El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó que la Fiscalía General tiene abiertas 3 investigaciones contra su antecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018), por presuntos delitos electorales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, pero descartó llamarlo a regresar desde España, donde ahora reside.
López Obrador reiteró su postura de aplicar una especie de «punto final» a delitos del pasado para no pasar a la historia como vengativo, y dijo que la presunta corrupción de expresidentes concierne además a otros cuatro predecesores: Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012).
«No solo es el expresidente Peña, es también el expresidente Calderón. Si no, ya hubiésemos presentado denuncia en contra de Calderón, de Fox, de Zedillo o Salinas», respondió el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa.
López Obrador recordó que años atrás él presentó otras denuncias en contra de algunos expresidentes, cuando estaba en la oposición, que están archivadas.
«De algunos de ellos yo ya las presenté [denuncias] cuando estaba en la oposición, pero creo que ya están en los archivos», puntualizó.
Pesquisas en marcha
López Obrador leyó un parte de la Fiscalía General emitido el 2 de agosto sobre los procedimientos de investigación por supuestos delitos federales en contra de Peña Nieto.
El primer caso incluye «denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL (constructora española), tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales».
En esta investigación los avances permitirán llevar el caso a tribunales en los próximos meses, según la Fiscalía que encabeza Alejandro Gertz Manero.
La segunda investigación se está integrando por «lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales», dice el informe oficial.
Esas indagaciones requieren dictámenes periciales financieros y fiscales solicitados, mientras se buscan pruebas indispensables para judicializar el caso.
La tercera pesquisa es por «enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia».
La institución encabezada por Gertz Manero señala que informará conforme vaya obteniendo resultados procesales que se puedan dar en versiones públicas que la ley autorice.
López Obrador recordó que su postura ha sido investigar a sus antecesores solo si era aprobado en un referendo.
En agosto del año pasado 2021, López Obrador convocó a la primera consulta popular organizada en la historia del país para decir si emprendía o no «procesos de esclarecimiento», sobre presuntas acciones ilegales de expresidentes desde 1988 a 2018.
A pesar de que 97% de los 6,5 millones de votantes optó por el «Sí» a los procesos contra exmandatarios, la participación fue en aquella ocasión menor al 8%, muy lejos del 40% requerido por la ley para que la decisión fuera vinculante.
López Obrador enfoca sus críticas sobre administraciones pasadas del expresidente Calderón, a quien señala como protagonista de un supuesto fraude que le impidió llegar a la presidencia en 2006, una denuncia que fue descartada en un dictamen del Tribunal Electoral aquel año.
Con información de Sputnik
