La escuela que se cae… y el alcalde que no se hace de la vista gorda

En un país acostumbrado a que las tragedias se atiendan después de la desgracia, sorprende —y reconforta— que en Tonalá un gobierno municipal haya decidido clausurar una escuela primaria antes de que sus muros colapsen sobre los niños.

La escena ocurrió en la colonia Loma Dorada: brigadas de Protección Civil y Bomberos, bajo la instrucción del presidente municipal Sergio Chávez Dávalos, colocaron los sellos de clausura en la escuela Magdalena Vidaurri. No fue un capricho político, ni un acto de protagonismo. Fue, simplemente, el cumplimiento de una obligación elemental: preservar la vida.

No se trata de un hallazgo repentino. El expediente es largo y vergonzoso. Desde 2022 se han levantado actas de riesgo: techos con desprendimiento de material, dalas al descubierto, marquesinas fracturadas, humedad y moho en todas las aulas. Hasta los baños, esos espacios de paso obligado, representan un peligro para la comunidad escolar.

El director de Protección Civil y Bomberos, Salvador Castañeda Hermosillo, no habló en metáforas: “tenemos daños y compromiso estructural en todas las aulas y oficinas”. Y si eso no es suficiente para estremecer a cualquier autoridad educativa, entonces la pregunta inevitable es: ¿qué esperaban, una tragedia televisada?

Lo más alarmante no es el cierre de la escuela, sino lo que revela: el Estado de Jalisco conocía la situación. La Secretaría de Educación y el Instituto de la Infraestructura Física Educativa habían sido informados. Padres de familia y directivos habían denunciado, una y otra vez, el deterioro. Nadie movió un dedo.

Ahí radica la importancia de la decisión municipal: Tonalá actuó donde el aparato estatal se paralizó. Y no es la primera vez que ocurre en Jalisco: escuelas, hospitales y edificios públicos sobreviven entre grietas y promesas, hasta que alguien decide poner la seguridad por encima de la burocracia.

Clausurar una primaria no da votos. Más bien provoca molestias: padres que no saben dónde dejar a sus hijos, maestros desplazados, clases interrumpidas. Pero es ahí donde se mide el verdadero carácter de un gobernante: cuando asume el costo político de hacer lo correcto.

El coordinador del gabinete de seguridad, prevención y emergencias, Miguel Magaña Orozco, supervisó la clausura. Y dejó claro que el levantamiento de sellos dependerá de que se acrediten las reparaciones necesarias. Ni antes ni después. Un mensaje simple, pero contundente: primero la seguridad, luego la rutina.

Si algo enseña este episodio es que las tragedias no avisan: se gestan en la corrosión de una varilla, en la humedad que carcome un muro, en la indiferencia que archiva un oficio. La diferencia entre el accidente y la prevención está en la voluntad política.

Por eso conviene subrayarlo: en medio de la negligencia estatal, el alcalde Sergio Chávez optó por la ruta incómoda pero correcta. Hizo lo que tantas veces se exige y tan pocas veces se cumple: gobernar pensando en la vida antes que en el cálculo.

La clausura de la Magdalena Vidaurri no debería verse como un escándalo, sino como un precedente. Porque si los ayuntamientos pueden —y deben— intervenir cuando una escuela se convierte en trampa mortal, entonces quizá empecemos a desterrar esa cultura criminal de esperar a que los escombros hablen por los muertos.

En X @DEPACHECOS