Reforma al Poder Judicial entre el café y la desconfianza

La política jalisciense tiene la curiosa habilidad de hacer pasar una crisis por un gesto de reconciliación. El encuentro de cuatro horas entre el gobernador Pablo Lemus, el secretario general de Gobierno Salvador Zamora y los coordinadores parlamentarios del Congreso local fue presentado como el regreso del diálogo. En realidad, fue la escenificación de una tregua necesaria: los puentes entre el Ejecutivo y el Legislativo estaban chamuscados tras el madruguete legislativo con la reforma al Poder Judicial.

El cónclave no se celebró ni en Palacio de Gobierno ni en el Congreso, sino en territorio “neutral”: un salón privado de un restaurante español ubicado por López Cotilla de Guadalajara. Esa simple elección es ya un signo político. En el lenguaje de la política jalisciense, cuando las partes no se visitan en casa ajena es porque la desconfianza sigue intacta.

Ahí estuvieron todos: José Luis Tostado (MC), Claudia Murguía (PAN), Miguel de la Rosa (Morena), María del Refugio Camarena (PRI), Tonatiuh Bravo (Hagamos), Tonantzin Cárdenas (Futuro), José Guadalupe Buenrostro (PVEM) y Leonardo Almaguer (PT). Una foto que el gobierno difundió con premura: sonrisas tensas, miradas de cálculo, un intento de mostrar que en Jalisco el diálogo aún es posible.

El gobernador aseguró que no se habló de la reforma judicial. Todos los presentes lo repitieron como catecismo: “no entramos en particularidades”. Pero ese silencio es más elocuente que cualquier discurso. La iniciativa sigue atorada, dividida entre quienes la ven como un intento de control político del Poder Judicial y quienes creen que puede modernizar un sistema carcomido por el nepotismo y la opacidad.

El Ejecutivo intenta ganar tiempo y recomponer relaciones. La oposición sabe que ese margen es una oportunidad para renegociar posiciones y exigir contrapesos reales. En el fondo, la reforma judicial es el campo de batalla donde se definirá si Pablo Lemus consolida un liderazgo de Estado o se queda en la lógica de facción.

Salvador Zamora, secretario general de Gobierno, fue presentado como el enlace permanente entre ambos poderes. Su misión: mantener abierta la comunicación y evitar nuevos choques. Pero la tarea es monumental. En un Congreso fragmentado, donde MC no alcanza por sí solo la mayoría calificada, Zamora deberá ejercer más diplomacia que presión, más escucha que imposición.

En la práctica, su función será sostener el equilibrio entre un gobernador que apuesta por la imagen del conciliador y unas bancadas que se saben decisivas. Si el secretario fracasa, volverán los portazos y los dictámenes relámpago.

Lemus declaró que su objetivo es “construir un clima de paz política en Jalisco”. Frase de manual, repetida por cada mandatario que enfrenta tormentas legislativas. Pero la paz política no se decreta; se pacta, se sostiene y se paga. El costo podría ser alto: concesiones en nombramientos, ajustes en el presupuesto judicial o la renuncia a una parte del control que el Ejecutivo busca preservar.

El diálogo, en Jalisco, suele ser un ejercicio de utilería: se convoca para apagar incendios, no para prevenirlos. Sin embargo, esta vez el incendio fue tan grande que todos entendieron que valía la pena apagarlo juntos.

La foto del encuentro circuló como símbolo de madurez política. Pero las treguas en Jalisco son como los charcos en temporal: duran lo que tarda en volver a llover. Y el cielo, por ahora, sigue nublado sobre el Congreso.

La lección es vieja, pero vigente: cuando el poder se rompe por dentro, los abrazos públicos son apenas una cortina de humo. Y mientras Lemus busca proyectar serenidad, los diputados afilan, discretamente, la próxima negociación. Porque en la política jalisciense —como en la de todo México— el diálogo no une: apenas posterga la siguiente batalla.

En X @DEPACHECOS