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Procuraduría Social duplica oficinas y acerca la justicia a más de 140 mil jaliscienses en su primer año
La Procuraduría Social del Estado de Jalisco presentó ante el Congreso local su informe de actividades del primer año de gobierno, en el que destacó la ampliación de su cobertura territorial y el fortalecimiento de los servicios de asesoría y defensa jurídica gratuitos para personas en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con los datos expuestos, la institución pasó de 42 a 84 oficinas municipales, lo que implica duplicar su presencia en el estado y acercar sus servicios a más jaliscienses que no pueden pagar un abogado particular. Esta estrategia territorial forma parte del proyecto de cercanía instruido por el gobernador Pablo Lemus Navarro y ha permitido atender a 143 mil 349 usuarias y usuarios en materias penal, familiar, civil, mercantil y laboral-burocrática.
En su comparecencia, el titular de la Procuraduría Social subrayó que en Jalisco persiste una brecha de acceso a la justicia vinculada a la pobreza y a las carencias sociales, por lo que el mandato de la institución es garantizar defensa gratuita y digna a quienes no pueden costear servicios privados. Datos de la glosa señalan que se han brindado 51 mil 138 asesorías legales y se patrocinan actualmente 6 mil 165 casos activos en distintas materias.
Uno de los ejes centrales del informe fue el Módulo Itinerante “Identidad y Justicia”, que en 75 días hábiles otorgó 45 mil 109 servicios gratuitos con una efectividad de solución en el sitio de 95 por ciento. Este modelo se integró después a las brigadas estatales “Yo Jalisco”, mediante las cuales se han recorrido 49 municipios, equivalentes al 39.2 por ciento del territorio estatal, acercando trámites de identidad, asesoría jurídica y otros servicios sociales.
En materia de representación social, la Procuraduría reportó 39 mil 523 intervenciones en asuntos familiares y 7 mil 83 en casos civiles y mercantiles, además de 16 mil 437 búsquedas testamentarias y 17 mil 850 vistas a expedientes en el Instituto de Justicia Alternativa, según el informe presentado.
Respecto de la Defensoría Penal, el organismo cuenta con una cartera activa de 5 mil 40 asuntos del sistema tradicional y 5 mil 254 del sistema acusatorio, además de 620 expedientes en segunda instancia tradicional, 685 en el nuevo sistema, 293 juicios de amparo, 21 mil 409 servicios de atención temprana y 5 mil 292 asuntos vinculados a los Centros de Justicia para las Mujeres.
La Procuraduría Social también mantiene un programa permanente de supervisión a asilos, casas hogar y registros civiles. En el último año se realizaron 98 visitas a instituciones de atención a personas adultas mayores, 90 inspecciones a oficialías del Registro Civil, 338 derivaciones a otras instancias y ocho visitas extraordinarias por posibles violaciones graves a derechos humanos. El padrón de asilos pasó de 233 a 283, tras detectar 50 nuevas instituciones de asistencia social.
Con una plantilla de 420 colaboradoras y colaboradores y un presupuesto de 199 millones de pesos en 2025, la Procuraduría tiene presencia en los 51 juzgados de partido, el Instituto de Justicia Alternativa, 22 juzgados orales penales, tres juzgados tradicionales, cuatro de ejecución y los nueve Centros de Justicia para las Mujeres.
Entre los retos pendientes, la institución planteó al Poder Legislativo la necesidad de homologar el salario de las y los defensores públicos con el de los agentes del Ministerio Público, dotar a la Procuraduría de facultades sancionadoras frente a irregularidades detectadas en organismos asistenciales y analizar su posible transformación en un organismo público descentralizado con mayor autonomía técnica y jurídica.
El informe concluye que, más allá de los números, cada asesoría y cada caso atendido representan a una persona o una familia que logra acceder a la justicia y obtener certeza jurídica con acompañamiento del Estado.
