El Día de la Constitución

El próximo 5 de febrero, el presidente de la República presentará una serie de reformas orientadas a eliminar los Órganos Constitucionales Autónomos (OCA´s) que, según su parecer y acorde a su reiterativo discurso, representan un fuerte gasto y ofrecen pocos resultados “al Pueblo”.
El próximo 5 de febrero, el presidente de la República presentará una serie de reformas orientadas a eliminar los Órganos Constitucionales Autónomos (OCA´s) que, según su parecer y acorde a su reiterativo discurso, representan un fuerte gasto y ofrecen pocos resultados “al Pueblo”. No es algo nuevo, no es algo coincidente, menos en veda electoral, a punto de iniciar la campaña y mientras por otra pista, la Corte discutirá la constitucionalidad de varias reformas aprobadas por el Congreso, sin que se cubrieran los requisitos del procedimiento legislativo y que muchos han llamado el “viernes negro”.
La intención se ha mantenido desde un inicio, dejar de lado contrapesos y diluir la presencia de entidades que vigilen, auditen o acoten el poder político y abran paso a un Estado robusto y que absorba todas las atribuciones posibles. Autores como Juan Carlos Monedero advierten de los riesgos de la gobernanza, esa condición en la que el propio Estado se “abre” a otros agentes pero que lejos de fortalecer la democracia, debilitan al Estado a favor de intereses políticos y en mayoría de los casos, económicos. Otros autores, que representan la mayoría, están a favor de ese sistema, en que, atendiendo a bases liberales, se puede acotar la tentación del Estado y quienes lo dirigen, de cubrirlo todo y aumentar las posibilidades de un poder que todo lo domine, un Estado absorbente, donde nadie más cabe, ni siquiera la sociedad civil.
Algunas voces a favor de la idea se hicieron notar, pero ninguna como la de Rosario Piedra, titular de la CNDH que, ajena a su herencia, pero congruente con su apellido ha rendido su papel ante los abusos del gobierno y convertido el órgano que dirige en un estorbo para un gobierno en que cada vez se resiente la presencia de las fuerzas armadas y una Guardia Nacional que, afortunadamente y en la ley, es civil.
Creo que la intención del gobierno federal va encaminado a otro lado, las reformas fueron planteadas anteriormente en una llamada “reforma administrativa” que no se presentó y de las que sólo se dieron a conocer trazos gordos en que la administración pública federal absorbería las funciones de los autónomos que, de nuevo, cuestan mucho dinero. Tal vez la intención del presidente se encuentra en dar a conocer, otra vez, que para este tipo de acciones es necesario reformar la Constitución y que el propio texto se protege a sí mismo al estipular que ninguna fuerza política debe tener una sobrerrepresentación (que desde hace mucho existe, de manera ilegal) ni mucho menos, una mayoría calificada. Esto es, las dos terceras partes de cada una de las dos cámaras que conforman el Legislativo a saber: 334 votos de 500 en la Cámara de Diputados y 85 de 128 en la de Senadores, en el supuesto de que se encuentren todos en la sesión. Es la gran traba para López Obrador y su gobierno para lograr acabar con la oposición más allá de los estados y municipios que gobierna y tener el control, zanjar el camino a la hegemonía. hace ya dos años anunció el famoso “Plan A” en que proponía reducir el número de legisladores y, lejos de la opinión de la mayoría, eliminar la mayoría relativa para implementar un sistema de listas cerradas y bloqueadas. No prosperó. Posteriormente, un llamado “Plan B” usó al INE como laboratorio y con una serie de reformas “administrativas” trató de reducir sus funciones. Tampoco prosperó. la Corte, ese otro gran espacio a dominar, echó por la borda y aseguró al menos, que este proceso electoral se realice con las mismas reglas y condiciones.
Entonces vino el “Plan C”, una estrategia que, creo estará en marcha a partir del Día de la Constitución para lograr mayorías, aunque sea de manera artificial y entonces sí, cambiar los preceptos constitucionales sin contratiempos. Pero todavía se esconde un pequeño candado, pero fuerte de romper, que solo puede ser roto con el regreso de una disposición legal de días ya lejanos y a veces olvidado, la cláusula de gobernabilidad, un verdadero premio a la mayoría que, en realidad, fue el detonante de todas las reformas electorales de gran calado desde la década de los sesentas del siglo pasado, y que puede ser revisada en otra ocasión.