Aprueba el Consejo del IPEJAL ‘explorar’ compra de un predio en el Centro Histórico, ¿Inversión o nuevo riesgo para las pensiones?

El Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) ha aprobado “explorar” la compra de un predio de más de 5 mil metros cuadrados en el corazón de Guadalajara. La operación, que podría costar hasta 170 millones de pesos, se presenta como una inversión “productiva” que impulsará la reactivación económica del Centro Histórico. Suena bien. Pero como suele ocurrir con IPEJAL, la pregunta es inevitable: ¿de verdad es un proyecto pensado en los trabajadores o en salvar el prestigio de los administradores del Instituto?

El comunicado oficial enfatiza que la compra se financiará con recursos provenientes de la venta de predios “no productivos” y de la cobranza de cartera vencida a municipios y coinversionistas. También asegura que no se afectarán pensiones, medicinas ni servicios médicos. El lenguaje es el de siempre: el de la tranquilidad prefabricada. Pero no es la primera vez que IPEJAL promete “no poner en riesgo” los recursos de los trabajadores y termina comprometiendo su patrimonio en operaciones cuestionables.

La historia reciente está llena de ejemplos: Villas Panamericanas, Chalacatepec, la inversión en la fallida empresa Abengoa… ¿Cuántas veces hemos escuchado que cada movimiento era sólido, con dictámenes técnicos, jurídicos y financieros? ¿Cuántas veces se garantizó que no habría afectaciones? Y cuántas veces, después, se descubrió que los estudios eran complacientes, que los proyectos eran más políticos que financieros y que las pérdidas las terminaban cargando los mismos de siempre: los pensionados.

El Consejo Directivo dice que antes de concretar la compra del predio se realizarán dictámenes que avalen la conveniencia de la inversión. La condición parece lógica, pero en el IPEJAL ese tipo de candados rara vez ha detenido las malas decisiones. El problema no es la falta de dictámenes, sino la captura política del Instituto. Mientras quienes integran el Consejo sigan representando cuotas partidistas, gremiales y gubernamentales más que los intereses reales de los trabajadores, el riesgo de que la decisión responda a objetivos ajenos al Instituto es altísimo.

El proyecto también habla de concentrar oficinas administrativas del Gobierno del Estado en ese inmueble, además de “conservar el patrimonio del municipio” y “reactivar el Centro Histórico”. De nuevo, suena bien. Pero hay un matiz clave: ¿por qué el IPEJAL debe cargar con un plan que parece más un proyecto inmobiliario para la burocracia estatal que una estrategia de inversión de alto rendimiento? Si el objetivo es reactivar el Centro Histórico, ¿no debería ser el Gobierno quien asuma el costo, y no el fondo de pensiones de los trabajadores?

En medio de este anuncio, los pensionados y derechohabientes de IPEJAL viven otra realidad: quejas constantes por retrasos en cirugías, desabasto de medicamentos y un creciente temor a que su dinero termine siendo la caja chica de proyectos gubernamentales disfrazados de “oportunidades de inversión”. Los mismos funcionarios que hoy aseguran que “no se tocarán las pensiones” fueron los que hace unos años justificaban apuestas financieras ruinosas con el mismo discurso.

La compra del predio no es en sí misma un error. Adquirir activos que puedan generar valor y estabilidad patrimonial es una práctica común y necesaria en cualquier fondo de pensiones. Pero la opacidad histórica del IPEJAL, sumada a su dependencia política, convierte cualquier anuncio de este tipo en un motivo de sospecha. Los trabajadores de Jalisco ya pagaron muy caro los experimentos inmobiliarios disfrazados de inversiones. La confianza no se recupera con boletines de prensa ni con promesas de “dictámenes favorables”.

Si el Instituto de verdad quiere demostrar que actúa con responsabilidad, debe hacer públicos todos los estudios, las proyecciones de rentabilidad y los términos exactos de la compra antes de comprometer un solo peso. Debe, además, abrir el proceso a la vigilancia ciudadana y sindical real, no a los simulacros de participación que solo sirven para legitimar decisiones tomadas en lo oscurito.

Mientras eso no ocurra, cada “nueva inversión” de IPEJAL seguirá oliendo más a maniobra política que a estrategia financiera. Y cada peso que se arriesgue, por más que lo nieguen los funcionarios, será un peso que puede terminar faltando en la bolsa de quienes cotizaron durante décadas para una vejez digna.

El predio en el Centro Histórico puede convertirse en un activo valioso. O puede ser el siguiente capítulo de una larga lista de tropiezos. Dependerá de si el Instituto está dispuesto a cambiar de raíz su manera de tomar decisiones. Pero si el pasado sirve de algo, lo que vemos hoy es solo la repetición de una historia conocida: la de un IPEJAL que juega con fuego mientras promete que esta vez todo será diferente.