El ayuntamiento de Guadalajara, que encabeza Pablo Lemus, para encubrir las anomalías en la licitación de la renta a sobreprecio de patrullas, habría empleado documentos falsos del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), y usó a la fiscalía para amedrentar a un notificador del mismo tribunal, según acuerdo del expediente 4524/2021.
Tras las irregularidades detectadas, el 14 de diciembre pasado, una empresa participante en la licitación presentó una demanda de juicio de nulidad -expediente 4524/2021- ante el TJA.
Al siguiente día, el presidente de la Cuarta Sala del TJA, Armando Estrada le otorga la suspensión, y el 16 de diciembre se le notifica al ayuntamiento.
A pesar de existir una suspensión, cinco días después, el municipio adjudicó un contrato por 762 millones 261 mil pesos a Integradora de apoyo Municipal S. A. de C.V. para arrendar durante tres años un total de 763 vehículos, incluidas las 290 patrullas.
Arrendamiento a sobreprecio de patrullas
De acuerdo con la fracción de Morena en Guadalajara, el sobreprecio ascendería a poco más de 332 millones de pesos, y además, mencionaron que otra empresa que participó en la licitación ofrecía un precio 40 por ciento menor al estudio de mercado.
Pablo Lemus argumentó que el presidente la Sala Superior, José Ramón Jiménez Gutiérrez negó la suspensión a la compañía inconforme.
La empresa también solicitó un amparo -2524/2021-, que se radicó en la Juzgado Decimonoveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en Jalisco, el cual le otorgó el 3 de enero una suspensión provisional.
El Juzgado de Distrito pidió a la Cuarta Sala del TJA y la Sala Superior del mismo tribunal rendir un informe.
El 21 de enero, Jiménez Gutiérrez le informó que resolvió el 15 de diciembre anular la suspensión tras tener a la vista el expediente.
Sin embargo, esto sería falso puesto que la demanda de origen se encontraba en la Cuarta Sala y nunca ejerció la facultad de atracción, asevera Armando Estrada en su informe, así como en declaraciones a medios.
Magistrado Armando García Estrada
Jiménez Gutiérrez habría exigido a la Cuarta Sala el expediente original 4524/2021, así como los sellos y el reloj, afirman empleados del TJA.
Al no obtenerlos, comenzó el hostigamiento al notificador de la Cuarta Sala del TJA, Rubén Bravo quien acudió al ayuntamiento a entregar el oficio de la suspensión del proceso de licitación.
Para entregar al notificador el citatorio, acudieron a las instalaciones del TJA, cinco elementos de la Fiscalía Investigadora armados y a bordo de varias camionetas, cuando el ministerio público de la agencia 7, debió citarlo por oficio, correo certificado o telegrama.
Se desconoce en calidad de qué fue citado el notificador dentro de la carpeta de investigación 96112/2021.
Hasta el momento, el ayuntamiento desacató las suspensiones provisionales del juicio de nulidad y la del juzgado federal.
Un dato más, es que la autoridad federal decidió que el expediente 4524/2021 no debe ser atraído por la Sala Superior del TJA hasta que resuelva la suspensión definitiva.
Por otro lado, el Juzgado Segundo en Materia Civil, admitió la demanda que presentó el regidor de Morena Carlos Lomelí contra Pablo Lemus por daño moral.
Por Gloria Reza
Con la información de www.gloriareza.com
