Jalisco: las cifras que se celebran y las que se ocultan

La estadística es un espejo tramposo. El gobierno de Jalisco presume, con entusiasmo de oficina de prensa, que las desapariciones bajaron un 15.5% en lo que va del 2025. En el boletín reluce la cifra: 857 denuncias, “la cantidad más baja desde 2019”. Lo que no dicen es que la reducción apenas significa una migaja frente al abismo: Jalisco sigue encabezando, por cuarto año consecutivo, la lista negra nacional de personas desaparecidas.

La contradicción es brutal: menos denuncias, sí, pero más que nadie. El Estado presume como logro lo que en realidad es un fracaso político, institucional y de justicia.

Desde Palacio de Gobierno se intenta vender la idea de que la curva desciende, que el problema está “conteniéndose”. La realidad es otra: 15 mil 319 personas continúan desaparecidas en Jalisco, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La cifra es tan monumental que convierte en irrelevante cualquier “baja porcentual” coyuntural.

El discurso oficial se esconde detrás de comparativos aritméticos, como si una disminución del 15% lavara el hecho de que Jalisco concentra más ausencias que Puebla, Sonora, Guanajuato y Baja California juntas.

El gobierno se ufana de localizar a mil 96 personas en los primeros ocho meses del año, es decir, apenas 59% de las reportadas. ¿Y el resto? Setecientas sesenta y una familias que siguen peregrinando entre fiscalías, colectivos y cementerios, con la esperanza de hallar un rastro.

Las instituciones hablan de “acciones de búsqueda” mientras las madres buscan con palas en lotes baldíos. Se habla de “coordinación interinstitucional” mientras se reparten culpas entre el Estado y la Federación. Es la misma fórmula de siempre: burocracia para encubrir la inacción.

El Registro Nacional coloca al Estado de México en segundo lugar, con 4,250 desapariciones acumuladas en 2025. Nuevo León, con 2,011; Ciudad de México, con 2,005. Y Jalisco, por encima de todos, con 15,319. La distancia no es casualidad: es resultado de una década de abandono institucional, penetración criminal y complicidad política.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) lo advirtió: sin un Programa Estatal de Búsqueda aprobado y financiado seriamente, lo que se acumularán no serán avances, sino fosas.

Mientras tanto, la propaganda gubernamental insiste en contar historias de éxito con tono de parte informativo: “más de la mitad fueron localizadas”, “es la cifra más baja desde 2019”. El truco consiste en olvidar lo demás: las miles que siguen sin volver.

En Jalisco, la estadística se volvió anestesia: se presume la baja de 15% como si fueran medallas olímpicas. Pero en cada punto porcentual hay madres que cavan, padres que lloran, hijos que no regresan.

Jalisco no puede celebrar la “reducción” de un crimen que sigue siendo su marca registrada. Porque detrás de los gráficos y porcentajes hay un cementerio invisible que se agranda cada día. Y porque, como decía un viejo periodista incómodo, la verdad nunca está en los números oficiales, sino en lo que esos números callan.

En X @DEPACHECOS