Las Plazas del Acuerdo: El Sindicato Legislativo y el Arte de la Cooptación

Hay una vieja costumbre en la política mexicana que consiste en llamar «acuerdo institucional» a lo que en buen castellano se denomina arreglo de compadres. El eufemismo cumple su función: suaviza el contorno de lo turbio, barniza de formalidad lo que nació en el corredor o en la antesala del poder, lejos de cualquier acta, cualquier convocatoria o cualquier testigo inconveniente.

En el Congreso del Estado de Jalisco, ese arte se practica con refinamiento local.

Un audio —esos documentos que la modernidad pone a disposición de la memoria colectiva cuando la memoria oficial prefiere olvidar— ha circulado entre los trabajadores sindicalizados del Poder Legislativo jalisciense. En él, una voz que se ostenta como representante sindical explica, ante un grupo de agremiados visiblemente incómodos, el funcionamiento de un programa bautizado con nombre de escaparate: «Movilidad Laboral con Justicia Salarial». El nombre es hermoso. La realidad que describe, menos.

Cuatro plazas. Solo cuatro, de sesenta. Asignadas no por concurso, no por escalafón, no por convocatoria abierta, sino por un «acuerdo» con la autoridad —con «la autoridad», así, en abstracto, como si los acuerdos se hicieran con entidades metafísicas y no con personas concretas que tienen nombre, cargo y responsabilidad jurídica. Esas plazas habrían sido ocupadas durante seis meses por personas «que se determinaron en ese acuerdo», cobrando salarios del erario. El propio interlocutor reconoce que mañana entregará las renuncias, como si las renuncias póstumas lavaran los cobros pretéritos.

La lógica del esquema no carece de cierta elegancia técnica: subir de nivel salarial a trabajadores próximos a jubilarse para que su pensión —calculada sobre el último año cotizado— resulte más alta. Una forma de justicia compensatoria argumenta la voz grabada. Un posible fraude a la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, responden quienes entienden que la ley no admite simulaciones, aunque el movimiento de personal se disfrace de promoción.
Pero lo más revelador no es el esquema en sí. Lo más revelador es la naturalidad con que se defiende.

«No había otra forma de sacarlo», dice la voz. Y ahí está, desnuda, la filosofía que ha gobernado durante décadas la relación entre los líderes sindicales y las dirigencias políticas en México: el fin —en este caso, beneficiar a unos cuantos trabajadores— justifica los medios. Que esos medios impliquen ignorar el reglamento de escalafón, constituir una comisión mixta que nunca se reunió, emitir una convocatoria que nunca existió, y ocupar plazas públicas como si fueran moneda de cambio en una negociación privada, eso es, al parecer, un detalle menor.

Las propias agremiadas presentes en la reunión no parecen convencidas. Una de ellas recuerda que en el pasado se «rifaron» contratos —así, a la suerte, como si la equidad en el reparto de bienes públicos fuera una tómbola—, y que eso le pareció más justo que la discrecionalidad del acuerdo actual. Otra advierte, con puntería jurídica notable para quien no es abogada, que, si llega a oídos de Pensiones, «esto es fraude». La respuesta del interlocutor mezcla la argumentación legal con el voluntarismo sindical, sin terminar de resolver la contradicción.

Entretanto, los registros de la Contraloría y las solicitudes de transparencia parecen indicar que las plazas no están vacantes, como se afirma, sino activas. Las renuncias anunciadas para «mañana» flotan en el aire de promesa incumplida. Y el sistema de información pública del Congreso, que no miente con la misma facilidad que los acuerdos verbales, sigue mostrando nombres, categorías y percepciones que no coinciden con la narrativa oficial.

Es en este contexto que más de treinta por ciento de los agremiados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado en el Poder Legislativo ha convocado, conforme al Artículo Décimo Quinto de sus propios estatutos, a una Asamblea General Extraordinaria para el próximo 10 de marzo de 2026, a las diez horas, en el número 371 de la calle Alameda, colonia El Retiro, en Guadalajara. La convocatoria, fechada el tres de marzo y recibida ya tanto por la Secretaría General del Congreso como por la Federación de Sindicatos Autónomos Federados, señala sin ambages la razón: el secretario general del sindicato se negó a convocar la asamblea que se le había solicitado por escrito, pese a haberlo prometido públicamente para finales de febrero.

El estatuto, que no es ni voluminoso ni oscuro, establece con claridad que cuando el treinta por ciento de los miembros activos solicita una sesión extraordinaria con cinco días hábiles de anticipación, la asamblea debe celebrarse. No es discrecional. No es negociable. Es derecho sindical elemental.

Agenda para esa asamblea: informe anual de actividades del secretario general; informe financiero del ejercicio 2025; designación de la Comisión de Honor y Justicia. Tres puntos que, en el lenguaje de la rendición de cuentas, significan una sola pregunta: ¿a dónde fueron los recursos y quién tomó las decisiones?

La respuesta, acaso, esté en ese audio que circula y que nadie ha desmentido formalmente.

México tiene una larga tradición de líderes sindicales que confunden el patrimonio del gremio con el suyo propio, que interpretan el mandato de representación como patente de corso, que negocian en nombre de los trabajadores lo que en realidad negocian en nombre propio. Jalisco no ha sido la excepción. El Poder Legislativo estatal, que tiene la obligación moral y constitucional de fiscalizar al Ejecutivo, no debería albergar en su propio seno las prácticas que denuncia en el resto del gobierno.

Cuatro plazas. Seis meses. Un acuerdo sin papel. Unas renuncias que llegan tarde. Y trabajadores que, dentro de dos años, se jubilarán sin saber si habrá un procedimiento digno para ellos o si su antigüedad, su licenciatura y sus tres décadas de servicio volverán a «llegar con nombre y apellido» —como ha ocurrido, se dice, cada vez que en este sindicato se ha simulado un escalafón.

La asamblea del 10 de marzo será, si se celebra, un primer termómetro. Las autoridades del Congreso harán bien en permitirla, facilitarla y no obstaculizarla. Y los organismos de fiscalización — El Órgano Interno de Control del Congreso del Estado de Jalisco, la Contraloría del Estado, la ASEJ— harán bien en revisar los movimientos de nómina, los nombramientos y las bajas de los últimos doce meses en el área involucrada, sin esperar a que la presión pública los obligue.

Los acuerdos verbales, en política, tienen la vida que les da el poder de quien los suscribe. Cuando ese poder cambia, los acuerdos se evaporan —y con ellos, la ilusión de quienes creyeron que «lo caído, caído y derechos adquiridos», como se dijo en la grabación, era una garantía suficiente.

No lo es. Nunca lo fue.

En X @DEPACHECOS

Esta columna se basa en documentación pública, estatutos sindicales y en el análisis de un audio cuya autenticidad no ha sido desmentida por las partes involucradas.