Una delegación del Gobierno Federal viajó a la capital de Chiapas promoviendo la solución a un conflicto de tierras de décadas en la región de Los Altos. Sin embargo, la violencia que proviene del accionar de grupos paramilitares no forma parte del análisis oficial, señalan desde el Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Una serie de ataques armados que se extendieron durante los días 14, 15 y 16 de agosto en una zona limítrofe entre dos municipios de Los Altos de Chiapas, provocó el desplazamiento forzado de más de 1.600 personas, según pudo constatar el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), del sureño estado de Chiapas.
Según relató a Sputnik su director, Pedro Faro, el equipo del Frayba pudo contabilizar 56 episodios de ataques armados contra la población civil indígena de la zona, en los tres días del mencionado fin de semana de mediados de agosto.
Aunque las raíces del problema llevan hasta un problema del límite de tierras entre dos municipios que sufrieron una división administrativa caprichosa años atrás, la presencia de grupos con armas de alto calibre y poder de fuego se manifestó en la zona desde el año 2016 y con mayor frecuencia a partir del año 2018, según los datos del Frayba.
Desde el año 2018 a la fecha, este centro de derechos humanos da cuenta de 510 episodios de ataques armados a 13 comunidades de esta región de Los Altos en el estado de Chiapas, que significan un promedio de al menos tres ataques armados por semana en dos años y ocho meses.
El sitio en disputa es el área ficticia que divide a dos pueblos tzotziles, mayas, en torno a una cañada que forma una zona irregular y de bajo interés económico: en el alto está el pueblo de Santa Marta que forma parte del municipio de Chenalhó y abajo, está Aldama, parte del municipio del mismo nombre.
«Hemos documentado que el territorio es una cañada accidentada dónde está Aldama y los disparos vienen desde arriba, de Santa Marta, que ocupa la posición lógica y militar para agredir a estas comunidades en desventaja, es absurdo pensar que disparan para arriba», apuntó Faro en diálogo con este medio.
Guerra para el exterminio
El director del centro de derechos humanos fue claro al señalar que no han hallado en la zona presiones de grandes empresas trasnacionales o nacionales por concretar proyectos extractivos, que suelen atraer violencia a territorios pacíficos y rurales como estos, dónde vive población campesina cuyo sustento es el campo, el trabajo agrícola y artesanal.
«Están en un clima de guerra, las casas parecen coladeras (por los impactos de bala), hay un impacto económico y psicológico en la región, con familias, mujeres y niños que no pueden generar un proyecto de vida como antes, siquiera sembrar y hemos alertado que por eso viene una gran hambruna ante la imposibilidad de cosechar para su autoconsumo», explicó Faro a Sputnik.
Mucho menos han podido tejer o realizar una serie de artesanías que luego fluyen por los canales comerciales de la región y las ciudades, a dónde bajan con sus productos a la venta, como la propia San Cristóbal de las Casas dónde el centro de derechos humanos tiene su sede o la capital estatal, Tuxtla Gutiérrez.
A esta ciudad viajó una delegación del Gobierno Federal encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quien mantuvo en la mañana de este viernes 28 de agosto de 2020, una reunión con representantes políticos de ambos municipios «en conflicto», buscando un alto a la violencia que tiene a 13 comunidades tzotziles como rehenes.
«Son trece las comunidades agredidas por ataques armados constantes y reiterados, de corte paramilitar, que han causado el desplazamiento de manera forzada de 2036 personas desde el año 2016. Varias se desplazan de manera intermitente, un concepto que usamos para explicar cómo la gente se desplaza con la violencia y cuando se calma, regresan a sus comunidades y sus tierras. Eso ha sido una constante en los últimos años», explicó Faro.
Señaló que la situación actual es parecida, cuando tras los ataques del fin de semana de mitad de agosto de 2020, el posterior despliegue que efectivos de la llamada Base de Operaciones Mixtas (BOM) compuesta por el Ejército mexicano, la Policía estatal y agentes del Ministerio Público (justicia) bajó la intensidad de los disparos, pero aún se siguen registrando detonaciones una o dos veces al día, en contra de Aldama.
La reunión gubernamental del 28 de agosto que convocó a las autoridades de Chenalhó y de Aldama tiene como centro conciliar el pleito agrario por 60 hectáreas de terreno pero, como señala el Frayba, el problema no está ahí.
Tres décadas de paramilitarismo
«Lo que estamos denunciando es que la crisis de desplazamientos forzados que existe en el territorio de la región Los Altos de Chiapas se deriva de la reactivación de grupos de corte paramilitar, sucesores del paramilitarismo de los años 90 que fueron efecto del levantamiento armado de 1994, cuando se dio a conocer el Ejército Zapatista de Liberación Nacional», dijo Faro en entrevista.
Además de la presencia paramilitar, Chiapas se ha convertido desde mitad de la década de 1990 en una de las zonas más militarizadas de México, con la instalación de 76 campamentos del Ejército a los que se sumaron otros 12 asentamientos para la Guardia Nacional, una fuerza creada en el actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
«Esto ha generado una serie de violaciones graves a los derechos humanos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y desplazamientos forzados que han quedado en la total impunidad ya que el Estado no ha desarticulado a los grupos armados en la región ni ha investigado a sus propias instituciones por su papel en esta crisis», explicó el encargado del equipo de Dirección del Centro de derechos humanos Fray Bartolomé de las Casas, consultado para este artículo.
El regreso de los paramilitares a Los Altos se evidenció con la reiteración de los ataques con armas de grueso calibre, cuyos perpetradores materiales son fácilmente identificables pero no así los financiadores de esta estructura paramilitar, que mantiene sumidas en un estado de guerra permanente a trece comunidades tzotziles campesinas.
«Es necesario que los operadores de justicia desarmen a los grupos armados de la región y detengan a quienes están estibando esta violencia que tiene a los pueblos como objeto de una acción de exterminio; la respuesta del Estado es discriminatoria por no proteger sus derechos humanos, su vida y su integridad al adoptar acciones insuficientes e inoperantes ante una violencia que no para y que considera sólo como un conflicto agrario», concluyó.
Con información de Sputnik
