Las Villas del Fraude

En Jalisco las sorpresas no caen del cielo: llegan en forma de sellos de “inmueble asegurado”, convoyes de camionetas negras y un puñado de agentes que irrumpen en la cotidianidad de los vecinos. Eso ocurrió en las Villas Panamericanas —rebautizadas con el anodino nombre de “Conjunto Avaterra”—, cuando la Fiscalía del Estado tomó posesión de departamentos que, según las autoridades, fueron adquiridos con dinero triangulado a través de empresas fantasma.

Las escenas rozan lo grotesco: vecinos que se topan con agentes armados tocando puertas sin previo aviso; inquilinos que pagan renta, pero que ahora se enteran de que solo los propietarios tienen algo que aclarar; familias que, al abrir, encuentran el logotipo oficial clausurando su entrada. El pretexto: una investigación que involucra al menos a 44 personas físicas y 24 morales, todas bajo sospecha de haber metido mano en recursos públicos que debían impulsar a las micro y pequeñas empresas jaliscienses, pero que terminaron financiando condominios de lujo.

Lo grave no es solo el operativo en sí —que incomodó, asustó y paralizó durante horas a los residentes— sino la larga historia de encubrimientos que arrastra el caso. Porque las Villas Panamericanas no son noticia de ayer, inició en 2019, cuando el nombre de Jaime Alberto Moreno Cardeña y sus hermanos aparece asociado a la compra del complejo, operación señalada hoy por Fojal como un fraude de proporciones mayúsculas.

El gobernador Pablo Lemus, con su estilo frontal, ha querido poner distancia: anuncia que irá “contra notarios” y que no permitirá más encubrimientos. El discurso suena bien, pero la pregunta es inevitable: ¿por qué hasta ahora? ¿Qué piezas se movieron para que, tras años de silencio, de repente la Fiscalía se atreva a congelar cuentas, asegurar bienes y exponer la lista de los presuntos defraudadores? La sospecha más obvia: estamos ante un ajuste político tanto como jurídico.

El fiscal Salvador González de los Santos asegura que la mira está puesta en dos frentes: empresarios y funcionarios. Empresarios que acomodaron fichas para hacerse del complejo con cargo al erario, y funcionarios que se prestaron al juego —por omisión o complicidad—. El segundo frente, quizá, es el más incómodo: ¿qué secretarías, qué despachos oficiales dieron la venia a esta triangulación? Porque los papeles no se firman solos.

La narrativa oficial insiste en que se trata de un “seguimiento a cartera vencida”. Un eufemismo elegante para disfrazar lo que, en realidad, es un desvío monumental: dinero que debía servir para sostener a emprendedores y mipymes, convertido en ladrillos y departamentos de lujo. Mientras tanto, los pequeños empresarios que sí necesitaban crédito se quedaron esperando.

Las Villas Panamericanas son, desde hace más de una década, un símbolo de impunidad: un elefante blanco que mutó en negocio privado a costa del erario. Hoy, el gobierno de Jalisco pretende lavarse la cara con un operativo espectacular. Pero los vecinos —los verdaderos afectados— se preguntan si todo terminará en otro sainete judicial donde la justicia se diluye en declaraciones, litigios interminables y convenientes olvidos.

El caso apenas inicia, dicen las autoridades. Pero los jaliscienses ya hemos visto esta película demasiadas veces: promesas de castigo que se estrellan contra la pared de la corrupción institucional. La diferencia, esta vez, será si los millones perdidos en las Villas regresan a las arcas públicas… o si el expediente vuelve a dormir el sueño de los justos.

Porque, en Jalisco, la impunidad también tiene residencia. Y en estos días, lleva por nombre: Villas Panamericanas.

En X @DEPACHECOS