Cuatro de los once magistrados del pleno de la Suprema Corte de Justicia de México se pronunciaron por mantener vigente la prisión preventiva obligatoria, llamada también «prisión preventiva oficiosa» o «automática», establecida en la Constitución, en un debate abierto sobre dos proyectos para reformarla o anularla.
El magistrado Alberto Pérez Dayán dijo que el máximo tribunal «no está capacitado para invalidar el artículo 19 constitucional» y que corresponde al Congreso su modificación o anulación.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel dijo que eliminar esa facultad de las autoridades policiales y judiciales «podría provocar mayor inseguridad» en el país latinoamericano.
El juez del máximo tribunal admitió que la legislación mexicana es «contradictoria a tratados de los que México es parte», pero opinó que las normas internacionales se deben adaptar a las leyes nacionales.
A esa valoración se sumaron las ministras Esquivel y Loretta Ortiz, quienes expresaron su opinión en contra de invalidar el artículo 19 de la Carta Magna que establece la figura de «prisión preventiva oficiosa», es decir inmediata, sin necesidad de probar las acusaciones de una lista de delitos considerados graves.
La ministra Ortiz dijo que si se presenta el conflicto una norma internacional con una nacional, la Constitución debe prevalecer.
El ministro Juan Luis González Alcántara reconoció que cambiar esta norma es facultad del Poder Legislativo, por lo que envió un exhorto al Congreso revisar y eventualmente modificar esta norma.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, levantó la sesión antes de que los otros seis miembros del pleno pudieran exponer su posicionamiento y convocó a continuar la discusión este martes antes de someterla a votación.
El presidente Andrés Manuel López Obrador estima que la eliminación de la figura de la prisión preventiva oficiosa «sería una invasión abierta a la facultad del Poder Legislativo».
El proyecto que votarán los magistrados requiere mayoría calificada de tres cuartas partes del máximo tribunal, es decir ocho de los once jueces.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhortó este lunes a que esa norma sea eliminada «urgentemente».
«La prisión preventiva oficiosa es contraria a las garantías internacionales de protección de derechos humanos, como lo ha indicado la jurisprudencia del Grupo de Trabajo en múltiples ocasiones», dijo Miriam Estrada Castillo, presidenta y relatora del organismo de la ONU en un comunicado.
La Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, han adoptado conclusiones similares, dijo la experta en su postura emitida desde la sede del organismo en Ginebra (Suiza, oeste).
Más del 40% de las más de 220.400 personas detenidas en penales de México están sin sentencia, es decir casi 90.000, según los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios 2022.
