Jalisco 2026: el contribuyente como caja chica del Estado

En política fiscal no hay casualidades. Cuando un gobierno decide subir impuestos por encima de la inflación no está corrigiendo detalles técnicos: está mandando un mensaje. Y la iniciativa de Ley de Ingresos 2026 de Jalisco lo dice claro, aunque lo disfracen de equilibrio: primero se cobra, luego –si sobra– se gobierna.

La Secretaría de Hacienda Pública ya lo confirmó: vendrán aumentos en impuestos, licencias, derechos y cobros varios. No es ajuste fino. Son alzas “significativas”, admite el propio secretario Luis García Sotelo. Significativas para la caja del Estado, dolorosas para el bolsillo del contribuyente cautivo.

Tomemos el caso de las motocicletas, el nuevo villano oficial. La licencia tipo A2 sube de 507 a 600 pesos. La A3 costará mil. No es un redondeo administrativo: es un brinco deliberado. La coartada viene servida: reducir accidentes, ordenar el crecimiento del parque de motos, que ya supera el millón de unidades en el padrón estatal.

Bonito discurso. Pero si el objetivo fuera la seguridad vial, hablaríamos de operativos serios, educación, infraestructura y sanciones efectivas al que viola el reglamento, no al que paga la licencia. Lo que aquí se está regulando no es el tránsito, sino la recaudación. El Estado renuncia a poner orden en la calle y se conforma con poner precio a la circulación.

El refrendo vehicular sigue la misma lógica. Para autos, camionetas y camiones pasa de 900 a mil pesos. Más de 10 por ciento de aumento en un año en el que el ciudadano no ve crecer su ingreso al mismo ritmo. El Gobierno estatal espera recaudar 2 mil 805 millones de pesos por este concepto, más 285 millones por el refrendo de motocicletas. El padrón vehicular convertido en mina fiscal.

A la par, las licencias de conducir reciben su “ajuste”: la de automovilista sube de 882 a 913 pesos; la de chofer, de 995 a mil 30. Cada renovación es una pequeña capitación: se paga por seguir siendo visible en el sistema. Lo que no se promete –ni se garantiza– es un mejor servicio, una atención más ágil, una plataforma más segura. Se moderniza el cobro, no la contraprestación.

Donde el cinismo se asoma sin pudor es en las llamadas “aportaciones voluntarias”. La Cruz Roja pasa de 37 a 40 pesos; el Hogar Cabañas, de 31 a 60. Voluntarias… cobradas en ventanilla junto con otros derechos. El gobierno se cuelga del prestigio de instituciones sociales para hacer lo que no se atreve a asumir en el presupuesto: financiarlas de frente, con recursos etiquetados y transparentes. Caridad obligatoria con sello oficial.

En el terreno de los impuestos estatales, el guion no cambia, sólo el lenguaje. El Impuesto sobre la Enajenación de Boletos de Rifas y Sorteos se incrementa de 10 a 12 por ciento. El de Juegos con Apuestas sube del 8 al 10 por ciento. Y el Impuesto sobre Remuneraciones al Trabajo Personal no Subordinado llegará al 5 por ciento. En la exposición de motivos se dirá que son “actividades no prioritarias” y que ahora aportarán más. En la práctica, el Estado se va otra vez por donde es más fácil cobrar, no por donde es más justo.

Porque de lo que casi no se habla es de los grandes jugadores: los contratos mayores, las empresas favorecidas, los regímenes de excepción, las exenciones que sobreviven legislatura tras legislatura. Esos rubros rara vez sufren incrementos “por encima de la inflación”. Ahí se practica una delicadeza fiscal que no se tiene con el automovilista que paga el refrendo en enero o el motociclista que saca su licencia por necesidad, no por deporte.

Luis García Sotelo afirma que el propósito es avanzar hacia un sistema tributario “más justo y equilibrado”. La frase resiste bien una conferencia de prensa, pero la justicia fiscal no se mide en adjetivos. Se mide en preguntas incómodas:
¿Quién paga realmente el costo del Estado?
¿Quién recibe más beneficios del gasto público?
¿Quién conserva privilegios fiscales mientras se aprietan las tuercas del contribuyente común?

El ciudadano, mientras tanto, escucha el sermón de la responsabilidad. Le explican que es por su bien, por la seguridad vial, por la modernización, por la ayuda a la Cruz Roja, por los niños del Hogar Cabañas. Siempre es por algo noble. Nunca se admite que también es –y sobre todo– por la caja.

La política tributaria es, en el fondo, un retrato del poder. Y el cuadro que pinta la Ley de Ingresos 2026 muestra un gobierno hábil para convertir cada trámite en oportunidad de cobro, pero tímido para revisar sus propios excesos, su gasto superfluo, sus áreas intocables. Se castiga la moto del repartidor, pero no se discute el costo del próximo proyecto de relumbrón.

Falta ver qué hará el Congreso. Si se limitará a levantar la mano al paquete fiscal completo, como ha sido costumbre, o si alguien se atreverá a leer la letra pequeña y preguntar algo más que “cuánto se recauda”. Porque la verdadera pregunta es otra: ¿hasta cuándo va a financiarse el gobierno de Jalisco cargando, una vez más, sobre los mismos de siempre?

Cuando la recaudación se vuelve rutina y la revisión del gasto es tabú, el Estado deja de ser árbitro y se convierte en cobrador con fuero. Y ahí, lector, no estamos ante una política fiscal: estamos ante un oficio de recaudar que ya ni se molesta en disimular.

En X @DEPACHECOS