Tarifas de agua y baños de pureza

Hay decisiones que no se entienden por su lógica técnica, sino por su oportunidad política. La aprobación del brutal aumento en las tarifas del Siapa para 2026, como se dio a conocer ayer en las páginas de NTR, pertenece sin duda a esa categoría. Más que un ajuste necesario, es una confesión indecorosa del estado de cosas en Jalisco: un gobierno que simula indignarse por decisiones que brotan desde su propia entraña partidista, y un aparato burocrático que se esconde detrás de tecnicismos mientras asesta golpes secos a los bolsillos de quienes menos tienen.

En efecto, la Comisión Tarifaria del Sistema Intermunicipal de Agua Potable —ese engendro administrativo que sirve más para repartir culpas que para administrar eficientemente un servicio vital— ha aprobado un tarifazo que haría sonrojar a cualquier entidad decente. El precio del metro cúbico de agua pasará de 19.91 a 28.74 pesos. La cuota de administración se disparará más del 44%. Y, para los usuarios de menor consumo, los aumentos alcanzan un despropósito superior al 200%. ¿Qué lógica puede justificar esto en un país —y un estado— donde millones apenas sobreviven entre el salario mínimo y el desempleo?

Las cifras son claras: en 2024, el Siapa reporta costos por 7,157 millones de pesos. Para 2026, prevé 7,622 millones. Es decir, un aumento presupuestal de apenas 6.5%. Pero las tarifas aumentan 44%, 100% o más. La matemática, como el poder, no miente… pero oculta.

La respuesta del gobernador Pablo Lemus llegó no por los cauces institucionales, sino por redes sociales, ese confesionario moderno donde los políticos intentan redimirse sin pagar penitencia. Exigió “dejar sin efecto” el acuerdo de la Comisión Tarifaria y pidió que se analizara de nuevo “con sensibilidad social”. Uno esperaría que el jefe del Ejecutivo estuviera enterado de las decisiones que se toman bajo su firma. Y, sin embargo, actúa como si el aumento le sorprendiera tanto como al resto de los ciudadanos.

Fue la diputada Itzul Barrera quien dijo lo que todos pensaban, pero pocos se atreven a señalar con claridad respecto a la actuación del gobernador: ¿cómo puede el gobernador fingir sorpresa cuando este mismo año su bancada en el Congreso aprobó el aumento del 9.65% en las tarifas de agua para 2025? Ese fue el primer paso, la antesala, el ensayo general de lo que ahora se presenta como un escándalo ajeno. ¿Acaso esa alza también fue fuera de toda proporción? ¿O esa sí estaba “en agenda”?

El señalamiento de Barrera, lejos del cálculo político, exhibe una realidad cruda: o Pablo Lemus no tiene control sobre la Comisión Tarifaria —lo cual sería preocupante— o está jugando el juego más viejo de la política mexicana: ser el problema y luego presentarse como la solución. Como bien dijo la diputada: con una mano aprueban el aumento y contaminan el agua; con la otra, se asoman a redes sociales para acariciar al pueblo con discursos hipócritas. Lemus no respondió a los intereses ciudadanos, respondió al enojo de la gente que ya está gritando más fuerte que él.

Entonces, ¿qué ocurre en Jalisco? O el gobernador gobierna de oídas, o permite que decisiones de tal gravedad se tomen a sus espaldas. Ambas posibilidades deberían causar alarma. Y, sin embargo, se prefiere el camino del espectáculo: montar una indignación de ocasión y esperar que el electorado —ya tan golpeado— acepte otra vez la farsa de la disonancia política: con una mano se firma el golpe, con la otra se acaricia a la víctima.

Pero esta vez, el intento de manipulación es demasiado burdo. Nadie con un mínimo de inteligencia política puede suponer que el alza fue aprobada sin conocimiento del Ejecutivo. Mucho menos cuando los propios datos del Siapa han sido preparados, discutidos y avalados por actores cercanos al poder estatal. Lo que hoy se denuncia públicamente ya estaba calculado y decidido desde hace semanas, si no es que meses. Lo que ayer se fingió rechazar, ya se había pactado.

Lo grave de este episodio no es solo el golpe económico, sino la estructura de simulación institucional que lo sostiene. ¿Quién votó el aumento? ¿Quién estaba en la sesión? ¿Por qué no se detuvo en su momento? ¿Por qué los representantes ciudadanos fueron ignorados? Si la Comisión Tarifaria actúa al margen del Ejecutivo, ¿para qué defenderla como órgano legítimo, como hizo el propio gobernador hace unos meses?

El Siapa se ha convertido en un organismo que opera como caja negra: decide, cobra, calla. Y en cada aumento, la ciudadanía se entera por la prensa, nunca por sus “representantes”. Es la vieja fórmula de la tecnocracia autoritaria: decisiones sin rostro, aprobaciones sin debate y gobiernos que luego simulan escándalo cuando el daño ya está hecho.

Y aquí, lector, conviene recordar que la historia política de México está plagada de estos ejercicios de prestidigitación: gobernantes que crean el problema y luego se presentan como la solución -También lo señaló Itzul barrera-. Es la fórmula más antigua del poder. Pero también una de las más peligrosas, porque al romper los vínculos de confianza, el gobierno no sólo se aísla, se degrada.

Este episodio del agua es mucho más que un problema tarifario. Es una metáfora nítida del sistema político jalisciense: un grupo que decide a puerta cerrada, una población que paga las consecuencias y un líder que simula que no lo invitaron a la reunión.

Y en medio, como siempre, el ciudadano. Perplejo, cansado, y ahora, también sediento.