una afectación a la antigüedad», sostuvo.
En el mismo sentido, López Obrador culpó a las grandes empresas de tener hasta 250.000 trabajadores bajo la figura de subcontratación para evadir sus responsabilidades laborales.
«Les despiden masivamente en fin de año y no les reconocen sus derechos, ni aguinaldo, ni nada, por este mecanismo que se creó para facilitar a las empresas la contratación de servicios que se deformó y se echó a perder», explicó.
La iniciativa de ley, según el presidente, «va para poner orden en todo lo relacionado con la subcontratación, llamado outsourcing».
El 27 de octubre, el mandatario mexicano anunció que presentaría una reforma de ley a la figura de la subcontratación con el objeto de que las empresas no siguieran eludiendo sus responsabilidades con los trabajadores.
«No queremos hacer una reforma que puedan burlar de nuevo, se supone que en apego estricto a la ley del trabajo tiene que cumplir con ciertas obligaciones… [Se intentó regular] pero hay quienes no ayudan. Son de esas decisiones en donde pagan justos por pecadores, hay muchos empresarios responsables, y hay otros, que en sentido estricto no son empresarios, son coyotes, traficantes de influencias, que abusan de todos estos mecanismos de contratación de trabajadores», mencionó entonces.
Estimaciones afirman que al menos 4,5 millones de personas laboran bajo esquemas de subcontratación de manera formal en México. Diversos especialistas consideran que, en muchos casos, las empresas que los contrataron no cuentan con la capacidad administrativa ni financiera para incorporarlas a su nómina, por lo que eliminar esta figura podría generarles mayores costos de operación.
Por otra parte, se reconoce que hay otras empresas que utilizan esta figura de manera ilegal a fin de simular pagos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como sus pagos de utilidades, entre otras acciones similares, con la intención de evadir impuestos y precarizar el empleo.
Expertos laborales y funcionarios de la Secretaría de Economía (SE) coincidieron recientemente en que una reforma al sistema de subcontratación en México debe darse de forma escalonada, ya que, de lo contrario, se podrían amenazar a las empresas y a los trabajadores que laboran bajo esta figura.
