El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguró una sección en sus conferencias matutinas denominada «¿Quién es quién en las mentiras?» de la prensa, que preocupa a defensores de la libertad de expresión porque ocurre en medio de una ola de violencia contra la prensa y asesinatos de periodistas.
El mandatario comenzó el jueves de la semana pasada la nueva sección, afirmando que era falso un reportaje del periódico El Universal sobre un supuesto espionaje de columnistas críticos del Gobierno.
Afirmó que ese periódico se dedica a «difamar» a su administración y que pertenece al «hampa del periodismo».
La nueva sección se dedicará a «desmentir las noticias falsas, si hubiera pruebas se iniciaría una investigación y se despediría al funcionario involucrado, pero la situación ya no es como antes», dijo el presidente al presentar el nuevo segmento de sus conferencias.
¿En riesgo la libertad de expresión?
López Obrador afirma que su administración es la que más ha respetado el derecho a libre expresión de las ideas, garantizada en el artículo sexto de la Constitución mexicana.
Vladimir Cortes, de la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19, dijo a Sputnik que «parece preocupante que se erija una voz del Gobierno en una suerte de entidad dentro del Estado para decir qué es falsedad y qué es verdad».
Esa campaña contribuiría a «la estigmatización de periodistas, de la prensa y los medios de comunicación», alertó el responsable del programa de Derechos Digitales en la organización internacional, que lleva el nombre del artículo dedicado a la libertad de expresión en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.
Esa campaña de denuncias públicas desde el máximo estrado del Palacio Nacional también «reforzaría la idea de que hay carta blanca hacia quienes agreden a la prensa en México, y genera un clima de hostilidad» hacia quienes ejercen el periodismo, prosiguió Cortés.
Con ese programa gubernamental existe además el riesgo de que «se refuercen esas lamentables tendencias en redes sociales», dice el analista de esos espacios, donde proliferan etiquetas como las bautizadas «prensa sicaria» y «prensa corrupta».
Afirmaciones engañosas
El especialista considera inusual que un presidente se arrogue la atribución de determinar lo que es verdadero o falso, como ha ocurrido en EEUU y Brasil, con los presidentes Donald Trump (2017-2021) y Jair Bolsonaro (2019-2023), donde la categoría de «noticias falsas» se ha utilizado para contrarrestar críticas a sus gobiernos.
«A veces, la desinformación surge de las mismas conferencias de prensa del presidente, porque se estima que más de la tercera parte de las afirmaciones del presidente han sido engañosas o incorrectas», indica Cortés.
El especialista cita un estudio del portal «Verificado» que analiza las afirmaciones de figuras públicas.
Comprobando los hechos, encontró que en 52 semanas de «conferencias mañaneras» presidenciales, «un promedio de 35% de frases imprecisas o falsas».
En el análisis de las conferencias del 2 de diciembre de 2019 al 30 de noviembre de 2020, «Verificado» identificó 1.499 frases verificables: 264 engañosas, 262 falsas y 973 verdaderas.
Esto significa que «casi cuatro de cada 10 frases verificables dichas por el presidente durante su segundo año de gobierno no fueron verdad».
Cortés cita por ejemplo que López Obrador afirmó que el 90% de las llamadas de emergencia al 911 sobre violencia doméstica eran «falsas», y que hay muchos casos acerca de los cuales ha hecho «afirmaciones que contribuyen a la desinformación y la opacidad».
Esa iniciativa presidencial tiene el riesgo de «reforzar y alimentar el contexto de hostilidad y animadversión, en un país donde en pocos días recientes han sido asesinados cuatro periodistas, dos de ellos en un mismo día», lamenta el experto de Artículo 19.
Esa organización independiente ha intentado el acceso a la información pública a través del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai, autónomo), sobre las afirmaciones presidenciales.
«La respuesta es que se declaran incompetentes para responder, o no existe documento físico o digital que lo respalde», revela el experto.
Se incumple así la obligación de información para que la ciudadanía conozca las fuentes en qué se sustentan las afirmaciones gubernamentales.
Finalmente, Cortés afirma que la abolición de instituciones autónomas encargadas del acceso a la información, como propone el mandatario, crearía un Estado sin contrapesos y sin transparencia.
El año pasado México fue «el país más peligroso del mundo para la prensa», cuando al menos ocho periodistas fueron asesinados por investigar nexos entre figuras políticas y el crimen organizado, según Reporteros Sin Fronteras.
De 2000 hasta el 3 de mayo de este año 2021, Artículo 19 ha documentado 138 asesinatos de periodistas.
Con información de Sputnik
