Crónica del diputado fantasma y la coartada constitucional

La convocatoria prometía un nombre propio: Leonardo Almaguer. En política, los nombres son mercancía y escudo; se anuncian para atraer reflectores y se esconden cuando el reflector quema. Aquella rueda de prensa nació con la parafernalia de siempre: cámaras encendidas, reporteros acomodándose como si fueran piezas de ajedrez, micrófonos alineados a la bocina, el rito de la “postura oficial” que pretende domar a la realidad. Pero el diputado nunca llegó.

Y cuando el protagonista falta, en la política mexicana no se suspende la función: se cambia el guion. En lugar del legislador, apareció el dirigente del Partido del Trabajo en Jalisco, José Luis Sánchez González, con una explicación que sonó menos a razón y más a consigna: no vino para evitar un “linchamiento mediático promovido por Movimiento Ciudadano”. Así, de golpe, el ausente quedó investido de víctima; el cuestionamiento periodístico, convertido en persecución; y la rendición de cuentas, rebautizada como “juicio anticipado”.

La pieza central del montaje no fue el diputado, sino el argumento: “comparecerá ante el pleno del Congreso en la próxima sesión”, dijo Sánchez, como si el recinto legislativo fuera un santuario que purifica antecedentes y blinda preguntas. Curiosa idea de institucionalidad: no se responde donde se cita, sino donde conviene; no se aclara donde se cuestiona, sino donde se controla el reloj, la tribuna y el aplauso. El Congreso, presentado como arena de “debate”, suele ser —para quien conoce el oficio— el mejor escenario para hablar sin que nadie repregunte.

Desde los primeros minutos, el tono fue una advertencia. Sánchez fijó postura antes de aceptar preguntas, como quien coloca vallas antes de abrir la puerta. Cuando llegaron los cuestionamientos, varias respuestas caminaron por la ruta habitual de la política: rodear la piedra para no tocarla. En distintos momentos pidió “orden” y reclamó el “tono” de la prensa, fórmula útil para lo mismo de siempre: descalificar la pregunta para no contestarla.

Y entonces vino la liturgia jurídica, esa que se usa como incienso cuando falta la verdad. Sánchez aseguró que la candidatura del diputado por el distrito 13 —Guadalajara y Tlaquepaque— se apegó al artículo 21, fracción II, de la Constitución y al artículo 8 del Código Electoral de Jalisco. Se leyó la norma como si fuera un conjuro: citar la ley para que la realidad se comporte.

El dirigente enumeró supuestos: no tener sentencia condenatoria firme por violencia política de género; no estar vinculado a delitos como abuso sexual infantil, violación, feminicidio o violencia familiar; no ser deudor alimentario moroso. Y remató con un giro tan revelador como imprudente: “a quien deberíamos imputar es a Pablo Lemus”, insinuando que el procesado debería ser el gobernador por señalamientos relacionados con violencia política. Ahí se vio la mano política: si no se puede limpiar la mancha, se intenta embarrar a otro. Viejo recurso: convertir la defensa en ataque, y el problema propio en expediente ajeno.

Pero el quid no estaba en el recitado. El punto era otro: ¿por qué un diputado citado por su propio partido no da la cara? En política, la ausencia no es accidente: es mensaje. Y el mensaje fue este: el diputado no comparece ante la prensa porque la prensa no se domestica con palmaditas; se enfrenta con preguntas.

La tensión subió cuando simpatizantes del PT increparon a reporteros. Esa escena —más frecuente de lo que se admite— es la traducción física de una idea peligrosa: que el periodismo es enemigo y la crítica una agresión. El recinto se volvió incómodo, hubo pausas, se multiplicaron los llamados al orden. La misma palabra —orden— suele aparecer cuando la respuesta se está quedando sin suelo.

A partir de ahí, la rueda de prensa dejó de ser sobre Almaguer y se convirtió en una tribuna contra el gobierno estatal y Movimiento Ciudadano. Sánchez dijo que el señalamiento busca desviar la atención del aumento a las tarifas del transporte y otras decisiones del Ejecutivo. El truco es conocido: cuando el tema quema, se cambia el foco. Si la pregunta es sobre antecedentes, se contesta con tarifas; si se pregunta por una ausencia, se habla de fosas; si se exige explicación de un caso, se convoca a un mitin. La política contemporánea ya no discute hechos: administra emociones.

Sánchez reconoció “hechos del pasado” ocurridos hace más de dos décadas y sostuvo que la sentencia fue cumplida y que, jurídicamente, los antecedentes pueden desaparecer una vez saldada la pena. La defensa apeló entonces a la reinserción, a la idea —válida en términos humanos— de que nadie debería ser condenado de por vida por un episodio ya juzgado. Pero el problema no era la reinserción: era la opacidad. Porque reinserción no es lo mismo que silencio, ni el derecho a rehacer la vida equivale al derecho a ocupar un cargo público sin explicaciones cuando el asunto se vuelve de interés público.

La reinserción se construye con verdad, no con retórica. Y la verdad, en este caso, no apareció porque el único que podía ponerle voz fue el gran ausente. Se habló de legalidad, pero no hubo claridad; se habló de instituciones, pero faltó el primer acto institucional: presentarse y responder.

Para completar el cuadro, el IEPC Jalisco informó —por comunicado— que la candidatura de Leonardo Almaguer Castañeda se realizó conforme a requisitos y procedimientos de la Constitución de Jalisco, el Código Electoral y los lineamientos aprobados por el Consejo General. La autoridad electoral, en el fondo, dijo lo que suele decir: se cumplieron los papeles. Y quizá sea cierto: el sistema revisa requisitos formales, no biografías completas; valida documentos, no reputaciones; verifica casillas, no trayectorias morales. En México, muchas veces la legalidad es la coartada perfecta: basta con “cumplir” para reclamar legitimidad, aunque el piso ético esté agrietado.

La rueda de prensa terminó —como empezó— sin el diputado. Pero además terminó sin respuestas de fondo, desplazando el cierre hacia la agenda partidista: revocación de mandato del gobernador, recolección de firmas, y una manifestación el 14 de febrero. Es decir: el caso concreto quedó enterrado bajo una campaña. El protagonista ausente se convirtió en pretexto para una batalla política más amplia.

Lo ocurrido revela algo más que un episodio de comunicación fallida. Enseña el reflejo de una clase política que confunde la ley con la verdad y la estrategia con la responsabilidad. Que usa el texto constitucional como escudo, pero se incomoda cuando la pregunta raspa. Que proclama institucionalidad, pero le tiene miedo al escrutinio inmediato de la prensa. Y que, en lugar de aclarar, acusa. En lugar de responder, convoca. En lugar de estar, desaparece.

En el fondo, el problema no es si un antecedente de hace veinte años debe pesar o no en la vida pública —debate que merece ser serio, no manipulado—. El problema es la forma en que se administra el poder: con ausencias calculadas, con discursos que cambian de tema, con simpatizantes usados como muro, con dirigentes que hablan por quien debería hablar. Un diputado fantasma sostenido por una coartada constitucional.

Y como suele ocurrir, la política quiso cerrar la cortina con una consigna. Pero la pregunta —esa que no se responde— se queda viva, dando vueltas en el aire: si no había nada que ocultar, ¿por qué no apareció?

En X @DEPACHECOS