Cinco amparos judiciales provocaron nuevas suspensiones de las obras de construcción del Tren Maya durante los últimos quince días
La justicia mexicana reconoce en la figura del amparo un recurso que cualquier persona puede interponer contra un acto de autoridad, cuando entiende que sus derechos han sido violados por esta.
En el caso del Tren Maya, estos amparos han sido tramitados por distintos colectivos locales «ante una serie de irregularidades detectadas, porque el proyecto desde su arranque ha sido opaco en términos de acceso a la información para las comunidades afectadas», explicó a Sputnik Jorge Fernández, abogado del Equipo Indignación. Este colectivo lleva la representación legal de la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal y el Colectivo Chuun t’aan Maya.
Tanto los tres amparos conseguidos por estos dos colectivos para el tramo 3 del Tren en Yucatán, así como otro tramitado por el Colectivo Kanaan para el mismo tramo y el más reciente, en el estado de Campeche, a favor de un grupo de habitantes de San Francisco Campeche a inicios de marzo de este año, han cosechado un mandato judicial para detener las nuevas obras de construcción del megaproyecto del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Tanto el caso de Campeche como la suspensión obtenida por el Colectivo Kanaan en Yucatán tienen carácter de permanentes, es decir: detienen las obras en tanto no se resuelva el juicio de amparo que han interpuesto. En el caso de los tres amparos del tramo 3 mencionados al inicio, su suspensión es aún provisoria, hasta que se realice la audiencia incidental, en el correr del mes en curso.
Existe además otra suspensión permanente que fue otorgada en Chiapas a las comunidades Ch´ol contra el tramo que va entre Escárcega y Palenque, otra en Campeche en favor de las comunidades del Consejo regional indígena y popular de Xpujil.
Segunda suspensión en Campeche
Kalycho Escoffié es parte del equipo de asesoría legal del Colectivo Tres Barrios, que nuclea a los habitantes de Santa Lucía, la Ermita y Camino Real, de la ciudad San Francisco Campeche, capital del Estado homónimo, tradicionales desde su fundación, previo al siglo XIX.
«Están a tres cuadras de la parte de la ciudad que concentra la mayor parte de la vida social, económica y cultural de la capital del estado. Son barrios consolidados que forman parte de la vida de la ciudad que ahora se ven amenazados por la vía del tren que se construyó en los años 1930», describió Escoffié en diálogo con Sputnik.
La fuente expresó que el tramo que va de Escárcega a la ciudad de Mérida es posterior al establecimiento de los barrios. Actualmente, opera únicamente para transportar carga y no pasajeros, aunque su funcionamiento ha sido motivo de constantes quejas para los vecinos.
Ahora, el proyecto turístico del Tren Maya propone que esa circulación aumente cinco veces la velocidad del tren y se utilice el doble del ancho actual de la vía.
«El Gobierno Federal ha indicado que esto va a representar un desalojo para todas las viviendas que se encuentren sobre la vía del tren. Unas 300 familias se verían afectadas por el mal llamado proceso de relocalización consensuada», señaló Escoffié.
El equipo legal que representa a estos vecinos presentó un primer amparo judicial en contra del desalojo forzoso que significa este proceso de relocalización consensuada, que según apuntó Escoffié, no ha sido dialogado con los afectados a pesar de lo que diga su nombre.
«Para esto, el Gobierno ha contratado una consultoría de ONU Hábitat en asesoría técnica para la remoción de las personas que habitan estas 300 casas aproximadamente», relató la fuente y señaló que a los afectados no se les ha dado la opción de permanecer, sino cómo van a ser desplazadas.
En abril de 2020 se presentó un primer juicio respaldado por más de 200 personas, aunque el Juzgado primero de Distrito de Campeche únicamente reconoció a 35 como demandantes en el proceso. Esta demanda generó la suspensión provisional primero y la permanente después, cuya medida cautelar fue detener los censos, encuestas, visitas e inspecciones que forman parte de la primera etapa del «proceso de relocalización consensuada»
En febrero de 2021, otro grupo de 80 vecinos presentó otra demanda en los mismos términos, logrando los mismos efectos que paralizaron el proceso y elevando a 110 la cantidad de casas que entraron al litigio por no ser desalojadas de manera forzosa por el avance del Tren Maya.
En este caso, se demandó también el proceso de reordenamiento territorial para Campeche, que viene aparejado al trazado del megaproyecto. El mismo Juzgado les otorgó la suspensión definitiva este 3 de marzo de 2021.
«La del Colectivo Tres Barrios es una lucha contra los desalojos forzosos, que son una violación al derecho a la vivienda conforme al estándar internacional», apuntó Escoffié.
Cuatro suspensiones en Yucatán
Roberto Sánchez es integrante del Colectivo Kanaan Derechos Humanos que trabaja en la defensa y acompañamiento de casos sobre violaciones a derechos humanos en la península de Yucatán.
En diálogo con Sputnik, Sánchez explicó que tramitan dos amparos argumentando fallas en el proceso de aprobación ambiental del Tren Maya, que causó la primera suspensión definitiva de las obras en tres municipios de Yucatán: Chololá, Mérida e Izamal.
«Dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental del Tren Maya, la ley establece una consulta pública. Durante ese proceso, nos dimos cuenta de que faltaban una serie de anexos de información y pedimos esa información a la Secretaría de Medio Ambiente», explicó el representante legal.
Sin embargo, durante ese trámite, la Secretaría ambiental (Semarnat) concluyó el proceso de evaluación de la manifestación de impacto ambiental y otorgó su permiso (o licencia ambiental) al Fondo Nacional de fomento al turismo (Fonatur) para que avance con el proyecto.
Kanaan presentó una demanda de amparo contra este proceso ante el Juzgado Tercero de Distrito de Yucatán y obtuvo la suspensión provisional en enero de 2021 y la suspensión definitiva de nuevas obras en los tres municipios, a fines de febrero.
Por su parte, el abogado del Equipo Indignación, Jorge Fernández, explicó a Sputnik que las otras tres suspensiones que completan este quinteto fueron brindadas por la Justicia de Yucatán en favor de dos colectivos mayas (Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal y el Colectivo Chuun t’aan Maya) que presentaron sus demandas por separado.
Cada uno se amparó argumentando que «el proceso de análisis y aprobación de la manifestación de impacto ambiental no había contado con la participación, opinión e información hacia los pueblos indígenas», aclaró el abogado.
Fernández explicó que parte del argumento que fue presentado ante el Juez hizo hincapié en que, aunque el Tren Maya abarque cinco entidades federativas, la autoridad ambiental está analizándolas por separado.
«No está habiendo un análisis integral de los impactos del mega proyecto en toda la región, ni estableciendo los posibles impactos acumulativos del proyecto general», concluyó Fernández.
La situación de esta suspensión —si se vuelve definitiva o se levanta— será resuelta en una audiencia incidental a cargo de la Jueza Cuarta de distrito de Yucatán en las próximas semanas de marzo de 2021.
Con información de Sputnik
