En un tenso contexto de señalamientos y acusaciones públicas, el profesor Nauhcatzin Tonatiuh Bravo Aguilar respondió a las acusaciones de violencia vicaria realizadas por su exesposa, Irma Leticia Leal Moya, actual rectora del Centro Universitario de Tlajomulco (CUTlajomulco) de la Universidad de Guadalajara (UdeG). Durante una rueda de prensa, Bravo Aguilar denunció lo que describió como una campaña de «linchamiento social» orquestada en su contra, en la que, según él, participan autoridades de la UdeG, grupos feministas, asociaciones y aliados políticos de Leal Moya.
Bravo Aguilar cuestionó el rol de la Universidad de Guadalajara en este proceso, afirmando que la institución no debe asumir funciones de ministerio público ni actuar como juez y parte en disputas de índole familiar y legal. «Es grave que esta Casa de Estudios se pretenda constituir en ministerio público, juez y parte, queriendo construir sin fundamento una verdad jurídica», señaló el académico. Además, destacó la importancia de respetar principios legales básicos como la presunción de inocencia y la imparcialidad.
En su declaración, Bravo Aguilar ofreció un contexto legal complejo y delicado, en el que afirma que su exesposa enfrenta una denuncia por abuso sexual en agravio de su hijo, actualmente de 15 años. Según el catedrático, Leal Moya, exconsejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco, habría utilizado su influencia para ocultar dichos señalamientos y manipular el sistema de justicia a su favor. En este sentido, Bravo Aguilar acusó a la UdeG de actuar como una plataforma de apoyo para Leal Moya, situación que, según él, afecta directamente su desempeño profesional y su reputación.
El docente también criticó la intervención de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), la cual ha emitido señalamientos que, en su opinión, buscan impedir que siga impartiendo clases en la UdeG. En relación con esto, Bravo Aguilar instó a la universidad a «asumir su papel específico y cumplir con su gran misión en el Occidente del país», recordando que la institución debe ser un ejemplo de legalidad y respeto al Estado de Derecho.
Además, Nauhcatzin Bravo destacó el doloroso proceso que su hijo, identificado como Máximo, ha atravesado en los últimos años, incluyendo incidentes en los que el menor manifestó no querer convivir con su madre debido a presuntas agresiones. El profesor denunció que, cuando el niño tenía seis años, su madre le informó falsamente que su padre había muerto, lo que le generó un profundo estado de depresión. Bravo también mencionó que en 2020, Máximo expresó pensamientos suicidas, presuntamente derivados de su negativa a volver a convivir con su madre. A raíz de estas denuncias, se le otorgó la custodia del menor a Bravo Aguilar, después de un amparo concedido en 2020.
Este año, Bravo Aguilar presentó pruebas de los abusos sexuales cometidos contra el menor, apoyándose en un dictamen psicológico realizado por el Dr. Humberto Madera Carrillo, quien concluyó que existe evidencia de violencia sexual en contra del niño. En consecuencia, el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco otorgó una suspensión para que el adolescente continuara bajo la custodia de su padre.
Bravo Aguilar expresó temor por la posibilidad de que, debido a la influencia de Leal Moya, quien actualmente ostenta un alto cargo universitario, el proceso judicial podría ser manipulado en su contra. «El hecho de que sea del género masculino no me hace culpable; lo único que busco es proteger a mi hijo del abuso sexual», afirmó el profesor, quien llamó a la sociedad a apoyar su causa.
En un giro inesperado durante la rueda de prensa, un hombre que se identificó como abogado de Leal Moya intentó interrumpir el evento, acompañado de una persona armada. Ante los medios, Máximo habló con valentía, asegurando: «No quiero estar con mi mamá, me da miedo».
El abogado Oscar Márquez Aceves, representante de Bravo Aguilar, informó que hasta el momento se han interpuesto al menos 60 amparos para proteger los derechos de Máximo, en un intento por garantizar su seguridad e integridad en este proceso judicial.
