Procuraduría Social y Registro Civil firman convenio para garantizar justicia e identidad a población vulnerable

En un paso significativo hacia una administración pública más cercana y equitativa, la Procuraduría Social del Estado de Jalisco y la Dirección del Registro Civil formalizaron este 1 de julio un acuerdo de colaboración que tiene como objetivo brindar acceso gratuito, eficiente y territorial a servicios jurídicos y de identidad para las y los jaliscienses, especialmente para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

El convenio fue suscrito por el procurador social, Héctor Pizano Ramos, y el director del Registro Civil, Luis Fernando Morales Villarreal, con la participación destacada del subprocurador de Servicios Jurídicos Asistenciales, Osbaldo Carreón Pérez, considerado pieza clave en la operación de esta estrategia. El acuerdo también cuenta con el respaldo del secretario general de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, impulsor de esta coordinación interinstitucional.

La estrategia ya opera en territorio a través del Módulo Itinerante “Identidad y Justicia”, una unidad móvil que visita comunidades del interior del estado para ofrecer servicios integrales que combinan justicia y registro civil en un solo espacio. Esta medida responde a la instrucción del gobernador Pablo Lemus Navarro de sacar los servicios del gobierno a las calles y comunidades, en lugar de esperar a que la ciudadanía acuda a las oficinas.

Como parte del acuerdo, la Procuraduría Social brindará acompañamiento legal gratuito a las personas canalizadas por el Registro Civil en materias familiar, civil y mercantil, además de facilitar procesos de mediación y conciliación. De manera recíproca, la Dirección del Registro Civil atenderá a quienes sean derivados por la Procuraduría, facilitando la expedición gratuita de actas, aclaraciones administrativas, correcciones de captura, depuración y homologación de CURP, registros extemporáneos de nacimiento, entre otros trámites fundamentales para garantizar el estado civil de las personas.

Este convenio, más allá de un acto protocolario, representa una red articulada de atención que busca garantizar el acceso pleno a derechos fundamentales como la identidad jurídica y el acceso a la justicia, no como privilegios, sino como garantías respaldadas por el Estado.

Ambas instituciones reafirmaron su compromiso con una administración pública eficiente, sensible y centrada en las personas, fortaleciendo así la confianza ciudadana en las instituciones y abriendo la puerta a una justicia más humana y cercana.