El endeudamiento de Jalisco por 6 mil 200 millones de pesos, aprobado por el Congreso local el viernes 22 de mayo para cubrir gastos destinados a la pandemia de COVID-19, careció de transparencia y de argumentos técnicos, consideran especialistas.
Bajo el argumento que fue una decisión tomada en la Mesa de Reactivación Económica, la iniciativa fue avalada por 28 votos a favor -la mayoría de la bancada de Movimiento Ciudadano-, sin análisis ni debate.
La Mesa fue integrada por representantes del Gobierno Estatal, así como de sectores de la Iniciativa Privada, municipios, académicos, sociedad civil y sindicatos, quienes aprobaron el financiamiento para reactivar la economía con inversión en obra pública.
En el grupo estratégico se solicitó un representante por parte del Poder Legislativo. A pesar de postularse diputados de las bancadas de Morena y el PRI, fue elegida la panista Claudia Munguía Torres.
“Pusieron a alguien afín a ellos, tienen una alianza electoral y de gobierno con el PAN”, acusó la diputada priista Mariana Fernández Ramírez, quien confió en la voluntad de los empresarios por aportar a la reactivación económica, pero sin conocer las consecuencias de lo que se aprobó.
“Es muy burdo cómo utilizaron a todos los integrantes de la Mesa de Reactivación Económica. Ellos pensaron que iba a haber más empleo, créditos, sin saber que con la deuda no podían aprobarse estas causas”, consideró.
La legisladora estimó que empresarios e industriales fijaron prioridades y se hizo una lista “a la que no se le ve viabilidad jurídica”, de la cual no se sabe si tienen permisos o sean las que un municipio necesita.
“No sabemos si la inversión va a valer la pena y cuándo se va a tener el retorno de la inversión, porque uno hace una inversión para tener un retorno más grande. Pero siguen sin revelar los proyectos que vienen en la deuda”, subrayó.
Alberto Bayardo, académico de la Maestría en Política Pública del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, consideró que los únicos actores del estado que pudieron detener el endeudamiento fueron los integrantes de la Mesa y el Congreso estatal, sin embargo, le dieron un cheque en blanco a la administración del gobernador Enrique Alfaro Ramírez.
«Alfaro tiene el suficiente capital político para lograr que aprobaran la deuda sin ningún cuestionamiento. Al no saber en dónde se va a aplicar el recurso, se puede gastar en lo que él prefiera; es un criterio político”, consideró el investigador.
Detalló que la inversión en infraestructura en municipios, tradicionalmente, se aplica donde un gobernante tiene mayor respaldo “y donde no, se invierte menos”.
“Es una práctica común que no debería de ser, habría que pensar en criterios más objetivos como qué puede propiciar el desarrollo de cada municipio”, sostuvo.
Excluyen a organismos colegiados
A la Mesa de Reactivación Económica no fueron invitados organismos colegiados, encargados de fiscalizar los criterios técnicos de gasto, construcción e impacto económico de las obras que se realizan y de las cuales se desconoce ubicación, costos y proyectos.
Bernardo Sáenz Barba, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco (CICEJ), dijo en entrevista para Notimex que no fueron convocados al Comité de Seguimiento y Vigilancia para evaluar los proyectos que se llevarán a cabo con el endeudamiento.
“Ningún colegio está invitado, hay organismos empresariales, la Cámara Nacional de Comercio, cuyo presidente Xavier Orendain Obeso es miembro de este colegio, que conoce de alguna manera aspectos técnicos. Creemos que debe haber sustento técnico”, consideró.
Destacó que la ejecución de obras que se lleven a cabo con los 6 mil 200 millones de pesos, debe cubrir por lo menos cuatro criterios: la transparencia de los recursos, clarificar las obras en las que se invertirá, que llegue a la mayor cantidad de comunidades en el estado y atiendan necesidades prioritarias.
“Lo que nos toca a los ingenieros civiles es vigilar que las obras tengan calidad, cumplan con los tiempos marcados y darte un sustento técnico a los proyectos que se propongan. No fuimos invitados a la mesa, pero es un tema que nos interesa, de alguna forma estaremos vigilantes desde nuestra área técnica”, sostuvo.
Ciudadanos vigilantes de deuda, sin conocimiento técnico
El Comité de Seguimiento y Vigilancia del destino de los recursos del crédito estatal, fue presentado el pasado 27 de mayo y estará liderado por Augusto Chacón, del organismo Jalisco Cómo Vamos
Entre sus integrantes, también figuran Marisa Lazo Corvera, dueña de la cadena de pastelerías que lleva su nombre y cercana al gobernador Alfaro Ramírez; Carmen Alicia Villarreal Treviño, directora de una casa tequilera; Carlos Villaseñor Franco, presidente de Coparmex y Xavier Orendain de Obeso, presidente de Canaco.
Además, Ramiro Montero, contador público; Sofía Pérez, coordinadora del Consejo de Mujeres Empresarias; el periodista Diego Petersen Farah; Carlos del Río Madrigal, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción y Carlos Wolstein González Rubio, presidente de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara.
Sin embargo, para la diputada Mariana Fernández Ramírez, faltan especialistas en todo el proceso de la ejecución de la deuda. Así lo afirmó durante su participación en la sesión ordinaria del Congreso de Jalisco el 29 de mayo.
“No hay auditores, gente que pueda cuestionar técnicamente, porque ni el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción ni los actores sociales van a tener los elementos para cuestionar técnicamente”, alertó.
La legisladora propuso un punto de acuerdo para que la Auditoría Superior del Estado revisará el gasto en el sector Salud por COVID-19 y el endeudamiento en tiempo real, el cual fue rechazado por la mayoría de los diputados integrada por Movimiento Ciudadano.
Los riesgos de la reactivación económica
El investigador Alberto Bayardo consideró que la apuesta para reactivar la economía tiene una lógica apoyada en la historia. Estados Unidos reactivó su economía tras La Gran Depresión con la construcción de infraestructura y países de África paliaron la hambruna de la misma manera.
“Fue la fórmula que aplicó Vicente Fox, que reactivó la construcción de vivienda y le permitió un avance económico, pero por hacerlo mal todo eso se tradujo en que ahora tengamos ‘ciudades satélite’ y ‘ciudades dormitorio’ que han afectado la calidad de vida de la población”, recordó.
Bernardo Sáenz Barba, presidente de CICEJ, hizo hincapié que la inversión debe priorizar la Educación y la Salud, además de las redes hidrosanitarias, agua potable y pavimentación de calles, que son las necesidades básicas de las comunidades.
“Sería la apuesta correcta. En estas cadenas productivas están los carpinteros, especialistas en aluminio y vidrio, fontanería, jardinería y ferreterías hay un mundo de cadenas productivas que se pueden ver beneficiadas”, aseguró, pero insistió que no se conocen los proyectos que se apoyarán.
Bayardo enfatizó que no sólo se debe “construir por construir”, se debe valorar si causa daño ecológico o si agrava los problemas que hay por la concentración de población.
“Puede ser que se active la economía, pero las consecuencias pueden ser peores. Si lo dejamos todo en manos del gobernador y dejamos que decida por sí solo, la historia dice que es muy probable que las cosas salgan mal”.
Con información de Notimex
