El Gobierno mexicano trata contra viento y marea de reconstruir la industria petroquímica nacional, que fue desmantelada y un foco de corrupción, al quedar atrapada en la escandalosa red de sobornos pagados por Odebrecht, para que su filial de ese sector, Braskem, lograra jugosos contratos con la estatal Pemex.
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de «atraco» el compromiso que Pemex había firmado con Braskem y anunció que su Gobierno estudia «medidas dentro del marco jurídico» para reversar los contratos.
El jefe de Estado reaccionó así a los pasajes de la declaración que ante la Fiscalía presentó la semana pasada el expresidente de Pemex, Emilio Lozoya, y que fueron parcialmente divulgados por la prensa a instancias del Gobierno.
Según Lozoya, la actividad petroquímica de Pemex se vio gravemente afectada por la firma en 2010 de un contrato que entregó a Braskem la construcción de una planta productora de polietileno a la cual se le garantizó el suministro de materia prima, con un precio muy privilegiado, inferior en 30% al del mercado.
López Obrador estimó que tan solo la firma del contrato con la filial de Odebrecht en México, para suministrarle la materia prima, llevó a que México perdiera 15.000 millones de pesos (más de 680 millones de dólares actuales).
La denuncia de Lozoya ante la Fiscalía ratifica que la operación de Etileno XXI fue una obra tramposa y amañada para beneficiar a Odebrecht», concluye el investigador Raúl Olmos, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en un documento de esa organización civil.
Las declaraciones del expresidente de Pemex dejan ver que las cifras estimadas del monto de sobornos entregados por Odebrecht a funcionarios, legisladores y políticos de varios partidos en México «superan en más del doble lo que hasta ahora conocíamos», subrayó el especialista, que ha tenido acceso a las «delaciones premiadas» de gerentes de la brasileña ante la Fiscalía del país sudamericano.
Negocio redondo
Lozoya, detenido en Málaga en enero pasado y extraditado desde España en julio tras acordar convertirse en testigo protegido de la Fiscalía, para desnudar casos de corrupción durante los últimos dos gobiernos, aseguró que Odebrecht entregó varios millones de dólares en sobornos para lograr la aprobación en 2012 de una reforma energética en el Congreso, que mantuviera los privilegios otorgados a Braskem.
En asociación con el grupo mexicano Idesa, Odebrecht levantó en Veracruz (sureste) una planta para producir y exportar polietileno, una materia prima utilizada ampliamente en la producción de envases y vasos desechables, tuberías y recubrimientos de cables.
Entre 2016 y 2019, esa planta exportó a EEUU y Europa más de tres millones de toneladas de polietileno, en un negocio que antes de 2010 era operado por una subsidiaria de Pemex.
Pero además, la multinacional brasileña montó la planta gracias a recursos que le fueron prestados por entidades financieras estatales mexicanas.
López Obrador especificó que en 2011, durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), Odebrecht recibió un préstamo de 50 millones de dólares a diez años para apoyar la construcción de la planta y al año siguiente.
Y durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), le fueron concedidos otros dos créditos por 280 y 190 millones de dólares de entidades financieras que manejan recursos estatales.
«Lo que sucedió durante el periodo neoliberal no tiene precedentes, es el saqueo más grande que se haya cometido en la historia de México», señaló durante un acto público el presidente mexicano el fin de semana.
Materia corrupta
Los beneficios para la filial de Odebrecht incluyeron el suministro por parte de Pemex de 66.000 barriles diarios de gas etano para la planta en Veracruz, con un costo inferior en 30% al del mercado asumiendo además la empresa mexicana el costo total del transporte.
En forma leonina, si Pemex incumplía con la entrega de esta materia prima, debía pagar elevadas multas en favor de la subsidiaria de la multinacional brasileña.
El Gobierno mexicano estima que durante la vigencia del contrato Pemex ha debido pagar unos 95 millones de dólares por incumplimientos en el suministro de gas etano.
El abogado Paulo Díez, que lleva una década denunciando casos de corrupción relacionados con la producción de la planta de Etileno XXI, señaló que mantener el contrato de suministro de materia prima, en los términos pactados, provocaría en próximos años un detrimento de entre 1.820 y 3.407 millones de dólares para Pemex.
Díez señaló que la trama de esta fábrica durante gobiernos de partidos distintos -Calderón era del Partido Acción Nacional y Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional- muestra que en México funcionaba un «pacto de impunidad transexenal, transversal a todos los partidos políticos».
El presidente planteó el 24 de agosto la ruta legal para realizar un referéndum a mediados de 2021, que preguntaría al electorado si los expresidentes de la República deben ser enjuiciados por casos de corrupción, como los sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht, entre otros escándalos.
