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Jalisco, capital del rezago en impunidad
La Fiscalía más lenta del país acumula más de medio millón de carpetas sin resolver.
El Censo Nacional de Procuración de Justicia 2025 exhibe a Jalisco como el estado con mayor rezago en investigaciones: 504 mil 184 carpetas empolvadas, más del doble que el Estado de México. La impunidad, más que accidente, parece estrategia.
La noticia no es menor ni puede despacharse con un par de cifras: la Fiscalía de Jalisco carga con más de medio millón de carpetas de investigación rezagadas. Hablamos de un rezago que equivale al 21 por ciento de los casos sin resolver en todo el país, según el más reciente Censo Nacional de Procuración de Justicia 2025 del INEGI. A simple vista es un dato técnico, pero en el fondo es una radiografía de poder, impunidad y negligencia institucional.
El número exacto es brutal: 504 mil 184 carpetas pendientes de concluir al cierre de 2024. Para ponerlo en perspectiva, el segundo lugar en rezago lo ocupa el Estado de México, con 229 mil. Es decir, Jalisco dobla a su más cercano competidor en ineficiencia. Y lo más alarmante: de las carpetas abiertas el año pasado, apenas en 56 por ciento hubo una persona imputada. El resto se hundió en el pantano de la burocracia y la indiferencia.
Detrás de la estadística hay víctimas que no ven justicia, comunidades enteras que aprenden a convivir con la certeza de que los delitos quedarán impunes. La violencia se naturaliza porque el Estado —representado por su Fiscalía— manda un mensaje claro: denunciar sirve de poco o de nada.
La propia institución presume que en 2024 resolvió más casos que en 2023, aunque el “avance” es apenas un 4.27 por ciento de reducción del rezago. Dicho en otras palabras: la Fiscalía se ahoga en un océano de expedientes y apenas mueve un brazo para no hundirse, mientras el resto del cuerpo institucional permanece inmóvil.
El gobierno estatal podrá alegar falta de presupuesto, saturación de trabajo o la complejidad de la criminalidad. Pero no hay excusa que valga cuando la cifra de carpetas rezagadas supera a las de ocho entidades federativas juntas. El problema ya no es de capacidad, sino de voluntad política y de dirección.
Conviene preguntarse: ¿a quién beneficia esta parálisis? El rezago no es sólo resultado de la ineficiencia, también es un terreno fértil para la corrupción. Una carpeta que nunca avanza puede convertirse en moneda de cambio, en presión política, en protección para criminales de cuello blanco o de gatillo fácil. El rezago, así, no es accidente: es instrumento de poder.
Mientras tanto, el ciudadano común, la madre que perdió a su hijo, el trabajador defraudado o la mujer víctima de violencia cargan con la otra parte de la estadística: el dolor y la impotencia. Lo que para el INEGI es un número, para la sociedad jalisciense es la confirmación de que el acceso a la justicia es una promesa rota.
El costo político es invisible en lo inmediato porque la impunidad genera silencio, miedo y resignación. Pero cada carpeta rezagada es una deuda social que tarde o temprano se cobrará. Y la factura no será barata.
En Jalisco, las cifras oficiales no describen un rezago: describen un fracaso. La Fiscalía local no sólo lidera en casos pendientes, lidera también en el descrédito ciudadano hacia las instituciones. La pregunta no es si el gobierno sabe del problema —los números están ahí—, sino si tiene el interés real de resolverlo. Porque lo que está en juego no es la eficiencia administrativa, sino el pacto más elemental de cualquier Estado: que el delito tenga consecuencia y que la justicia no sea una estadística más.
Mientras tanto, la Fiscalía jalisciense carga con su título vergonzoso: la más rezagada del país. Y en el silencio de sus archivos muertos, la impunidad sigue escribiendo la historia de este estado.
En X @DEPACHECOS
