LA ARITMÉTICA DEL PAVIMENTO ENTRE PABLO LEMUS Y MERILYN GÓMEZ POZOS

Un día cualquiera, los automovilistas que transitan por las carreteras federales de Jalisco hacen cálculos sencillos: cuántos baches esquivar, cuánto costará reparar la suspensión del carro, cuánto tiempo perderán en cada tramo que parece más campo minado que vía de comunicación. A esa aritmética del pavimento se suma ahora otra, más enrevesada y con tintes políticos: los 400 millones de pesos fantasma.

La presidenta de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, Merilyn Gómez Pozos, anunció con entusiasmo que Jalisco dispondría de ese dinero para rehabilitar carreteras federales. El Gobierno del Estado, rápido y molesto, salió a decir: “falso”. No hay tal bolsa, no hay dinero, y si lo hubiera, ni siquiera les tocaría decidir.

El señalamiento oficial es claro: los 400 millones a los que se refiere la diputada son de la SICT, es decir, recursos federales administrados por la delegada María Padilla. El gobierno de Pablo Lemus, a través de su secretario de Hacienda, Luis García Sotelo, se lavó las manos: “eso no nos toca”. En pocas palabras, Jalisco no recibió ni un peso concursable para mantenimiento carretero este 2025. Es la Federación la que decide dónde sí y dónde no. Y en esa discrecionalidad, la aritmética de los baches sigue sumando en perjuicio de los automovilistas.

Más allá de la precisión técnica, la escena deja ver lo que ya se intuía: las carreteras en Jalisco son, también, terreno de disputa política. Gómez Pozos habla de recursos inexistentes, el Gobierno Estatal responde con comunicados airados, y mientras tanto los ciudadanos circulan por la Carretera 70, la 80, la 23, la 200 o la 54, todas ellas en condiciones lamentables.

De los 2 mil 196 kilómetros federales en el estado, apenas se anunció que 26 —sí, apenas el 1.1%— serán rehabilitados con un tren de pavimentación. El resto deberá esperar, quién sabe cuántos sexenios más, a que las cifras cuadren en algún escritorio de la Ciudad de México.

Mientras se desmiente a la diputada, el Gobierno Estatal se ufana de su propio “Plan Carretero 2025-2030”: 24 mil millones de pesos para atender 4 mil 562 kilómetros de red estatal. Es decir, sí habrá obra, pero en las carreteras que dependen del estado, no en las federales. Una forma elegante de decir: “los baches son suyos, no nuestros”.

Claro que la narrativa oficial omite un detalle: para el ciudadano común no existe tal diferencia entre “carretera federal” y “carretera estatal”. Solo hay una vía llena de baches que paga con su dinero —ya sea en impuestos federales o estatales— y que transita a diario para trabajar, estudiar o sobrevivir.

El gobierno de Jalisco acusa a Gómez Pozos de desinformación. Puede que tenga razón en lo técnico. Pero lo que tampoco dice es que las carreteras federales en Jalisco están en estado crítico, que representan un riesgo y que la ciudadanía tiene la misma sensación de abandono, venga de donde venga el presupuesto.

En el fondo, lo que se disputa no son los 400 millones que nunca existieron, sino la narrativa: quién se queda con el mérito de anunciar obras y quién se sacude el costo político del deterioro. Y mientras tanto, los baches siguen allí, sin distinguir si son federales o estatales.

En X @DEPACHECOS