Ésta mañana la Federación de Transporte Colectivo del Estado de Jalisco (FTCEJ) hizo pública su intención de solicitar la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que se transparente el manejo de cientos de millones de pesos y determinar en dónde están, quiénes son los beneficiados y qué manejo han tenido en los últimos 10 meses, luego que el gobierno del Estado creó un Fideicomiso de Transporte que retiene las ganancias de los empresarios transportistas en la zona metropolitana de Guadalajara y tarda meses en devolverlo a sus dueños.
Al respecto, el dirigente gremial Enrique Galván Vargas, precisó que la situación actual de la llamada ruta-empresa, mecanismo donde se
garantiza el prepago a través de máquinas traga monedas y adaptado en el actual gobierno estatal, sigue exactamente igual y la única diferencia es una escritura pública y unidades pintadas de rojo y verde, además del modo de cobrar por parte de los dueños de unidades.
‘Es un bote de monedas y una retención de las ganancias de los transportistas. No hay ningún sistema ni fideicomiso, ni nada que
beneficie al usuario y al transportista’.
Incluso hay rutas que no han recibido un solo peso desde que se originó el actual mecanismo de operatividad del transporte urbano, sostuvo.
Lo hemos comentado con gente del gobierno estatal, reiteró, cómo se debe manejar un mecanismo como el ruta-empresa, y sí es posible que se lleve cabo siempre y cuando los dueños de las unidades reciban su pago correspondiente de inmediato para el mantenimiento de los camiones y así ofrecer un mejor servicio a los usuarios.
Con el propio dinero de los transportistas les están comprando sus rutas, es decir, un permiso que bien puede costar 500 mil pesos se los
compran a 50 mil pesos. Los transportistas están quebrados y la gente simplemente está agarrando lo que sea, denunció Galván Vargas.
Luego de que fueron retenidas nueve unidades de la ruta 24 en un operativo donde participó directamente el secretario del Trabajo en
Jalisco, Marco Valerio Pérez Gollaz, el líder de la FTCEJ, mostró una circular de la Secretaría del Trabajo del gobierno federal donde se especifica que las unidades de transporte no son sujetas a inspecciones en materia de trabajo, por lo que el funcionario estatal cayó en desacato con las acciones que encabezó el 3 de marzo por la mañana.
Lamentó que autoridades estatales pretendan imponer la ruta 135 exactamente en la derrotero que sigue la 24, cuando esta última tiene permiso de circulación hasta el 2026 y además mantiene vigente un amparo para prestar el servicio que data de noviembre del 2020 y fue expedido por el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco.
Galván Vargas también lamentó que entre los efectos de la pandemia del Covid19 y el fracaso del modelo ruta-empresa, los transportistas de la
ZMG están en la quiebra económica.
