La Presidencia de México arremetió este 26 de marzo en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por haber suspendido la entrada en vigor de una reforma a las leyes electorales del país, la cual pretende reducir los costos de las elecciones y evitar fraudes electorales, según el mandatario.
El Ejecutivo acusó al ministro Javier Laynez Potisek —uno de los 11 ministros que integran el máximo órgano judicial en México— de haber traspasado sus atribuciones legales al admitir una controversia constitucional contra la reforma electoral impulsada por López Obrador.
La decisión de Laynez Potisek fue calificada por el Gobierno obradorista como «arbitraria», por lo cual aseguró que impugnará el fallo y solicitará al Pleno de la Corte revocar el acuerdo que admite a trámite dicha controversia.
En un comunicado, la Presidencia acusó a Laynez Potisek de «arrancar hojas de la Constitución», al admitir la controversia promovida por el Instituto Nacional Electoral (INE) y por haber suspendido las reformas aprobadas en enero pasado por el Congreso.
«El pueblo de México debe saber que no es común que, en viernes por la noche y sin notificar formalmente a las autoridades, la Corte anuncie públicamente una determinación tan relevante», se lee en el comunicado.
«Tampoco es normal que se admita a trámite una controversia constitucional en materia electoral porque la Constitución no lo permite y, menos aún, había ocurrido en la historia de nuestro país que un solo juez constitucional dejara sin efectos la totalidad de una ley electoral aprobada legítimamente por el Poder Legislativo y ordenara revivir las disposiciones derogadas, lo cual sólo puede determinarse, en su caso, mediante una sentencia definitiva aprobada por al menos ocho ministros», criticó el Ejecutivo.
De forma paralela, el presidente López Obrador aprovechó un evento público en la ciudad de Chetumal para descalificar la decisión del ministro Laynez, al afirmar que la Corte es parte de «una mafia en el poder» y que «su único Dios es el dinero».
El 25 de marzo, la Corte admitió a revisión la controversia constitucional y suspendió de manera indefinida la entrada en vigor de las reformas a Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y la emisión de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
De acuerdo con el Gobierno de López Obrador, la decisión de Laynez implica un «régimen de excepción que modifica los precedentes jurisprudenciales en la materia y anula por completo la presunción de validez constitucional que toda norma general posee, ya que la ley constituye la expresión de la voluntad popular a través de sus representantes electos democráticamente».
Según la Presidencia, la Constitución solo faculta a la Corte para conocer de las controversias donde se cuestione la regularidad constitucional de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral.
«Resulta preocupante que el ministro Laynez Potisek suspenda la aplicación de la totalidad del decreto controvertido cuando el INE no lo solicitó así, pues, incluso, no impugnó la totalidad de las normas modificadas, sino sólo aquellas que considera pueden afectar la operatividad del instituto», indicó.
Asimismo, rechazó que con la reforma electoral se pongan en riesgo derechos de la ciudadanía, así como la organización de elecciones, como alegan consejeros del INE y miembros de la oposición, ya que no existe ningún proceso electoral federal en curso.
«Resulta fundamental que los ministros que integran la SCJN actúen dentro de las atribuciones que le corresponden, sin traspasar los límites que le impone la Constitución y las leyes. De esta manera se garantiza el orden constitucional y democrático, además de proteger los derechos y libertades de todas las personas frente a la arbitrariedad de una autoridad judicial que actúa en contra de las leyes que rigen su actuación», afirmó la Presidencia.
La reforma electoral se ha convertido en uno de los temas más controversiales en México. Mientras el gobierno de López Obrador asegura que pretende ahorrar en el costo de los comicios, la oposición y algunos de los consejeros electorales aseguran que pone en riesgo la celebración de elecciones libres y transparentes al impactar en la estructura y operación del INE.
En noviembre y febrero pasados, miles de personas marcharon en la Ciudad de México y otras localidades del país en contra de la reforma electoral bajo la consigna de «El INE no se toca».
Con información de Sputnik
