La mordida ya tiene CLABE

Por más que se repita el mantra de la “renovación de las corporaciones”, las cifras son tercas: en Jalisco, la policía vial es la campeona absoluta de las denuncias por corrupción. No lo dice un opositor ni un activista incómodo: lo reconoce la propia Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

En ocho años, la corporación acumula 231 expedientes abiertos y 270 elementos presuntamente involucrados. Tradúzcase del lenguaje frío de los informes: casi un expediente por cada día hábil del año, todos con el mismo protagonista de chaleco fosforescente y libreta en mano, aguardando en la esquina donde el ciudadano está más indefenso: el crucero, el retén, la patrulla que aparece cuando el semáforo duda entre amarillo y rojo.

El fiscal Gerardo de la Cruz Tovar, hombre de estadísticas, resume la historia con una frase que debería figurar en todos los manuales de sociología de la corrupción: los agentes viales “han evolucionado en la forma en que se comparte el dinero”. Antes era el billete doblado en la licencia; ahora son transferencias bancarias. Las autoridades presumen incluso que ya hay investigaciones donde se acredita al propio elemento dictando al ciudadano, paso a paso, cómo hacer el traspaso para pagar la mordida sin necesidad de tarjeta.
La mordida, pues, ya tiene CLABE interbancaria.

No estamos ante una anécdota pintoresca, sino frente a la actualización tecnológica de un viejo delito. El tránsito vial se ha convertido en la ventanilla más eficiente para privatizar el espacio público: se compra “tolerancia”, se negocia la infracción, se subasta la impunidad a bordo de una patrulla. Cada coche detenido es una oportunidad de negocio; cada conductor, un cliente forzado.

De la Cruz Tovar presume resultados: cuando llegó a la Fiscalía, había más de 700 carpetas heredadas de otras dependencias. Hoy suman mil 456 investigaciones abiertas; de ellas, 500 se han judicializado y 415 servidores públicos han sido vinculados a proceso: jueces, magistrados, regidores, presidentes municipales, policías, personal administrativo. También han caído ocho personas jurídicas, empresas que se beneficiaron –dice el fiscal– de actos de corrupción y terminaron inhabilitadas.

En lo que va de 2025, hasta el 3 de diciembre, se han abierto mil 205 carpetas de investigación. Un incremento de alrededor del 23 por ciento respecto al promedio de años anteriores. Para la Fiscalía, esto prueba que la sociedad conoce más la institución y confía en denunciar. Es una lectura posible. Otra, menos complaciente, es que el negocio de la corrupción goza de cabal salud y sólo ahora empieza a dejar rastro documental.

Tomemos el llamado “Caso Izaguirre”: un expediente por irregularidades en el rancho del mismo nombre, ya judicializado y en espera de audiencia inicial. Ahí se pretende imputar a 12 personas, entre peritos, policías y agentes del Ministerio Público. Es el retrato de familia de un sistema que no podría funcionar sin la complicidad horizontal entre quienes diseñan los dictámenes, los que investigan y los que deberían acusar. Y el fiscal advierte que, como ese, hay otros 160 casos más en investigación, aguardando turno en la fila de la justicia.

La corrupción vial es la puerta de entrada a ese entramado. El ciudadano no suele tener trato directo con magistrados o presidentes municipales, pero sí con el agente que se asoma a la ventanilla y, con un gesto aprendido, deja caer la frase que todo automovilista reconoce: “¿Cómo nos arreglamos?”. Ahí empieza la pedagogía de la ilegalidad cotidiana: el niño que observa desde el asiento trasero aprende que la ley se negocia en efectivo… o por transferencia.

Durante años, el discurso oficial se ha empeñado en reducir el problema a “manzanas podridas”. Las cifras de la propia Fiscalía lo desmienten: 270 elementos viales bajo sospecha no son una desviación estadística, sino un método. Cuando en una corporación se normaliza el cobro de mordidas, no estamos ante creatividad individual sino ante una estructura que tolera, protege y, en muchos casos, exige cuotas.

Porque la mordida no se queda en el bolsillo del agente. Sube. Alimenta mandos, financia campañas, engrasa la maquinaria política que mantiene a ciertos personajes en sus sillas. La mordida es, también, una forma de recaudación paralela, un impuesto clandestino que no pasa por el Congreso ni por la Auditoría, pero sí por la jerarquía policiaca.

Los datos de la Fiscalía muestran otro ángulo inquietante: 415 servidores públicos ya han probado las consecuencias penales de sus actos. La cifra puede leerse como avance en la lucha contra la impunidad. Pero también plantea una pregunta incómoda: ¿cuántos hicieron carrera, ascendieron, repartieron favores y tomaron decisiones antes de que alguien se atreviera a denunciarlos? Y, sobre todo, ¿cuántos más permanecen intocados porque aún gozan de protección política?

De la Cruz Tovar afirma sentirse orgulloso del personal que ha formado en la institución, libre –asegura– de imposiciones políticas. Celebra dejar “bases sólidas” para que la Fiscalía Anticorrupción continúe su labor con enfoque ético. Nadie puede reprochar el ánimo. Pero el problema no está sólo en los pasillos de la Fiscalía, sino en la calle donde la patrulla espera al conductor distraído para recordarle que la ley tiene tarifa.

Mientras la mordida se cobre en efectivo, en especie o vía transferencia bancaria, la “evolución” de la que habla el fiscal será apenas una modernización del delito. La verdadera transformación ocurrirá el día en que un automovilista sepa que negarse a pagar no significa ponerse en manos de un aparato igual o más corrupto, sino de una autoridad dispuesta a protegerlo.

Ese día, cuando la luz roja no sea pretexto para el soborno sino señal de que la norma se aplica a todos, podremos hablar de una policía vial que dejó de ser la más denunciada por corrupción. Mientras tanto, los números seguirán creciendo, las carpetas de investigación se acumularán en los archiveros, y la mordida –moderna, digital, con comprobante bancario– seguirá siendo el peaje cotidiano para circular por las calles de Jalisco.

En X @DEPACHECOS