El presidente López Obrador prepara un giro estratégico con enfoque nacionalista para su sector energético, que culminaría después de julio de 2021 con una contrarreforma a las modificaciones constitucionales de 2013, que abrieron la industria a la inversión extranjera y privada de las grandes firmas internacionales.
Una reversión constitucional tendría que modificar las leyes establecidas cuando el Congreso puso fin a ocho décadas de monopolio estatal, y tendría el propósito de favorecer a la petrolera estatal Pemex, que reforzaría su papel dominante en la producción y el mercado de combustibles.
«Se trata de una serie de reformas que consideramos una prioridad legislativa para hacerle frente a una nueva etapa de desarrollo energético» del país, dijo en fecha reciente a periodistas el coordinador del grupo parlamentario del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Ricardo Monreal.
La contrarreforma energética también busca disminuir el papel atribuido a firmas privadas en proyectos de generación de energías eólicas y fotovoltaicas, además de la distribución de combustibles al público, que volverán a manos de empresas estatales.
Estas posibles modificaciones han sido recibidas con escepticismo entre dirigentes de grupos ambientalistas y por las empresas que se comprometieron en ambiciosos proyectos tras la reforma, que se comenzó a implementar en 2015, con planes de muy largo plazo.
Pablo Ramírez, especialista en cambio climático de Greenpeace, dijo a Sputnik que «el Gobierno «sigue insistiendo en el uso de tecnologías altamente contaminantes como el carbón o los combustibles de origen fósil», como el petróleo.
Cerca de un centenar de compañías, que incluyen a algunas de las gigantes del sector como Dutch Shell, la francesa Total y la británica BP, la rusa Lukoil y la estadounidense ExxonMobil, firmaron contratos con el Estado mexicano para exploración y extracción de yacimientos sobre todo en el Golfo de México y sus costas.
La Asociación Mexicana de la Industria de Hidrocarburos, señala que esos proyectos han impulsado la inversión de hasta 11.000 millones de dólares en los últimos seis años y esa organización ha advertido que podría poner en riego inversiones hasta por 37.000 millones de dólares que están previstas para los próximos cinco años.
Ambiente entre inversionistas
Es importante distinguir lo que el mandatario de México propone en sus planes.
«Una cosa es revertir la reforma energética en su totalidad y otra es hacer modificaciones a la reforma energética del sexenio anterior (2012-2018)», explicó a Sputnik la consultora en derecho energético internacional Elvira Macín.
La especialista posgraduada en políticas públicas por la Universidad de Edimburgo considera que «parece que estamos ante el segundo supuesto».
El 24 de septiembre pasado, el presidente expresó que su intención es que rescatar a Pemex y la estatal Comisión Federal de Electricidad, y asegurarse «que el sector energético no sea privatizado».
López Obrador ha expuesto sus ideas «de forma muy ambigua y limitada; por eso será importante conocer a detalle cómo pretende incluir a los privados en su propuesta de reforma», advirtió Macín.
El gobernante afirma que sus planes son para la segunda mitad de mandato, entre 2022 y 2024, para lo cual necesita ganar en forma aplastante las elecciones legislativas de julio de 2021 cuando se renovarán las 500 bancas de la Cámara de Diputados.
Una nuevo cambio a la Constitución requiere una mayoría calificada de tres cuartas partes en ambas cámaras del Congreso, entre otros procedimientos.
Si ese camino se consolida, «sin duda ocasionaría una ola de inestabilidad para el país, ya que los privados cuentan con bases sólidas para afrontar y ganar arbitrajes contra el Estado mexicano y eso representaría importantes pérdidas económicas para el país y una pésima reputación internacional», opina Macín.
La consultora del sector estima que «existe un ánimo conciliador por parte de los inversores privados, que han buscado entendimientos justos con el Gobierno».
Un ejemplo claro son las recientes disposiciones administrativas para el sector energético emitidas por el Gobierno federal, que desencadenó la interposición de un gran número de amparos ante la justicia, como también lo hacen los ecologistas.
«Esa respuesta es sólo la punta del iceberg, si llegara a revertirse la reforma energética en su totalidad, escalaría esta respuesta defensiva y el descontento, la decepción e incertidumbre en el sector», opina la jurista.
En ese marco surge una recomendación esta semana del Fondo Monetario Internacional (FMI) de postergar la construcción de una refinería en el puerto de Dos Bocas que realiza Pemex y costará al menos 8.000 millones de dólares.
«Es aconsejable enfocar la producción solo en campos rentables, vender activos no esenciales, frenar los planes para aumentar la producción de refinación con pérdidas y posponer nuevos planes de refinería hasta que sea rentable hacerlo», dice el documento del organismo internacional.
La respuesta del presidente fue tajante: «lo único que le pedimos al FMI es que nos respeten, que somos libres y que somos soberanos, que ya no son los organismos financieros internacionales los que dictan la política económica en México».
La ambiciosa apuesta y la incertidumbre crecen.
Con información de Sputnik
